Argentina - Mendoza. El proyecto que regula la apertura de salas de juego en la provincia deberá esperar hasta la próxima semana para entrar en el debate legislativo, luego que se levantara de manera sorpresiva la sesión de ayer. Entre los diputados opositores aseguran que detrás de la decisión hay intereses políticos y económicos para dilatar su tratamiento.
A pesar de que la mayoría de los partidos, a excepción del oficialismo, habían acordado tratar el proyecto en la sesión de ayer en la Cámara baja, el mismo no llegó a ser puesto en consideración por la falta de quórum en el recinto.
Según el presidente de la Cámara, el diputado Jorge Tanús, se siguió el procedimiento habitual de convocar a los legisladores al horario reglamentado.
“Realizamos los llamados a cada presidente de bloque para informarles que comenzaba la sesión. Después de esperar treinta minutos, realicé el primer llamado a las 11, hasta cumplir con los tres llamados correspondientes, a los que no concurrieron los legisladores suficientes como para dar quórum”, aseguró Tanús. En el libro de actas figuran 24 diputados, con lo cual sólo faltaba uno para cumplir con lo reglamentado.
Sin embargo, la sorpresa fue para los diputados que se encontraban reunidos en los bloques, y que no llegaron a firmar. Entre los grandes ausentes se encontraban el Consenso Federal y la UCR, dos de los bloques más numerosos de la Cámara.
Los presidentes afirman que en ningún momento recibieron un llamado: únicamente cuando se les comunicó que la sesión había sido levantada.
Conflicto de intereses
“Esto es un manejo para dilatar el tratamiento, porque la verdad es que no se entiende el motivo por el que se podría haber levantado la sesión, que no tenía asuntos conflictivos, excepto el de casinos”, declaró a Ciudadano la diputada radical Liliana Vietti.
Por su parte, el diputado de Consenso Federal, Andrés Marín, dijo que la decisión los tomó en forma imprevista “porque había consenso para tratar el proyecto”.
Desde los diferentes bloques destacaron que esta decisión responde a una orden del oficialismo para evitar el tratamiento del proyecto presentado por el demócrata Alberto Sánchez, que estipula la suspensión por el término de 10 años de la aplicación de la ley 5775, y normas reglamentarias. Es precisamente esta ley la que autoriza la instalación de salas de juego en Mendoza.
Uno de los argumentos que esgrimen los empleados del casino estatal, que reclaman desde hace semanas en la Casa de las Leyes el tratamiento del proyecto, es el problema de la ludopatía, que afecta al 2% de los jugadores de los casinos.
De todos modos, el conflicto de fondo es que “en este asunto hay intereses muy fuertes de todas las partes, hay una fuerte lucha porque este tipo de negocios genera ganancias muy grandes, que hacen que pocos se fijen en el problema de adicción al juego que pueden provocar estos centros”, comentó un legislador que pidió que no se publicara su nombre.
Por lo pronto, los demócratas deberán conseguir el consenso de los bloques para aceptar el tratamiento del proyecto sobre tablas, que continuará generando polémica.
Fuente: Loana Isla Lacuey - ciudadanodiario
jueves, 30 de octubre de 2008
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