El Gobierno uruguayo prepara fuertes controles para evitar el lavado de dinero en casinos

Uruguay - Ricardo Gil Iribarne, secretario general de la Junta Antilavado de Activos, informó que este año el gobierno hará fuertes controles sobre la operativa de los casinos y elaborará un reglamento con medidas para evitar casos de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
Estas medidas están relacionadas a la última evaluación realizada sobre Uruguay por el FMI, que ubica a los casinos dentro de los negocios de riesgo para el blanqueo de capitales que generalmente proviene del narcotráfico.
En Uruguay los casinos son estatales, municipales, mixtos y el único totalmente privado es el del Hotel Conrad de Punta del Este que es por lejos el de mayor volumen de juego. Sin embargo las sospechas de lavado no recaen sobre ese establecimiento, que por ser parte de una cadena internacional cumple un reglamento para evitar el blanqueo.
La ley 17.835, impone a los casinos, además de las financieras, bancos y casas de cambio, reportar operaciones que puedan resultar “sospechosas” de lavado de dinero.
Además esas empresas deben tomar medidas para tener un “conocimiento” de sus clientes y otras medidas concretas vinculadas al manejo de cheques o transferencias que puedan hacerse entre bancos, triangulando con casinos.
“Cuanto mayor es el volumen de apuestas mayor es el riesgo de lavado”, comentó Gil Iribarne.
En los casinos la forma más fácil de lavar dinero es en “los juegos de paño” (ruleta, cartas) que en los establecimientos estatales reciben el 20% de las apuestas. El restante 80% son slots (tragamonedas). En el Mantra de Punta del Este –de administración mixta entre el Estado y privados– 85% del juego son los tradicionales sobre paño y el 15% restante son slots, según fuentes oficiales.
Lo cierto es que durante 2007 los casinos reportaron al Banco Central “dos” actividades sospechosas de lavado, lo que se considera un número muy bajo, pero las investigaciones iniciadas no determinaron que en esos establecimientos haya blanqueo de dinero.
Fuente: El Observador (Uruguay)