Izquierda Unida lleva Gran Scala a la Justicia

España - El coordinador de Izquierda Unida (IU) en Aragón, Adolfo Barrena, desveló ayer que presentará el próximo lunes una queja al Justicia para denunciar que el macrocomplejo de ocio de Gran Scala no se adecúa a la legislación aragonesa, y anunció que su formación política será “beligerante” contra el proyecto.
Barrena hizo esta afirmación en un encuentro con los medios de comunicación en el que estuvieron presentes el europarlamentario de IU Willy Meyer y el candidato de la coalición por Huesca al Congreso, Miguel Aso, con quienes tenía previsto participar en diversos actos electorales en la provincia.
El líder de IU en la Comunidad aragonesa dirigió sus críticas contra los promotores del proyecto, ILD, a los que tachó de “aventureros que han vendido una moto al Gobierno aragonés cuya gasolina estamos pagando con fondos públicos de todos”.
Lamentó, asimismo, la “perversión” legal propiciada por los responsables del Ejecutivo autónomo al anunciar su intención de desarrollar una “legislación a la carta” para favorecer la ubicación de Gran Scala en la comarca de los Monegros.
“Legislar a la carta -indicó- es comprometer el sistema democrático y dar una imagen de república bananera en la que el estilo caciquil de José Ángel Biel (vicepresidente aragonés) y la blandenguería de Marcelino Iglesias (presidente) han convertido al Gobierno de Aragón en una agencia inmobiliaria”.
Barrena incidió en la “perversión” que supondría adaptar la legislación en vigor a un proyecto, y declararlo posteriormente de interés general para facilitar los trámites de ejecución.
A su juicio, “la perversión ha llegado a tal extremo que en lugar de declararlo él (José Ángel Biel) de interés general, que puede hacerlo, le pide a la comarca de Monegros que lo soliciten ellos, como si fuera un hospital, una escuela o un aeropuerto, facilitando así la vía de la expropiación”.
Por su parte, Willy Meyer informó de la presentación de varias iniciativas en el Parlamento Europeo para denunciar la intención del Gobierno aragonés de llevar a cabo cambios legislativos para facilitar la ubicación de un proyecto, “cuando en Europa se hace lo contrario, adaptar los proyectos al correspondiente marco legal”.
Tras explicar que la Unión Europea (UE) ha abierto diversos expedientes a administraciones españolas por favorecer actuaciones legislativas como las referidas, Meyer comentó que las iniciativas planteadas se dirigen a verificar posibles incumplimientos de las directivas de impacto ambiental, de acceso a información medioambiental, de conservación de las aves o del agua.
El europarlamentario de IU destacó que la Unión Europea sólo dispone del contrato suscrito entre ILD y el Gobierno aragonés como única fuente documental del proyecto, y advirtió de que “lo normal es que la Comisión Europea abra una investigación porque conocen las burlas de las administraciones españolas para conseguir que las directivas europeas no frenen estas iniciativas”.
Fuente: Terra Actualidad / EFE