Uruguay - El BPS inspeccionará las obras en el Casino Parque Hotel en el año 2002, tras hacerse público que las refacciones se hicieron "en negro", según denuncia de la arquitecta contratada para el trabajo.
Esas obras fueron financiadas con dinero de una "colecta" realizada por un grupo de empresarios que arrendaban tragamonedas a la Intendencia de Montevideo.
"En términos generales, el BPS tiene el criterio de que ante un hecho público de una posible irregularidad debe fiscalizar. De inmediato se le pide informes a los servicios y estos deben proceder", afirmó a El País el director de esa institución en representación de los trabajadores, Ariel Ferrari.
Agregó que el organismo "no tiene" una política distinta por ser público o privado el infractor. "Si existe esa situación, se hará los evalúos correspondientes, se notificará a la empresa titular del bien y se sancionará. Primero se tratará de cobrar por vía administrativa y, en caso contrario, por vía judicial", señaló.
Por su parte, el prosecretario de la Intendencia, Jorge Rodríguez, dijo que las obras de refacción del Parque Hotel también son analizadas por el municipio. "Tenemos una máxima disposición de colaboración con el Juzgado que está haciendo las investigaciones", sostuvo.
La arquitecta responsable de la obra del Parque Hotel declaró ante el Departamento de Delitos Económicos que ésta no fue inscripta en el BPS y que, por lo tanto, carece de final de obra.
Según fuentes del caso, para justificar los gastos de los trabajos se usaron recibos sin valor oficial. La refacción fue realizada con dinero proveniente de una "colecta" de unos U$S 310.000 aportados por un grupo de empresarios que alquilan slots a la Intendencia.
Felipe Ruiz, el empresario que realizó la "colecta" para la reforma del Parque Hotel y que resultó procesado con prisión por la jueza Fanny Canessa, reconoció en su testimonio que no se pagó el IVA en las obras de reciclaje del casino.
La utilización indebida de este dinero fue una de las razones por las que la Justicia Penal procesó el 20 de diciembre al ex director de los Casinos Municipales y luego del Estado, Juan Carlos Bengoa, por los delitos de concusión, conjunción del interés personal y público y fraude. También fueron remitidos a la cárcel dos ex asesores de Bengoa: Orestes González Braida y José Antúnez.
DOCUMENTOS. Las fuentes señalaron que ni en los registros del municipio ni en las empresas consta el ingreso de ese dinero. Sin embargo, la Policía logró probar la existencia de esos donativos por cartas recibidas por el entonces director del Departamento de Desarrollo Económico de la IMM, Alberto Rosselli, con la firma de las empresas.
Las misivas del grupo de empresarios, a las que tuvo acceso El País, están fechadas el 21 de junio y el 19 de octubre de 2005. En esta última fecha, hacía apenas dos meses que el intendente Ricardo Ehrlich había sustituido a Mariano Arana al frente del municipio.
La primera carta señala: "Presentamos la siguiente nota con la intención de documentar las tareas (de reforma) y actividades realizadas en el período marzo del año 2002 a la fecha (21 de junio del 2005)".
La misiva agrega: "Queremos dejar constancia también de nuestra intención en cuanto a la futura continuidad de la tarea aquí detallada destacando la promoción y difusión de las actividades del Casino Parque Hotel en coordinación con la Administración". La carta tiene la firma de los empresarios titulares de las empresas arrendadoras de tragamonedas.
Al llegar el caso a la Justicia, la jueza Canessa puso énfasis en la donación y en la participación de familiares de González Braida y Antúnez en las empresas arrendadoras de maquinas tragamonedas. En tres oportunidades Canessa solicitó datos al BPS para desentrañar nombres que integraban directorios de estas firmas.
La segunda carta del grupo de empresarios, también dirigida a Rosselli, hace una valoración de obras y servicios que hicieron en el Parque Hotel y documenta que las mismas fueron por U$S 506.550. En la Justicia se manejó que la "colecta" alcanzó los U$S 250.000. La lista muestra gastos que sorprenden. Por ejemplo, la sponsorización de un campeonato amateur de boxeo de 2004 costó U$S 22.940.
U$S 15 millones por irregularidades
El Banco de Previsión Social recaudó US$ 15 millones en diciembre de 2007 por concepto de multas y aportes no concretados, tras constatar irregularidades en los recursos humanos de Presidencia de la República, siete ministerios, Suprema Corte de Justicia y embajadas uruguayas en el extranjero, afirmó a El País el director de dicha institución en representación de los trabajadores, Ariel Ferrari. "Esos problemas se arrastraban desde hace 20 años. Inclusive se detectaron más de 300 empresas unipersonales trabajando en el BPS, lo cual además de irregular era algo inmoral", añadió.
Según Ferrari, la regulación de cientos de trabajadores que cumplían funciones en la administración pública mediante contratos como empresas unipersonales o sin contrato alguno se realizó mediante el estudio de caso por caso y luego estos fueron presupuestados.
Los cinco procesados apelaron
El 20 de diciembre de 2007 fueron procesados con prisión el ex director de Casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa, sus ex asesores Orestes González (ex director de Loterías y Quinielas) y José Luis Antúnez, el funcionario municipal Gustavo Dalmonte y el empresario Felipe Ruiz, por los delitos de fraude, concusión y conjunción del interés personal y público. Los cinco apelaron la decisión de la jueza penal Fanny Canessa. La magistrada dio traslado de las apelaciones a la fiscal Olga Carballo, que tiene plazo para responderlas hasta la próxima semana. Luego las devolverá a Canessa, quien las elevará a un tribunal de apelaciones, que analizará el expediente y resolverá si mantiene o revoca los procesamientos. En tanto, dos peritas del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial y que asesoran a Canessa en este expediente, están trabajando en la Intendencia, recolectando y analizando información sobre los casinos municipales en el período 2000-2005. En su resolución de procesamiento, la jueza ordenó la pericia en la IMM, debido a que la comuna le envió información contradictoria sobre los casinos.
Fuente: elpais
jueves, 6 de marzo de 2008
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