El casino estatal sí podrá abrir nuevas salas

Argentina - La norma aprobada el miércoles sólo prohíbe los proyectos privados. El gremio asegura que el plan oficial es crear más anexos.
El Gobierno aún no definió si vetará la ley que prohíbe la instalación de nuevas salas de juegos. Pero, si no la veta y finalmente la reglamenta, el Estado provincial podrá seguir asociándose con privados para abrir nuevos anexos del casino estatal. La norma, que fue aprobada el miércoles por Diputados, sólo impide la instalación de más emprendimientos privados.
El principal argumento que utilizaron los defensores de la ley, que fue impulsada en agosto por el Senado y sancionada en Diputados hace tres días, fue el combate a la ludopatía. Incluso, la ley le da al Ejecutivo dos meses para que haga un estudio referido a la adicción al juego. Sin embargo, deja la puerta abierta para que el Estado inaugure nuevas sucursales de su casino, que hace unos años empezó a extenderse a toda la provincia.
En el artículo 1 modifica la ley 5.775 que fue promulgada en 1992 y que autorizó la instalación de casinos en hoteles de cinco y cuatro estrellas, según la zona de la provincia donde se ubiquen. Por eso, si la ley entra en vigencia, no habrá nuevos casinos privados en Mendoza (con excepción del Diplomatic de Capital y Desarrollos Maipú, del departamento homónimo, porque consiguieron el decreto de acogimiento una semana antes de que se aprobara la restrictiva norma). Pero esa ley no dice nada acerca de las salas de juegos estatales.
En Mendoza, hay cinco casinos privados (Enjoy, Regency, Tower, Casino Club y Las Leñas), un casino oficial y nueve anexos repartidos en San Martín, General Alvear, Rivadavia, Malargüe, Tunuyán, San Carlos, Tupungato y Uspallata. En San Carlos hay dos anexos con tragamonedas: uno en Eugenio Bustos y otro en La Consulta.
Los nueve anexos oficiales están concesionados a empresas privadas para que los exploten. Entre los inversores se encuentran Casino de Buenos Aires (Cirsa), Ivisa, Bingo´s y Betec SA (ver aparte). La proliferación de sucursales fue parte de una política de fomento de los ingresos al fisco que llevó adelante a partir de 2001 el ex gobernador Roberto Iglesias.
Las respuestas
Una alta fuente del Ejecutivo, que pidió reserva de su nombre, confirmó que la norma sólo prohíbe los emprendimientos hoteleros con casino, que necesitan de una habilitación especial por parte de la Provincia que se llama decreto de acogimiento. "Está claro que el Estado no hace este tipo de inversiones", explicó.
Desde el gremio Unión del Personal de Juegos y Casinos , que fue uno de los impulsores de la norma aprobada, aceptaron que no restringe al Estado y marcaron su postura al respecto. "Nosotros no queremos más casinos, ni estatales ni privados; sabemos que si abren más salas cuando alguno tenga que cerrar, lo hará el Estado", dijo el secretario general del sindicato, Alejandro Campos.
El sindicalista cargó contra el titular del Instituto de Juegos y Casinos, Daniel Pereyra, por su política de juego. "Pereyra quiere abrir más salas de juego, instalar el bingo y pretende poner 1.500 máquinas tragamonedas en el hipódromo", lanzó. La ley de bingo fue publicada en el Boletín Oficial el 2 de setiembre de 2003, también durante la gestión de Iglesias, y autorizó cuatro salas provinciales que nunca se abrieron. Los Andes intentó comunicarse con Pereyra, pero no obtuvo respuesta.
En tanto, desde la Legislatura aclararon el espíritu de la norma votada por la oposición y que contó con la resistencia del oficialismo. El diputado demócrata Alberto Sánchez, quien es autor de un proyecto que prohíbe los casinos privados por diez años y que tiene sanción de Diputados, defendió la ley aprobada el miércoles. "Es una cuestión de política de juego, si el Estado prohíbe los casinos privados para no fomentar la ludopatía se supone que deberá tener la misma actitud con los estatales", sostuvo.
Fuente: losandes