Polémico inicio de la gestión de Macri en la Ciudad

Argentina - Aquella visita de Mauricio Macri a la Casa Rosada, apenas triunfante en los comicios porteños, fue una pésima idea y fue un anticipo de lo que vendría.
Desdibujó notablemente a Macri como líder opositor aunque, probablemente, era la identidad que pretendía asumir el futuro jefe de Gobierno porteño, quien poco tiempo después confirmó que no tendría un candidato único a Presidente de la Nación (el PRO de la Ciudad decidió apoyar la candidatura de Ricardo López Murphy, o sea no tener candidato, pero el PRO bonaerense prefirió dejar a sus simpatizantes en libertad de acción). Cuando lo publicó Urgente24, no faltaron las críticas, que llegaron a denunciar la sospechosa ejecución de una crítica interesada.
Entonces se advirtió la relación amistosa existente entre Federico de Achával -CEO de la empresa Casino Club, tan allegada a los Kirchner, en los complejos Hipódromo y casino flotante-, y José Torello, el delegado de Macri en los temas de juegos de azar, además del inexplicable silencio del legislador porteño 'macrista' y secretario general del sindicato de trabajadores de juegos de azar, Aleara, Daniel Amoroso. El paso más reciente dado por Macri corrobora aquella sospecha sobre su decisión de mantener vínculos estrechos con los Kirchner pero, lo que resulta inexplicable, su renuncia a cuestiones propias de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que, en forma simultánea, él reclama. Ocurre que la búsqueda de una autonomía plena de la Ciudad no se agota en la exigencia de la transferencia, con recursos presupuestarios, de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal. El Puerto de la Ciudad, el sistema de transportes, el Instituto de Juegos y Apuestas, y otras asignaturas pendientes integran el abanico de la transferencia. Sin embargo, los acontecimientos vinculados a la ampliación automática de la concesión al Casino de Buenos Aires (el complejo flotante), obligan a cuestionarse el enfoque de Macri a todo el asunto.

LOS HECHOS

En julio de 2007, el constitucionalista y frustrado candidato a senador nacional por la UCR-Capital, Ricardo Gil Lavedra, le envió cartas-documento al jefe de Gobierno porteño saliente, Jorge Telerman, y al entrante, Mauricio Macri, para informarles que cuatro meses después, o sea el 31 de octubre de 2007, vencería el plazo para que la Ciudad denunciara el acuerdo de 2003, por el que cedió a Lotería Nacional gran parte de la potestad (y la recaudación) del Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad. La jurisdicción de la Ciudad sobre las apuestas realizadas dentro de su territorio, que resultaría en mayores ingresos impositivos, fue considerada en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada el 1º de octubre de 1996. El artículo 50 de esa Constitución afirma: "La Ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión salvo en lo que se refiera a agencias de distribución y expendio. Su producido es destinado a la asistencia y al desarrollo social". Sin embargo recién el 14 de diciembre del año 2000 se sancionó la Ley 538 de Juegos de Apuestas en la Ciudad y el 17 de octubre de 2002 la Ley 916, de creación del Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad. Debe recordarse que en el interín, De la Rúa, ya como Presidente de la Nación, intentó concretar la concesión de los tragamonedas en el Hipódromo de Palermo a favor de Samuel Liberman, provocando la oposición de Aníbal Ibarra, quien logró bloquear, en instancias judiciales, la presión presidencial. De la Rúa invocaba la inexistencia del Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad e Ibarra insistía en la vigencia de la Ley 538. En definitiva, debieron transcurrir seis años para que la Ciudad se decidiera a crear un organismo que debía asegurar la recaudación de ingresos genuinos que le correspondían a la propia Ciudad. Inexplicable. Ni Fernando De la Rúa/Enrique Olivera ni Aníbal Ibarra/María Cecilia Filgueras habían tenido mucha prisa por conseguir ampliar la jurisdicción de la Ciudad en un ítem que, sin embargo, le proporcionaría ingresos adicionales al Fisco de la Ciudad. Tampoco Mauricio Macri/Gabriela Michetti.

Macri conocía en detalle la situación porque desde que triunfó en la 2da. vuelta contra Daniel Filmus, envió a su amigo José Torello al Instituto del Juego, como parte de la transición iniciada con la administración Telerman. Invocando el artículo 50 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Legislatura porteña sancionó el 13 de noviembre de 2003, la Ley Nº 1.182 (sobre un convenio celebrado entre el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad y la Lotería Nacional Sociedad del Estado). El convenio había sido celebrado el 30 de octubre de 2003, entre Jorge Héctor Álvarez, en su carácter de presidente de Lotería Nacional, y Jorge Enrique Gimeno, titular del Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad. En su Cláusula 2da., acerca de su vigencia, se lee: "El presente convenio está sujeto a la aprobación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de los artículos 80, incs. 8 y 19, de la CCABA, por una parte y, por la otra, la del Directorio de la Lotería Nacional Sociedad del Estado y de su Asamblea, y la del Poder Ejecutivo nacional, en lo que corresponda, y tendrá una vigencia de cuatro (4) años a partir de su aprobación, y se considerará prorrogado por períodos iguales en tanto las partes no manifiesten su voluntad en contrario de modo fehaciente con ciento veinte días de anticipación al respectivo vencimiento." Al renunciar a utilizar la cláusula de finalización, Macri extendió la vigencia por cuatro años más de una legislación que impide la autonomía de la Ciudad en la relación con la Lotería Nacional, y renunció a una recaudación impositiva adicional.

¿Cuál es el beneficio de contrapartida para los contribuyentes porteños? Todavía se desconoce.

¿Cuál es el beneficio personal para Macri y su equipo de colaboradores? Se ignora. La Ley 538 de Juegos de Apuestas estableció, entre otras cuestiones, las siguientes: + Artículo 9: Garantizó el monopolio de la Ciudad para la instalación de casinos en la Ciudad de Buenos Aires. + Artículo 10: Prohibió la instalación de nuevas salas de Bingo en la Ciudad. + Artículo 30: "El Poder Ejecutivo debe realizar todas las acciones correspondientes para lograr el cierre de la sala de juegos conocida como Casino que funciona en el Puerto de la ciudad en cumplimiento de la presente ley, y garantizar el ejercicio en plenitud de los derechos autonómicos". Nunca se entenderá la curiosa afición argentina por sancionar leyes que luego se violan o incumplen. En todo caso, resultaría más honesto no sancionar esas legislaciones. El concepto es muy interesante cuando se analiza lo que ocurrió con la Ley 916, de creación del Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad: el organismo quedó facultado para realizar convenios con Lotería Nacional pero estableciendo el impedimento a las autoridades nacionales para el otorgamiento de permisos destinados a la instalación de casinos en el ámbito de la Ciudad. Al respecto el ítem g) sostiene: "El convenio no implicará ningún permiso para la instalación y/o funcionamiento del nuevas salas de Bingos, ni casinos por parte de la Lotería Nacional Sociedad del Estado cuyo alcance funcional implique acceso directo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Sin embargo, el 30 de octubre de 2003 las autoridades porteñas avanzaron en contra de las disposiciones de la creación del organismo (cláusula transitoria e ítem g), firmando con Lotería Nacional un convenio que: + Legalizó la sala de máquinas tragamonedas electrónicas del Hipódromo Argentino de Palermo (Resolución 99/02 de Lotería Nacional). + Legalizó el buque-casino. + Aprobó la instalación de un 2do. buque-casino (resolución 84/02 de Lotería Nacional S.E). + Estableció un sistema de distribución de los beneficios obtenidos en la Ciudad, claramente favorable a Lotería Nacional. Cabe destacar que aquel convenio se aprobó en la Legislatura a menos de un mes de la renovación total de la Legislatura porteño, habiéndose ya elegido a los 60 legisladores que iniciarían su gestión el 10 de diciembre de 2003. Que ese estado de situación generó una gran incertidumbre e inseguridad jurídica, cuya consecuencia inmediata ha sido un desaprovechamiento de los recursos potenciales que podrían obtenerse como fruto de una explotación adecuada y armónica de los juegos de azar, resintiéndose, de este modo, la recaudación y paralizándose virtualmente nuevas inversiones, con lo cual se impide generar nuevas fuentes de trabajo y nuevos recursos para atender a beneficencia y asistencia social.

Pero, ¿no provoca más inseguridad jurídica la situación derivada de la prórroga automática por cuatro años y del intento de ampliación de la prórroga a 16 años? Al aprobarse el Convenio, entre otros actos administrativos preexistentes, se produjo la validación por parte de la Ciudad de Buenos Aires del decreto 600 del Ejecutivo Nacional, datado en junio de 1999 y firmado por el entonces presidente Carlos Menem, que modificó los porcentajes de apropiación de utilidades a favor de Casino de Buenos Aires S.A. La Ciudad aceptó que el porcentaje de las utilidades totales del casino destinadas al Estado (tanto nacional como local) fuera del 20% y que el operador privado Casino de Buenos Aires retuviera el 80% de las ganancias. Lo más interesante es que todo el escándalo provocado por el juez Ángel Gallardo, quien ordenó la clausura del casino flotante y el retiro de las máquinas tragamonedas del Hipódromo, resultó a pedido de varios legisladores que entendían que debía cumplirse con la Ley 916 y pedían la inconstitucionalidad del convenio del 13 de noviembre de 2003, que ahora Macri decidió prorrogar por cuatro años más.

EL ESCÁNDALO

Mucho más grave resulta el rumor, aceptado por varias de las futuras autoridades de la Ciudad, acerca de la propuesta del equipo de Macri a Jorge Telerman para prorrogar por 16 años más el convenio prorrogado por cuatro años. De acuerdo a lo explicado entre los colaboradores de Telerman, los enviados de Macri afirmaron que contaban con el número de legisladores porteños suficientes como para aprobar esa prórroga por 16 años, siempre que Telerman la propusiera al Legislativo. Otra vez se intentó apelar al voto de una Legislatura que se marcha, y a menos de un mes de que asuman los nuevos representantes de los ciudadanos. Todo indica que Jorge Telerman se ha negado, y en forma terminante, a proponer a la Legislatura esa prórroga por 16 años. En verdad, a Telerman nunca le entusiasmó mucho inmiscuirse en los temas de los juegos de azar porteños por conocer que había intereses directos de los Kirchner, por la especial relación existente entre el matrimonio que cogobierna la Argentina, y los accionistas de la empresa Casino Club que opera las máquinas tragamonedas en Palermo y los dos buques-casinos, complejo del que la española Cirsa le cedió el 50% de las acciones. Telerman le explicó a los de Macri que prefería dejar el tema para la próxima Legislatura que, como le será ampliamente favorable al PRO, no dudaba que podrían prosperar en la prórroga por 16 años. Sin embargo, los de Macri manifestaron que no puede ser él quien proponga esa prórroga porque pagaría un costo político elevadísimo. ¿Cómo ha sido que se mezcló en estos días la ampliación de la prórroga y el divorcio conyugal de Macri e Isabel Menditeguy, quien reclamó un elevado monto indemnizatorio? Esto sí que supera la capacidad de investigación de edición. En la página web Brokersdata.tv, de Guillermo Cherasnhy, que contiene una sucesión de notas sobre la cuestión de los juegos de azar, apareció una mención a un divorcio no identificado y, probablemente, a partir de ese comentario se sucedieron las versiones. Lo incomprensible es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (¿autónoma?) prefiera recaudar $ 7 millones mensuales en concepto de canon en el Hipódromo de Palermo, por ejemplo, en vez de $ 22 millones mensuales que le corresponderían, de aplicarse la legislación. En el año, sin considerar el índice de inflación, se perderán $ 270 millones y, por si esto fuera poco, las tragamonedas están exentas del impuesto a los Ingresos Brutos.

CASINO CLUB

La empresa de juegos de azar preferida por los Kirchner es la que integran el empresario de servicios petroleros Cristóbal López y el propietario del haras RubioB, Ricardo Benedicto. Abundan las versiones acerca de las consecuencias de la batalla en el casino flotante, cuando una patota del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, gremio con el que Casino Club parece tener un acuerdo de reencuadramiento sindical y nuevo convenio colectivo, atacó a un grupo de trabajadores afiliados a Aleara, con la consecuencia del despido de 60 empleados, en especial de Aleara. Los Kirchner recibieron, aparentemente, un comentario en Santiago de Chile, de parte de las autoridades españolas, acerca de la disconformidad por el tratamiento dado a los grupos Marsans (Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas) y Cirsa. En los años '90, representó intereses de ambos el hoy embajador argentino en España, Carlos Bettini. Existe la especulación de que el interés por obtener una ampliación a 16 años de las concesiones apunta a elevar el precio de transferencia de derechos que pudiera realizar, por ejemplo, Casino Club si decidiera realizar su inversión. En el caso del negocio de las máquinas tragamonedas en Palermo, Loteria Nacional percibe el 30% de lo recaudado y la Ciudad consigue el 50% de ese 30%, mientras que el otro 50% se lo queda Desarrollo Social de la Nación (la cartera a cargo de Alicia Kirchner). Sin embargo hay quienes afirman que el decreto presidencial que convalidó la concesión es engañoso y provoca que la Ciudad de Buenos Aires perciba 33% del 30% y la Nación 66%. Por esto era necesario, entre otros motivos, revisar el convenio. El decreto presidencial establece hasta cuánto debe percibir el licenciatario de Palermo (Federico de Achával) y cuánto el operador (Casino Club), cuando esa distribución debería surgir de una negociación entre privados. En el artículo 4to. del decreto correspondiente, firmado por Néstor Kirchner, se lee: "El porcentaje de premios que abonará cada máquina electrónica y/o electromecánica de juegos de azar no podrá ser inferior, en cada ciclo determinado, al NOVENTA POR CIENTO (90%) de las apuestas que se efectúen en cada una de ellas. El saldo restante, como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo precedente, se distribuirá de la siguiente forma:

a) Para el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, el VEINTE POR CIENTO (20%).

b) Para LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO, el DIEZ POR CIENTO (10%).

c) Para el concesionario u operador, el VEINTICINCO POR CIENTO (25%).

(Esto es para Achaval)

d) Para solventar los gastos de instalación, operación, mantenimiento y actualización, como así también los que genere la instalación, operación y mantenimiento de la red de comunicaciones en línea y en tiempo real, cualquiera sea el sujeto a cuyo cargo estén esas actividades y la forma jurídica determinada a tal fin, el CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%)". Esto es Casino Club. ¿Cómo quedan estos números en relación a la recaudación que llega a la Ciudad? Son días agridulces para Casino Club porque mientras festeja la ampliación automática del convenio sobre la Ciudad de Buenos Aires, enfrenta el fracaso del megacentro de apuestas que intentó operar en San Miguel de Tucumán. La ecuación del negocio es negativa en Tucumán y, a su vez, las autoridades provinciales afirman que Casino Club aún no construyó el Centro de Convenciones que establecía el pliego licitatorio. Pero eso no quiere decir que haya un repliegue de Casino Club sino una consolidación en la Ciudad de Buenos Aires, donde el negocio puede alcanzar cifras muy importantes... gracias a Macri.

Fuente: URGENTE 24