Argentina - En medio de confusiones, suspicacias e interpretaciones jurídicas de todo tipo, Mendoza vivió ayer una jornada con dos decisiones judiciales "complementarias" - según la jueza firmante- o "llamativas y posiblemente contradictorias" -según el gobierno provincial- que dejaron abierto el final de una controversia que evidencia la disputa comercial por los 400 millones de pesos que -sumados- vienen facturando anualmente los casinos Provincial y Regency-Hyatt en la provincia.
Tanto el gobierno provincial como la empresa afectada -el casino Enjoy del Sheraton- presentaron sendos recursos de aclaratoria, para que la jueza federal Olga Pura Arrabal explicara los alcances precisos de sus decisiones.
Todo derivó en que, a pesar de existir una orden judicial que impedía su actividad, el Casino Enjoy funcionó ayer normalmente, al tiempo que flotaron interrogantes sobre la incumbencia de la jueza federal actuante, en un planteo de inconstitucionalidad propio de la Suprema Corte provincial.
Gabriel Kemelmajer, abogado de CELA S.A., la propietaria de Sheraton y el casino dijo, consultado por Los Andes, que la empresa "ha cumplido todos los pasos técnicos y jurídicos para habilitar la sala, por lo que tenemos plena confianza en cuál va ser el resultado de la Justicia".
Aclaró también que: "No estamos en desacuerdo con que se investigue, pero mientras tanto pedimos que se permita ejercer la actividad normalmente. Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de notificación".
El caso
La doctora Olga Arrabal había hecho lugar a una medida cautelar interpuesta por tres empleados del Casino Provincial -Pablo Cucci, Carina Díaz y Ernesto Herrera- quienes sostuvieron que la ley que establece las pautas legales para la habilitación de nuevos casinos privados "es inconstitucional" ya que no rigen las mismas condiciones que en 1.990, cuando fue promulgada para promover el turismo y actualmente "sólo se promueve el juego".
El argumento utilizado es que la habilitación del Enjoy afecta sus ingresos, compuestos por un sueldo fijo y un porcentaje (30%) de las ganancias, que se verá reducido al existir otro casino.
Sin embargo la orden de la jueza para que el Instituto de Juegos y Casinos se abstuviera de dar el visto bueno para la habilitación del casino tuvo una notificación formal posterior al dictado de la orden que permitió el inicio de la actividad en el tercer casino del Gran Mendoza lo que -según algunas interpretaciones- volvió "abstracta" la decisión judicial.
El pedido de aclaratoria de los abogados de Enjoy, dio lugar a una segunda orden judicial en la que la jueza Arrabal dispuso "diferir el pronunciamiento sobre la medida cautelar" (impulsada por los tres empleados del casino provincial) y "requerir al Instituto Provincial de Juegos y Casinos la remisión del expediente" de habilitación del Casino Enjoy.
Por su parte, el gobierno provincial en su pedido de aclaratoria solicitó conocer claramente si debe orientar su accionar hacia el cierre o la continuidad de la actividad en el Casino del Sheraton. "Haremos lo que la jueza ordene", dijo el gobernador Celso Jaque.
"Yo no dicté una medida de clausura, me limité a hacer lugar a una medida cautelar ordenando que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos se abstenga de dar el visto bueno que permitía habilitar ese casino.
Fuente: losandes
miércoles, 29 de octubre de 2008
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario