De hecho, la Sala de lo Constitucional del máximo tribunal determinó el pasado martes que sigue vigente la Ley de Policía y que dichos negocios fueron autorizados por las alcaldías sin que éstas tuvieran facultades legales para hacerlo. Algunos alcaldes se resisten a cerrar las casas de juego aduciendo que temen que los propietarios los demanden por incumplimiento de contratos, algunos de ellos, como el de Antiguo Cuscatlán, fijados para 99 años, y otros, como el de San Miguel, a perpetuidad.
La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, dijo que clausuraría los establecimientos que hay en su municipio si le dan el dinero para indemnizar a los propietarios. El magistrado Guzmán explicó que los casinos no podrían demandar a los ediles, dado que firmaron contratos pese a que la Ley de Policía proscribe ese tipo de negocios y los alcaldes y dueños de los establecimientos “no pueden alegar ignorancia de la ley”, enfatizó.
“No puede haber una indemnización porque se revoque un contrato ilícito”, añadió Guzmán.
El máximo tribunal aclaró que el artículo 4 del Código Municipal da a las comunas la facultad de autorizar y regular el funcionamiento de “las rifas, loterías y similares”, pero no deroga tácitamente el artículo 64 de la Ley de Policía, que prohíbe expresamente los juegos de azar. La Sala enfatiza en que no se puede equiparar las rifas, loterías y similares, que podían autorizar los concejos, con los establecimientos de juegos de azar, que están proscritos. A los concejos les recordó que su ámbito de libre decisión no es ilimitado, sino subordinado a la Constitución y a las leyes. Por su parte los diputados de la Asamblea Legislativa se mostraron en desacuerdo con el fallo de la CSJ que los deja sin facultad para regular las actividades de las casas de juego. Por su parte el Fiscal General, Félix Garrid Safie, adelantó que la próxima semana presentará un anteproyecto de ley para clausurar los casinos.
En tanto el ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa, cree necesaria la creación de una comisión interinstitucional integrada por la Fiscalía, la Policía, el Ministerio de Seguridad, la Secretaría Técnica Jurídica de la Presidencia, y las alcaldías para buscar los mecanismos legales que permitan el cierre definitivo de los casinos.
Fuente: El Diario de Hoy
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