El Kasino Flotante de Kristóbal López

Argentina - Reseña cronológica sobre el conflicto del Casino.
El 2 de Mayo de 2007 se cerraron por primera vez las puertas del Casino Flotante de Buenos Aires, en coincidencia con la entrada de Cristóbal López como accionista. En ese momento quedaron a la deriva a 2.000 trabajadores y trabajadoras que no tenia la certeza si quedarían en al calle. Hasta esa fecha el casino era manejado por la empresa española CIRSA, dirigida por el catalán Manuel Lao Hernández. López, amigo de la familia Kirchner, formalizo su ingreso el 31 de Mayo, a través de la empresa Casino Club, quien ya contaba -para esa fecha- con la concesión de las maquinas tragamonedas del Hipódromo de Buenos Aires y 17 casinos de todo el país, aunque ya mucho antes de eso manejaba el casino. El negocio se cerró con el aporte de 100 millones de dólares por parte de López que le permitió controlar la mitad del casino de Puerto Madero. No obstante, Lao se aseguro, 20 millones de dólares mediante, participar del 50 por ciento del futuro casino de Rosario que se prevé inaugurar en 2009 y su licitación ya fue adjudicada a López.

Con el desembarco de López comienza también el conflicto 'sindical' con el SOMU (Sindicato Obreros Marítimos) dirigido por el kirchnerista Omar 'Caballo' Suárez, quien exigía que los empelados y empleadas del casino de Puerto Madero, que se encuentran en Aleara (Sindicato de trabajadores de juego de Azar, entretenimiento y recreación) se afilien a ese gremio. Los trabajadores se niegan a cambiar de sindicato porque perderían el convenio laboral, donde esta prevista la caja de empleado aporte que mejora notablemente el sueldo básico que perciben. En aquel momento denunciaron que el cierre del Casino obedecía a un lock-out patronal para obligarlos a cambiar de sindicato.


El 5 de junio mientras las trabajadoras y trabajadores del Casino Flotante reclamaban la reapertura del casino frente al Ministerio de Trabajo, fueron brutalmente reprimidos por la Policía Federal. En aquella oportunidad Olga Leguizamón, delegada de los/las trabajadores, manifestó: 'Nosotros venimos desde el 2 de Mayo con un lock-out patronal en el día de hoy vinimos como hace 34 días pidiendo la reapertura del barco. Venimos a buscar una respuesta frente a la ausencia del Sr. Tomada (Ministro de Trabajo) que no nos da respuesta a este lock-out patronal ilegal... El Ministerio fue cómplice total porque cada compañero que era golpeado era ingresado dentro del Ministerio. Y ahora el ministro dice desconocer la represión y desconocer la situación de porque llegamos a este reclamo. Aquí había una clara orden de represión.'


Finalmente el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria y el 11 de junio los empleados se aprestan a regresar a sus trabajos y son agredidos/as por un grupo de hombres que pertenecen al SOMU. Luego de este incidente parece que todo vuelve a la normalidad, hasta que el 9 de noviembre mientras se realizaba una asamblea donde se discutía la jornada de 6 horas, ingresa nuevamente una patota del SOMU, esta vez más numerosa, y golpea y amenaza a los/las trabajadores/as. Eduardo Vázquez denuncio en aquella ocasión 'nos vienen a patotear por el tema del encuadramiento gremial. Nosotros pertenecemos a ALEARA. Nos patotean para que nos sumemos a través del miedo. Nos amenazan'. Una vez más denuncian, los trabajadores, la connivencia entre la prefectura, la seguridad del casino y el sindicato SOMU para realizar estos actos de violencia.


La discusión por la reducción a una jornada de seis horas, surgía de los diversos problemas de salud que les ocasionaban las 'condiciones infrahumanas' en las que trabajan. En el Informe Salud y Condiciones Laborales, Casino Bs. As., que dieron a conocer los trabajadores, se denuncia que la mayoría sufre dolores en el cuello (afecta al 94 % de los trabajadores), de columna (91%) y de mano y muñeca (68%) entre otros. El problema más grave era el altísimo número de abortos espontáneos que se registraban a causa de las condiciones laborales; una encuesta que se realizó en el total de los trabajadores señala que hubo 23 abortos y 31 partos prematuros sobre 131 embarazos.


Luego de este hecho la patronal decidió despedir a más de 60 trabajadores/as por considerar que participaron de las agresiones del 9 de noviembre. Los/as empleados comenzaron un plan de lucha que consistió en diferentes movilizaciones y un acampe en las entradas del Casino para impedir la entrada de apostadores en exigencia del ingreso de los cesanteados. El delegado Maximiliano Oviedo afirmó: ' Están haciendo una limpieza de las personas que más les molestan...Muchos de los despedidos forman partes de la diferentes comisiones, y trabajan temas como salud o realizan la revista que publicamos dentro del casino, para informar las ultimas novedades del cuerpo de delegados. Y algunos ni siquiera estuvieron en el momento de los incidentes.' Oviedo enfatizó 'entramos todos o no entra ninguno.'


Luego de 18 días de reclamos, el 5 de diciembre, la Prefectura desalojó violentamente a las trabajadoras y trabajadores que se encontraban en el acampe, para esa fecha ya sumaban 100 los despidos. Unas horas más tarde el gobierno nacional salió a decir que nadie dispuso el desalojo y que investigaría de donde salió la orden. Luego de varias idas y venidas el Ministerio de Trabajo dicto la conciliación obligatoria de 15 días hábiles. Cuando debía reabriese el Casino la empresa prohibió el acceso de más de 80 trabajadores. La patronal realizo una presentación judicial, aduciendo que de permitirse el ingreso de 81 de los despedidos que están siendo investigados por los hechos del 9 de noviembre, significaría 'generar una situación de tensión y hasta violencia para el resto de los 1200 empleados que están trabajando normalmente'. La jueza Romilda Servini de Cubría autorizo la reapertura del Casino y apoyó la decisión de la empresa de no dejar ingresar a los cesanteados/as 'investigados'.


Mientras todo esto sucedía y los/las trabajadores pasaban las fiesta de fin de año acampando en Plaza de Mayo, esperando un gesto del 'nuevo' gobierno de Cristina de Kirchener, el secretario general de ALEARA, Daniel Amoroso -diputado del PRO- guardó silencio y se mantuvo lejos del conflicto pero firmó un acta, conjuntamente con el secretario general de SOMU y el del sindicato gastronómico, solicitando la exclusión de los 'violentos en el ámbito de trabajo'.


El 11 de enero la empresa informó la reapertura del Casino de Puerto Madero, mientras los trabajadores continúan reclamando la reincorporación de los despedidos. Para la apertura se dispuso un fuerte operativo de Prefectura para facilitar el ingreso de combis que trasladarían a empleados y jugadores. El levantamiento de la clausura fue ordenada por el juez Oyarbide, junto con una restricción impuesta a los trabajadores en conflicto, que no pueden estar a menos de 300 metros de la sede del Casino Flotante. Sin embargo esta medida fue resistida con bloqueos y en dos oportunidades las trabajadoras y trabajadores debieron soportar la represión de la prefectura.


El 14 de enero, las trabajadoras y trabajadores decidieron impedir la salida de los catamaranes que la empresa había dispuesto para saltear el bloqueo. Aprovechando que un grupo estaba realizando este bloqueo, Prefectura Naval y Policía Federal desalojó el acampe frente al Casino. Tras los incidentes, que incluyeron un trabajador detenido, las trabajadoras y trabajadores terminaron realizando una asamblea en el acampe que realizaron frente a la Facultad de Ingeniería.


'Fuimos acorralados por la Prefectura y desalojados de la puerta del Casino mediante un operativo cerrojo. Nos desalojaron la Policía y la Prefectura, nos corrieron violentamente. Se trató de un nuevo operativo escandaloso a instancias de una orden que dio el juez Oyarbide por pedido de Cristóbal López, este empresario tan poderoso que utiliza a las fuerzas de seguridad del Estado', dijo Leandro Bonagni, representante gremial (AW).


No obstante el empresario patagónico, Cristóbal López, fue premiado por el ex presidente Néstor Kirchner, quien prorrogó por diez años más la concesión del Hipódromo de Palermo, con posibilidad de otros 5 y propuso incrementar las máquinas tragamonedas. López es el beneficiario directo de la prórroga de la concesión del Hipódromo que lo habilita a explotar las tragamonedas hasta 2032, K firmó el decreto el 5 de diciembre de 2007 pero fue publicado recién el 31 de diciembre, en el boletín oficial, cuando la gestión pasó a manos de Cristina Fernández.


Entretanto Mauricio Macri, en silencio, consintió el avance del gobierno nacional sobre los juegos de apuestas, que por Constitución debería regular la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo hizo con la concesión de los bingos, cuyo producido reportaría a la ciudad mucho más que el aumento del ABL. Se calcula que sólo las máquinas tragamonedas de la Ciudad de Buenos Aires recaudarían en bruto más de 450 millones de pesos anuales. Habría que preguntarse que pacto existe entre el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires para que esto suceda.


En un comunicado de prensa, los trabajadores denunciaron que cuatro de ellos (dos delegados) fueron amenazados de muerte telefónicamente, en estas amenazas hicieron claras alusiones a ' el peligro de vida que corren tus hijos' y sus propias vidas.


Actualmente, sólo el 15% de los trabajadores está trabajando en el casino. Además, 22 de los despedidos 'por razones de trabajo, familiares o de locación, ha arreglado su desvinculación con la empresa y ha aceptado la indemnización' (frente a los más de 40 que hablan los medios)


La sombra del poder


En el conflicto del casino el actor menos conocido es Cristóbal López, su propietario. López pasó de ser un vendedor de pollos, en Comodoro Rivadavia, a un discreto, polifacético y muy poderoso personaje. Actualmente sus negocios, conocidos, abarcan la cría de caballos, el transporte de cargas y de pasajeros, medios de comunicación (diario El Patagónico y un canal de televisión), aceite de oliva, recolección y tratamiento de residuos, servicios y explotación petrolífera (Oil M&S). Además de ser propietario de miles de maquinas tragamonedas y de varios casinos en el país.


Su carrera se inicio como proveedor de YPF empresa donde construyó una relación que perdurarían en el tiempo, con Exequiel Espinoza. Espinoza fue funcionario en YPF, al tiempo que López era proveedor, más tarde se convirtió en Secretario de Hidrocarburos de Chubut y entre sus funciones estaba la de 'regular' a su amigo López. Actualmente y continuando con la relación Espinoza, ya como titular de ENARSA, puso a disposición del empresario jugosos negocios tales como la explotación de los yacimientos de YPF sin inversión de riesgo. Su ascenso meteórico despierta mas que suspicacias en especial cuando ese crecimiento va acompañado con el desarrollo del poder 'K'. Si al cuadro se le agregan los contratos a medida, varias coincidencias, muchos nombres repetidos y los continuos guiños judiciales no parecería estar hablándose de un afortunado hijo de inmigrantes sino de un poderoso testaferro.


A la vez la violencia parece ser la sombra de López, fue por la misma que aplacó los conflictos en 'Transporte Comodoro S.A', una de sus empresas y es con violencia con la que se busca amedrentar a los trabajadores del Casino siempre avalado por los poderes del Estado.


A fines del 2004 cuando se realizó una protesta contra su petrolera, los directivos recurrieron a la jueza Graciela Ruatta de Leone, quien envío un combo de fuerzas represivas.


Los trabajadores fueron atacados con gases y balas de goma. Se detuvieron a 25 manifestantes y fueron declarados 40 como prófugos. La esposa de uno de ellos, Karina Zauco, fue detenida y brutalmente golpeada en la comisaría a raíz de lo cual perdió un embarazo de casi 20 semanas de gestación. Parece ser que los conflictos laborales que se producen en las empresas de Cristóbal López siempre se repite el mismo esquema: represión policial con la venia cómplice de la jueza o juez de turno y el silencio del gobierno. Mientras tanto los trabajadores y trabajadoras del casino Flotante, se encuentra en medio de una puja de poder político y económico donde son los más vulnerables.


Un hecho curioso


En los hechos del 5 de diciembre, cuando la Prefectura desalojó el acampe de los trabajadores, además de los 11 detenidos, se informó de un prefecto gravemente herido. El cabo segundo de la Prefectura Naval César Marconi, que resultó herido cuando un adoquín pegó sobre su cabeza, fue internado en el Hospital Naval, 'en coma 4, con un derrame cerebral y sangre en uno de sus pulmones', según fuentes policiales.


Si bien todos los medios reprodujeron esta información, luego el día posterior al hecho no se tuvo información alguna sobre el estado del prefecto, ni sobre algún tipo de acción judicial sobre el agresor.
Fuente: argenpress