El casino flotante

Argentina - Una larga historia de protección al individuo y a su familia culminó en la prohibición de los juegos de azar en determinados distritos del país.
Tanto los partidos y políticos de derecha como los de izquierda coincidieron en la necesidad de prevenir los funestos efectos de la adicción al juego. El socialismo concebía el salario del grupo familiar como la suma de dinero necesaria para proveer los gastos más indispensables del hogar, desde la comida hasta la educación de los hijos. Restar cualquier suma de ese monto significaba sacrificar necesidades vitales de la familia, y por tanto era un factor de disgregación y promiscuidad, y con ello una amenaza a la sociedad misma. Del lado conservador, cuando el 22 de julio de 1902 el Senado de la Nación presentó un proyecto de Ley prohibiendo los juegos de azar en la Capital de la República, en su defensa el senador Carlos Pellegrini calificó al abuso del juego como “un vicio que tiene consecuencias funestas para el hombre y para la familia”, como “un síntoma de riqueza y de abundancia”, y reclamó suprimir “la incitación al vicio” expresada “por medio de avisos, carteles o de otro medio de publicidad”, de la que eran víctimas “las clases más fáciles de seducir: el pueblo trabajador, los menores de edad”. Hoy, mucho más que entonces, los medios de publicidad estatales incitan flagrantemente al juego habilitándole a esa actividad el horario central de la TV estatal y spots incesantes las 24 horas del día. La inventiva particular, por su parte, logró violar la prohibición instalando un casino en el río, a la mera distancia de un puente respecto de la ciudad. Su clientela es la población porteña. La justicia, si se precia de tal, debería clausurar sin más trámite semejante engendro. Sus empleados son traficantes de juegos de azar –una actividad prohibida– de igual modo que son los traficantes de drogas prohibidas respecto de sus empleadores capitalistas. El Estado no debería alentar que los hoy despedidos del casino flotante retornen como trabajadores al mismo. Y en todo caso, si se desea ampararlos a ellos y a sus familias, sería preferible otorgarles rentas graciables durante cierto tiempo, antes que permitirles actuar como agentes de una adicción tan perjudicial. Aquellos clientes de alto poder adquisitivo tienen abiertas las puertas de Ezeiza para dilapidar sus patrimonios en Punta del Este, Las Vegas o Montecarlo.
Por: Manuel Fernández López - pagina12