El otro negocio en Los Monegros son las 100.000 viviendas en el entorno

España - Izquierda Unida de Aragón, que no tiene nada que perder ni que ganar en las elecciones del 9-M, ha pedido la intervención del Justicia (Defensor del Pueblo aragonés) para que investigue la implicación del Ejecutivo autonómico en el complejo Gran Scala, dado que –según IU- el Gobierno PSOE-PAR está actuando como "agente inmobiliario".
La organización de Gaspar Llamazares en Aragón, con el apoyo de los ecologistas, es el único grupo politico que se opone frontalmente al proyecto de ocio Gran Scala, que la sociedad ILD, compuesta exclusivamente por inversores extranjeros, pretende instalar sobre una superficie de 4.000 hectáreas en distintos municipios de Los Monegros, con una inversión prevista de 17.000 millones de euros, destinada a construir y comercializar un complejo de hoteles, casinos y grandes atracciones.
La dirección del PP aragonés esperará a que pase el período electoral para reclamar transparencia en las negociaciones del ejecutivo PSOE-PAR con ILD, dado que desde que se conoció el interés de los inversores extranjeros por instalarse en los Monegros, se ha desatado una auténtica "guerra de nervios" en el ejecutivo autonómico para conocer de boca de los empresarios la ubicación exacta del Gran Scala.
Para IU y ecologistas, detrás del emblemático proyecto se esconden intereses urbanísticos de gran calado, a lo que PSOE y PAR responden que en Gran Scala sólo se levantarán hoteles, casinos y parques temáticos. Claro que el verdadero negocio urbanístico estará en las 100.000 viviendas a edificar en el entorno del complejo, destinadas a dar cobijo a los miles de trabajadores y sus familias que trabajarán en el mayor complejo de este tipo que se levantará en Europa en los próximos 50 años.
El gobierno regional se defiende atacando: precisamente para evitar el impacto negativo de las miles de viviendas de los empleados del complejo sobre el territorio, se acordarán planes urbanísticos sostenibles, que contarán con el acuerdo de los municipios afectados, garantizando el Gobierno de Aragón una planificación ejemplar, tanto por lo que respecta al número de viviendas construidas en cada núcleo rural como por la tipología urbanística empleada, totalmente respetuosa con el entorno.
El PSOE, que gobierna la Comunidad autónoma, y el PAR, su aliado, han dado carta de naturaleza desde el "minuto cero" a los planes de los inversores agrupados en la Sociedad ILD, hasta el punto de ejercer de intermediarios con propietarios de terreno en Monegros para negociar los precios de venta del suelo, que se han disparado hasta los 15.000 euros por hectárea, cuando su precio de mercado no alcanzaría los 4.000 euros.
El Partido Popular de Aragón, a diferencia de IU y los ecologistas, mantiene una posición distante para no perjudicar sus expectativas electorales en los Monegros, cuyos alcaldes contemplan el proyecto Gran Scala como una bendición caída del cielo.
Fuente: elsemanaldigital