El abogado general del TUE cree que la norma portuguesa que limita las apuestas por Internet puede ser legal

España - El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Yves Bot dijo hoy que la ley de Portugal que encomienda a un organismo sin ánimo de lucro el monopolio de las apuestas por Internet podría respetar la legislación comunitaria.
El dictamen contradice la opinión de la Comisión Europea, que ha expedientado ya a varios Estados miembros por el monopolio de las apuestas por Internet. En todo caso, Bot precisa que la norma portuguesa debería haber sido notificada a Bruselas.
La legislación de Portugal confiere a la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, un organismo con varios siglos de existencia y sin ánimo de lucro que tiene encomendada la financiación de asuntos de interés público, el derecho exclusivo de organizar y explotar loterías y apuestas mutuas en todo el territorio nacional, incluidas las de Internet. También prevé sanciones contra quienes organicen este tipo de juegos vulnerando este derecho exclusivo y contra quienes los publiciten.
Bwin, una empresa de apuestas en línea establecida en Gibraltar, y la Liga Portuguesa de Futebol Profissional fueron sancionadas con una multa de 74.500 euros y de 75.000 euros, respectivamente, por haber propuesto apuestas mutuas por vía electrónica y por publicitarlas.
Estas multas fueron recurridas ante la justicia portuguesa, que preguntó al TUE si la normativa de Portugal es compatible con el derecho comunitario.
En primer lugar, el abogado general señala que el proyecto de ley debería haber sido notificado a la Comisión. En caso de que no haya sido así, propone que no pueda invocarse esta norma frente a Bwin y la Liga y que el juez no la aplique.
Por lo que se refiere al fondo del asunto, Bot estima que Portugal podía legítimamente restringir la libre prestación de loterías y apuestas mutuas por Internet para proteger a los consumidores y el orden público. Para ello se deben cumplir dos condiciones: que el monopolio se atribuya a una entidad controlada por el Estado; y que no se desvíe de sus objetivos para obtener el máximo de beneficios.
Corresponde al tribunal remitente verificar si estas condiciones se cumplen en el caso de Portugal.
La opinión del abogado general no vincula al Tribunal de Justicia. Su función consiste en proponer, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto y la sentencia se dictará en un momento posterior.
Fuente: europapress