lunes, 17 de marzo de 2008

Scioli, Macri, Binner y los negocios del juego

Argentina - Tanto para el gobernador bonarense, como para el mandatario santafecino y el jefe comunal de la ciudad de Buenos Aires el tema del juego los afecta. El rol del Casaretto y el polémico Instituto del Juego.
Daniel Scioli (foto), Mauricio Macri y Hermes Binner han sido puestos en la encrucijada de tener que adoptar decisiones concretas ante la llamativa expansión del juego en sus distritos.
El fenómeno lleva varios años, pero una novedad lo ha tornado más inquietante: la empresa que protagoniza ese despliegue pertenece a Cristóbal López, que con Lázaro Báez y Enrique Eskenazi conforman el trío de empresarios más cercanos al ex presidente Néstor Kirchner.
El país asiste a una sistemática concertación entre autoridad pública y explotación de negocios regulados.
Muchos dirigentes de la sociedad civil y de la oposición política temen que un liderazgo que busca completarse, a lo Vladimir Putin, con el control de activos estratégicos termine por constituir una mole de poder hasta ahora desconocida, rebelde a todo intento de equilibrio. Aun cuando el 45% de los votos resulte una base escasa para semejante experimento.
Desde que llegó a la provincia, Scioli sabe que López pretende ingresar en el conurbano con su compañía Casino Club. Se allanó a ese deseo con la fantasía de aplacar para siempre a Kirchner.
No quiere el destino de Felipe Solá, que atribuye la frustración de su reelección a la resistencia que opuso a esa llegada.
Por eso en La Plata preparan los papeles para habilitar un casino en San Isidro y otro en Vicente López. Se trata, en ambos casos, de la jurisdicción pastoral de Jorge Casaretto. El obispo denunció hace ocho días el plan, que La Nacion había adelantado. Los intendentes Gustavo Posse y Enrique García, de la UCR(k), guardan silencio.
La estrategia jurídica de la operación fue cambiando. Ya no se intentará remover la prohibición de instalar tragamonedas en los hipódromos. El sueño del presidente del Jockey Club, Bruno Quintana, se hará de otro modo. Quintana anhela reproducir en San Isidro el envidiable negocio de su colega Federico Achával, concesionario del Hipódromo de Palermo, donde las 4000 máquinas controladas por López rinden más de un millón de dólares por día.
Ahora bastará con que Scioli autorice el traslado de dos bingos desde el interior de la provincia a la próspera zona norte y que habilite tragamonedas en sus salas. Uno de ellos se alojaría en el hipódromo.
López ya seleccionó al empresario que haría la mudanza a cambio de asociarse a los nuevos establecimientos.
Sería el concesionario de los bingos de Tres Arroyos y Zárate, Carlos Isidoro Ferrari, célebre en Río Negro por ufanarse del pago de coimas en la licitación de los casinos de la provincia.
Ferrari, que protagoniza otros escándalos en Entre Ríos y en Formosa, fue procesado. El episodio salpicó al ex gobernador Pablo Verani, actual senador nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) de tono kirchnerista.
López podría encontrar dos obstáculos en su marcha hacia la diócesis de Casaretto. Uno es la protesta de los desocupados que deje detrás de sí el éxodo de Ferrari con sus bingos. Otro, el reclamo de la empresa Boldt, que obtuvo en su edad de oro, bajo el mando de Eduardo Duhalde, la concesión del casino de Tigre con la exclusividad sobre el juego en 150 kilómetros a la redonda.
Otras resistencias al avance de López parecen más débiles. La Comisión Permanente del Episcopado evitó pronunciarse sobre el tema la semana pasada.
Casaretto sigue preocupado, pero muchos de sus hermanos se niegan a empeorar su relación con el César con otro conflicto. Colaboran con la docilidad de Scioli ante el magnate kirchnerista.
Tal vez, López tampoco debería temer al complot de sus competidores. Sólo Luis Alberto Peluso, el interventor en la Lotería provincial, supone esas maquinaciones y les atribuye las denuncias que lo azotan. Como si no existieran motivos objetivos para ese vendaval.
Pero la caída de este amigo de Scioli haría las cosas todavía más fáciles para López. Serrucho en mano, Carlos Gallo espera ocupar el sillón. Es el asesor que le impusieron a Peluso, para abrir paso a los intereses de Casino Club.
Gallo autorizó, desde la presidencia de la Lotería Nacional y amparado en un decreto, que aún se discute en la Justicia, las primeras tragamonedas de Palermo.
Después, Carlos Zannini lo destacó al frente del Instituto del Juego porteño, adonde lo designó Jorge Telerman. Ahora, como aspirante a la sucesión de Peluso, Gallo es el funcionario adecuado para ejecutar el programa de López. Sólo habría que disimular que está procesado por alquilar en una suma irrisoria el Tattersall de Palermo al empresario Jorge Bernstein.
Binner también debe expedirse sobre las pretensiones de López. El empresario ganó una licitación para construir, por 150 millones de dólares, un hotel casino en Rosario.
Asoció a este proyecto a un paisano de sus padres, Manuel Lao, de Almería, que a cambio le cedió el 50% de los barcos casino de la Capital Federal. Igual que cuando en Repsol explican la asociación con Eskenazi, Lao dice que conviene "un socio local en un país complicado". Pero las obras llevan 14 meses de demora, y las multas llegan a 40 millones de dólares.
Prórroga
En julio, López pidió una prórroga a Jorge Obeid. En la agencia de control de casinos, a cargo de hombres del ex gobernador, recomiendan aceptarla.
En noviembre, se repitió el pedido ante Binner, y los socialistas de la Lotería provincial estudian rechazarlo. En tal caso, la segunda en el concurso, Boldt, reclamaría el derecho al emprendimiento.
¿Resignaría a cambio su monopolio sobre el juego en la zona norte? López aguarda que Binner se defina con la misma ansiedad con que Eskenazi espera la renovación del contrato para administrar los fondos provinciales con su Banco de Santa Fe.
Macri es otro que calla sobre los negocios de López en su vecindario. Cuatro días antes de que el ex presidente de Boca asumiera el cargo, Kirchner extendió el derecho de Casino Club a explotar las máquinas de Palermo hasta 2032.
La jurisdicción sobre el juego es un aspecto de la autonomía porteña que está ausente en los reservados almuerzos de Macri con Alberto Fernández.
Es cierto que esa reivindicación obligaría a anular la ley por la cual Aníbal Ibarra cedió las prerrogativas de la ciudad a la Nación a cambio de un canon.
Pero Macri podría, por lo menos, exigir que las máquinas de Casino Club funcionen en línea con la Lotería y el Instituto del Juego, para que aquella contribución sea calculada sobre información objetiva y no sobre lo que declara la empresa.
Sería un buen comienzo para financiar la policía porteña, por ejemplo. Pero la amistad de José Torello, el responsable de Pro en cuestiones de juego, con Achával, el socio de Casino Club, tal vez sea más fuerte que la autonomía porteña.
Tiempo atrás, un emisario de Macri le planteó al jefe de Gabinete el tema del juego. La respuesta fue contundente: "Les recomiendo que con eso no se metan". Por las dudas, se lo dijo dos veces.
La Coalición Cívica de Elisa Carrió se ha propuesto aprovechar el cono de silencio con que los gobiernos rodean la gestión de estos negocios.
Sus legisladores llevarán al flamante foro opositor, que comparten con diputados de Macri y de Binner, la propuesta de crear comisiones investigadoras en el Congreso y en las legislaturas, para ajustar los controles sobre el juego.
Es un desafío al kirchnerismo, pero también un incómodo papel de tornasol para las fuerzas que prometen enfrentarlo.
Fuente: La Nacion

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