Argentina - Mendoza. El mal clima de negocios y las pésimas condiciones para invertir, se suman a la burocracia para formar un caldo de cultivo de irregularidades administrativas y legales. El ejemplo de la construcción del Sheraton, sin que las excepciones pasen por el Concejo Deliberante. La responsabilidad del Estado y también de los privados. La necesidad de generar reglas claras para la inversión.La construcción del hotel-casino Sheraton, que se convirtió en el emprendimiento turístico más importante de los últimos años en la Ciudad de Mendoza, pasó por largos trámites municipales a lo largo de diferentes gestiones, período en los que fueron detectadas varias irregularidades. Alguna de ellas, incluso, objeto de una denuncia penal.
Desde 1997 –año en que comenzó a tramitarse el proyecto- a la fecha, no hay registro del paso del expediente por el Concejo Deliberante, a pesar de existir excepciones al Código de Edificación que deberían haber sido tratadas, debatidas y aprobadas -o no- por ese cuerpo. En todo caso, existía una segunda alternativa para el otorgamiento del visto bueno, que tenía que ver con la firma de un decreto por parte de los intendentes. Pero no sucedió. La mayor cantidad de irregularidades se sucedieron durante la gestión de Eduardo Cicchitti, mientras que en la de Fayad las tramitaciones fueron muchas menos. Igualmente, el Código de Edificación no fue respetado, y no existe comprobante alguno que pueda contrarrestar esa situación.
Las desprolijidades administrativas y legales durante la construcción del hotel fueron detectadas y analizadas por una comisión interna de la Dirección de Obras Privadas, que, según consta en la foja 324, recomendó que cada detalle informado fuese evaluado por el cuerpo legislativo. Sin embargo, por alguna razón no aclarada, desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos -en ese momento estaba a cargo de Oscar Giuberti- el expediente nunca siguió su curso natural.
De acuerdo con la respuesta dada por la actual gestión, ante un pedido formal de acceso a la información pública, se detalló que los aspectos de la obra que están fuera de la norma tienen que ver con la autorización de instalar entradas para cocheras frente a árboles existentes, la altura de basamento y el perfil lateral en los pisos 15 y 16.
Tanto el actual Director de Obras Privadas, Guillermo Ramírez, como la Secretaria de Infraestructura, Servicio y Ambiente, Laura Profili, conocían la existencia de las excepciones, pero aseguraron no haber estado al tanto de que nunca fueron aprobadas por el Concejo Deliberante.
“Sólo la que tiene que ver con los forestales es aprobada, generalmente, por la Dirección o por la Secretaría, pero las otras no”, confirmaron.
En las fojas 366, 367 y 373 figuran los pedidos de informes hechos por concejales, primero, para solicitar la remisión del expediente para su estudio; segundo, para pedir explicaciones sobre por qué nunca fue enviado desde el órgano Ejecutivo municipal.
Frente a la falta de respuesta, los ediles Juan Carlos Membrives y Oscar Ramírez presentaron en septiembre del año pasado una denuncia penal en la Segunda Fiscalía Correccional, a cargo de Anabel Orozco de Pesce.
La causa tuvo un impulso lógico inicial. Se les tomó declaración testimonial a los denunciantes y se incorporaron algunas pruebas; por ejemplo, la mencionada foja 324, que sugería que las excepciones fueran aprobadas por el Concejo. El último movimiento que tuvo el expediente judicial se remite al 28 de noviembre de 2007 y presentaba un panorama al menos complicado para funcionarios y ex funcionarios municipales. La fiscal había decidido resolver un avoque inicial –una imputación- contra "NN u organismo gubernamental por incumplimiento de los deberes de funcionario público". Estaba claro que alguien había actuado mal; que todo lo vinculado con las excepciones a la construcción del Sheraton debería haber pasado por el Concejo Deliberante, lo que nunca sucedió.
La denuncia murió en esa última resolución. Nunca más hubo novedades en el caso; los concejales dejaron de aportar pruebas y la fiscal –actualmente de licencia- no procuró determinar quiénes eran los responsables de las fallas administrativas que habían configurado un delito.
Juez y parte
La etapa más importante de la construcción del hotel, estuvo a cargo de Jorge Anzorena, quien, además de desempeñarse como director de Obras Privadas, fue contratado por los accionistas para trabajar como comisionista y tramitar la compra de los terrenos lindantes.
Entre las desprolijidades existentes en este proceso, el caso de Anzorena fue el más notorio. Cualquier falencia detectada en la obra lo hubiese puesto ante un dilema clave: redactar un informe y proponer la suspensión del proyecto, o hacer de cuenta que no había pasado nada y seguir adelante con sus dos actividades. Anzorena fue desplazado de su cargo por Eduardo Cicchitti a causa de este tema.
En el periodo en cuestión, además, se perdieron todos los expedientes por las denuncias hechas por José Mateu, un abogado vecino del Sheraton que se quejó con las autoridades de turno por los perjuicios que, afirmó, le causó la obra. Cada denuncia presentada era un expediente que se extraviaba. De todos modos, las presentaciones fueron reconstruidas.
“Eso ocurre porque las inspecciones no están hechas por los inspectores, sino por los jefes de área. Hay inspectores a los que directamente no dejan entrar a algunas obras; sólo van los jefes acompañados por los dueños de los emprendimientos”, declaró un funcionario.
Estos episodios, además de alimentar las sospechas de hechos de corrupción, son el reflejo de los salvoconductos y los tráficos de influencia que se buscan para, en algunos casos, evitar la burocracia que puede frenar grandes inversiones. De ahí, la necesidad de crear reglas de juego claras, y que los empresarios estén a la vez dispuestos a respetarlas, antes que a buscar atajos.
Ciudad en flor
El 4 de agosto de 2005 se resolvió categorizar el proyecto “construcción hotel internacional”, propiedad de K-Bin SA, como de medio impacto ambiental, y se estableció un procedimiento a seguir para lograr la factibilidad ambiental. El visto bueno llegó unos meses después, el 28 de febrero de 2006, a través de la resolución DGA 151-D-2006. Ese mismo año, la empresa presentó una nota-compromiso para mantener los forestales de la zona, aunque una de las multas impuestas por la comuna tiene que ver, precisamente, con el corte del arbolado para instalación de una marquesina o canopy y con inconvenientes durante la obra que son frecuentes en edificaciones de esta magnitud.
Si bien desde la empresa prefirieron no hablar al respecto, una fuente señaló que, además de abonar el importe de la multa, ofrecerán al municipio la donación de la cantidad de árboles que la comuna considere necesario.
Para Gerardo Montaruli, presidente del Colegio de Arquitectos de Mendoza, nada de esto debería ocurrir. Sin entrar en el detalle de la construcción del hotel, aclaró que “de nada sirve tener un Código de Edificación si lo único que se hace es otorgar excepciones. En todo caso, habría que convertirlo en regla, pero para eso hay que debatir qué ciudad queremos. Lo auspicioso es que la actual gestión nos haya convocado para empezar a plantearnos estas cosas”.
La intervención del Concejo
“Las ordenanzas las tienen que cumplir todos. Y si por alguna razón justificada alguien no la cumple, sólo el Concejo puede autorizarlo”. La afirmación del presidente del HCD de Capital, Guillermo Yazlli, es la antítesis de lo que muestra el expediente 4150-L-97, más conocido en la comuna como “el expediente del Sheraton”. Yazlli ya era concejal cuando se tramitó la mayor parte del expediente.
Fuente: mdzol
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