El equilibrio de poder entre los clanes del juego se resquebraja

España - Con la posible venta del Grupo Codere se romperá el 'pacto no escrito' de la industria del juego en España, dominada por tres familias.
Desde que la legendaria máquina Baby Fruits de los hermanos Franco, aquélla que daba un premio de 2.500 pesetas al ritmo de «Los Pajaritos» cuando se juntaban en el rodillo tres frutas iguales, invadió en la década de los 80 bares y cafeterías, poco ha cambiado la industria del juego en España. Tres familias (los Franco, los Martínez Sampedro y los Lao) controlan la mayor parte de los 30.000 millones de euros que generan anualmente las tres columnas donde se asienta el negocio: máquinas tragaperras, casinos y bingos.
Sin embargo, algo está a punto de cambiar. Una de las compañías líderes del sector, Codere, fundada por los hermanos Franco y la familia Martínez Sampedro en 1980 (tres años después de legalizarse el juego en España), está en ebullición. Una controversia entre los dos clanes podría hacer que el equilibrio accionarial que ha funcionado tantos años saltara por los aires.
Venganzas, detenciones, acusaciones de corrupción, cárcel y mucho dinero en juego rodean el penúltimo capítulo de la historia del juego en España, que, pese a sus esfuerzos, todavía no ha logrado quitarse de encima la percepción de ser una actividad oscura, ligada al crimen organizado y a la corrupción política.
Todo comenzó con la salida a Bolsa de Codere. La compañía, que gestiona 49.000 máquinas recreativas, 124 bingos, cinco casinos y decenas de casas de apuestas en varios países, decidió retomar hace tres años sus viejos planes de cotizar en el parqué.
Pero había un serio problema, que, según una fuente de la empresa, generó agrias discusiones y fue el verdadero detonante de la salida de los Franco del capital de Codere: Joaquín Kino Franco, primogénito de uno de los fundadores de Recreativos Franco (accionistas a su vez de Codere) y encargado de los negocios en Estados Unidos, fue detenido en 2004 en Arizona por presunto soborno a un inspector de Finanzas del Departamento de Juego del Estado. Kino Franco, que se enfrentaba también a cargos de fraude y apropiación indebida, pactó finalmente con la Fiscalía su autoinculpación y se libró de 15 años de cárcel a cambio de una multa.
Pero Codere no podía afrontar una salida a Bolsa con esa tremenda mancha en su expediente. Así que, tras muchos enfrentamientos, se pactó la salida de los Franco (Joquín y Jesús) del accionariado.Los hermanos Martínez Sampedro, José Antonio, Encarnación y Luis Javier (todos ellos con cargos ejecutivos en la empresa), se comprometieron a pagarles su 39,3% por 350 millones de euros en varias fases.
Hasta ahora habían abonado sin problemas, pero el contratiempo ha surgido con el último pago, de 188 millones, que vence a finales de mes. La sorpresa es que los Martínez Sampedro, tal y como han reconocido a la CNMV tras una información de EXPANSION, se plantean poner en venta la empresa para pagar a los Franco.
La amenaza de los fondos
Si no logran pactar para evitar la venta, el capital de Codere estará abierto a fondos extranjeros de capital riesgo (que siempre han estado detrás de la compañía), y, lo que es más importante, podría romper el equilibrio de fuerzas que las familias de Codere habían pactado con la otra saga dominante en el sector: la familia catalana Lao, dueña de Cirsa, uno de los líderes mundiales.
Tras años de hostilidades, generadas por la fuerte competencia que se ejercen mutuamente las dos compañías en sus principales mercados (el español y el latinoamericano), ambas decidieron concederse una tregua hace unos años para luchar juntas por una causa común: una ley que regule el juego por internet y la entrada de las nuevas tecnologías en máquinas tragaperras y bingos.
La industria, tal y como reconoce Rafael Catalá, secretario general de Codere, está obsoleta. «Los bingos son aburridos para las nuevas generaciones, y si permitieran introducir nuevas tecnologías, tanto las salas como las máquinas cambiarían radicalmente», afirma.
Codere asegura que, debido al retroceso de negocios como el bingo y a la crisis económica, sus ingresos bajarán un 5% este año.También Cirsa admite un cierto parón en su actividad, sobre todo en el bingo.
El problema es que la regulación del sector en España está a cargo de las Comunidades Autónomas, y cada una de ellas impone distintas leyes. Las máquinas recreativas, por ejemplo, se deben adaptar atendiendo a la provincia en la que vayan a ser instaladas.«Es como si Renault tuviera que hacer distintos modelos de coches para cada comunidad autónoma», se quejan en el sector.
El pacto no escrito firmado por Cirsa y Codere perseguía precisamente no hacerse daño en España y acudir juntos a la puerta de las autoridades del juego para impulsar sus reinvindicaciones. En España, la industria del ocio está muy fragmentada: además de las tres familias dominantes, existen cientos de pequeñas empresas y decenas de asociaciones que defienden intereses puramente locales.
Así que Codere y Cirsa se han propuesto la tarea de ejercer como patronales del sector. Tras laboriosas gestiones, que duraron meses, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a realizar un informe sobre el juego por internet en España, primer paso, según creen en Codere, para su legalización.
«Es un contrasentido que el juego sea una gran fuente de ingresos fiscales y al mismo tiempo, se le encorsete con regulaciones anticuadas, sobre todo en lo que afecta a nuevas tecnologías y en la utilización del marketing», dicen en Cirsa.
Otra de las cosas que demandan para hacer el juego «más natural» y que deje de tener ese halo de delincuencia que le persigue, es poder instalar bingos en centros comerciales, o instalar máquinas recreativas con un servidor para que cada cliente elija el entretemiento que prefiere.
Pero para abrir nuevos caminos, es vital que las familias del juego permanezcan unidas y que todo quede en casa, sin injerencias extranjeras. Con la ruptura accionarial en Codere, ¿lo conseguirán?
Fuente: El Mundo (Cristina Caballero)