Juego legal contra juego ilegal

México - El impulso que durante décadas la secretaría a su cargo se ha negado a emprender, protegiendo a unos cuantos beneficiarios, ha comenzado a llegar de fuera. Se trata de:
“… Un fuerte apoyo de la Asociación Internacional de Abogados en Derecho del Juego (IMGL por sus siglas en inglés) para eliminar toda clase de operaciones ilegales y de mercado negro, y crear un ambiente fuertemente regulatorio para liberar de corrupción a la industria del juego” en México.
Eso dijo Robert Stocker, el presidente de esa organización que está ramificada en los cinco continentes con un crecimiento exponencial en Latinoamérica, donde cada vez es mayor el ingreso fiscal que es posible obtener de un mercado legalmente regulado del juego y cada vez más liberado del crimen organizado.
Robert Stocker asistió, como usted sabe, hace mes y medio a la integración de la primera Cámara Nacional de la Industria del Juego, afiliada a la Concamin, que agrupa a los diversos elementos participantes en esa actividad, y ha solicitado a las agrupaciones de abogados especializados que operan en diversos países su apoyo al esfuerzo mexicano de legalización y modernización.
O sea que mientras aquí persiste la turbiedad a partir de la autoridad que “regula” a la industria del juego, de fuera empieza a llegar el apoyo a quienes quieren una industria moderna, legal, social y económicamente rentable y ajena al oligopolio acelerado por el reglamento creado a la ineficiente e insuficiente Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Surgirán quienes pongan el grito en el cielo por las injerencias externas que le estoy apuntando pero mire, secretario Mouriño, tan sólo un ejemplo:
Juan José Marc, periodista de origen, por cierto, cuenta lo que contribuyó a lograr en la provincia argentina de Buenos Aires que agrupaba al 53 por ciento del juego que se mueve en ese país con unas dos mil máquinas de bingo y una cifra desconocida de máquinas electrónicas de juegos de azar, que en 2001 reportaban a las arcas locales unos 10 millones de pesos argentinos. En noviembre de ese año, la Legislatura de Buenos Aires prohibió todas esas máquinas y provocó una lluvia de recursos de amparo.
En 2002, el nuevo gobernador bonaerense Felipe Solá ordenó que cada máquina de juego pagara al erario provincial el 34 por ciento de sus ganancias, después de premios, y creó una red electrónica que conectó todas las máquinas de juego al organismo estatal de control, “reportando todos aquellos eventos vinculados en forma directa o indirecta con la recaudación”. Por ejemplo, que por cada máquina debía haber un empleado nominalmente contratado…
Toda la operación quedó, además, auditada “por una Universidad Nacional cuya conducción política es de signo opositor al gobierno”. Los resultados fueron que:
-En 2003 la recaudación de unas cinco mil máquinas se elevó a 208 millones de pesos (argentinos).
-En 2004, “el estado provincial recaudó 340 millones de pesos con un parque del orden de las siete mil máquinas, y en 2005 se acercó a los 500 millones, con más de nueve mil máquinas en juego”. Dejo enseguida a Juan José Marc que personalmente le explique el resto de las consecuencias:
“A partir de la sanción de la norma el sector de explotadores privados, que valoró la seguridad jurídica por la nueva situación, invirtió más de mil millones de dólares en la actividad, ampliando y renovando el parque de máquinas y sus instalaciones. Se generaron más de nueve mil empleos directos en el sector y se incrementó exponencialmente el valor global de las instalaciones de juego.
“En forma conjunta, el estado y los operadores comenzaron a destinar fondos en un plan ampliado de acción contra los efectos no deseados del juego, encarando acciones directas y a través de ONGs de apoyo y contención a las víctimas de la ludopatía, y se implementaron nuevos métodos de seguridad y control a través de las salas, transmitidos en tiempo real a un centro de control administrado por el organismo regulador.
“Simultáneamente, más de 500 entidades de bien público reciben entre 1 y 6% de la recaudación bruta de cada sala en concepto de aportes previstos en la normativa, y la totalidad del incremento de ingresos al sector público se canaliza a los presupuestos gubernamentales de acción social, salud, educación y seguridad.
“El modelo ha sido atentamente analizado por la mayoría de las provincias argentinas y ya Córdoba —segundo estado provincial en importancia— ha implementado un modelo similar…”.
¿Imagina usted, secretario Mouriño, lo que provocaría en las haciendas públicas, federal y estatales, con un vuelco de esta naturaleza de la corrupción a la legalización del juego? Bueno, el gobierno se resiste a actuar. Nadie se sorprenda, pues, si de los caminos que le he contado viene la solución…
Fuente: cronica.com