España - Los diputados regionales dan el visto bueno a la deducción del 1% en el IRPF por adquirir una vivienda habitual y a las bajadas de los tributos de juego y transmisiones patrimoniales.
Las Cortes aprobaron ayer la nueva Ley de Tributos cedidos, que incorpora algunas rebajas fiscales diseñadas por el Gobierno regional y que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero. El texto unifica toda la normativa anterior, que se había desarrollado en seis leyes distintas, pero a la vez incluye novedades. En el IRPF se añade una deducción del 1% por la adquisición y rehabilitación de vivienda habitual, o por su adecuación para una persona discapacitada. Será un ahorro de 12 millones en 280.000 declaraciones.
En los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se establecen tipos reducidos del 6% en el caso de las transmisiones y del 0,5% para las escrituras y actas para la primera vivienda habitual. Donde antes se fijaba un máximo de 140.000 euros, ahora subirá a 180.000. Estas medidas también se aplicarán a alquileres con opción de compra para menores de 36 años. En este caso, ahorro de 7,5 millones en 6.500 declaraciones.
Además se baja punto y medio el tipo para los tributos de juego, que estaba en el 26 y ahora en el 24,5%. Este apartado fue uno de los que suscitó mayor polémica con la oposición, que en total presentó 15 enmiendas a la Ley, todas ellas rechazadas. En el caso del juego, la portavoz del Partido Popular María Crespo acusó al Gobierno de «incentivar» a la ludopatía haciéndolo más barato. Crespo denunció que la Junta también aspira a recaudar más de esta forma, dado que «en estos momentos el juego es una vía para salir de la crisis».
«perdónala señor».
A Crespo le rebatió la portavoz socialista Rosa Melchor. «Yo no soy muy de encomendarme al cielo, pero señor perdónala que no sabe lo que dice», exclamó. Le pidió que no fuese «patética», porque una bajada de tributos no hace que el cartón de bingo o las máquinas tragaperras sean más baratas. La vicepresidenta y consejera de Economía, María Luisa Araújo, también defendió sus medidas. Recordó por una parte que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad con la tributación de juego más elevada. Por otra, mencionó el proyecto del macro-casino Reino don Quijote, en Ciudad Real y explicó que subiendo los impuestos, se desincentivaría la inversión de los empresarios.
La portavoz del PP también se mostró crítica con la deducción que se mantiene del 15% de las aportaciones al Fondo Castellano-Manchego de Cooperación. Pidió que se ponga un límite a la cuantía porque ahora se corre el riesgo de que haya quien lo utilice para «eludir el pago de impuestos». También reclamó que las ventajas se extiendan a otras organizaciones sin ánimo de lucro.
Desde el PSOE, Melchor contestó: «Entonces, si la Fundación nacional Francisco Franco se radicara en Castilla-La Mancha, se podrían hacer deducciones». Araújo la secundó añadiendo que hay otras Fundaciones que tiene un importante patrimonio privado y que no necesitan incentivos. De poner un límite, no dijeron nada.
Castilla-La Mancha ‘asume competencias’ en convenios colectivos.
Las Cortes regionales aprobaron ayer dos leyes, una de ellas para la creación de la Comisión Consultiva regional de Convenios Colectivos. La consejera de Trabajo, María Luz Rodríguez, subió ayer a la tribuna para explicar los motivos de este nuevo órgano. «Aunque la salud de nuestra negociación colectiva es buena, decidimos dotarnos de un instrumento que la hiciera más efectiva y para cubrir huecos y lagunas donde todavía no llega», expuso.
Rodríguez se detuvo en la que considera la «función prioritaria». Se refiere a las extensiones de convenios colectivos de una empresa o sector que ya lo tiene a otro que carece de él. Esta práctica, muy habitual, precisaba hasta el momento de un informe previo que realizaba la Comisión nacional de Convenios Colectivos. Ahora se ‘trasladan’ esas competencias de Madrid a Castilla-La Mancha. «Era necesario crear nuestra propia Comisión con esta Ley para dar voz a sindicatos y empresarios de la región en los procesos de extensión de la negociación colectiva a los trabajadores y compañías de Castilla-La Mancha», defendió.
La norma presentada por la Consejería de Trabajo obtuvo el apoyo unánime de todos los diputados. La portavoz del PSOE, Mercedes Giner, explicó que de las cuatro enmiendas que había presentado el Partido Popular, se habían aceptado dos, mientras que la oposición había retirado la otra mitad. El portavoz ‘popular’, Porfirio Herrero, remarcó que esta Ley «no viene a mediatizar la capacidad y autonomía de empresarios y trabajadores, sino a abrir caminos». Fue el primero en el pleno de ayer que sacó la palabra crisis a relucir y afirmó que esta norma será «muy bienvenida» si impide que el día de mañana se produzca un despido en una empresa.
Fuente: latribunadeciudadreal
lunes, 8 de diciembre de 2008
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