Fuentes judiciales recordaron que Gallardo sigue procesado y con requerimiento fiscal de juicio oral en otra causa relacionada con el barco "Estrella de la Fortuna", cuyas salas de juegos intentó clausurar en un par de ocasiones, en el primer semestre de 2006.
En la medida ahora revocada por la Cámara, la juez federal María Servini de Cubría había procesado a Gallardo por abuso de autoridad porque, según una resolución de la Corte Suprema de la Nación, Gallardo no estaba habilitado para intervenir en asuntos relacionados con la embarcación y el magistrado conocía ese fallo.
La Sala II de la Cámara, por mayoría de sus miembros, consideró que no se había probado que Gallardo hubiera actuado con malicia -requisito para que se configure el abuso de autoridad- cuando ordenó la inspección ocular al buque "Estrella de la Fortuna" y cambió su procesamiento por una "falta de mérito".
Los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani analizaron que Gallardo "lejos de precipitarse a realizar la medida", concretada el 23 de agosto de 2004, "convocó a personal técnico especializado para evaluar los riesgos en materia de seguridad y las afectaciones al medio ambiente denunciadas".
En disidencia, el camarista Eduardo Farah sostuvo que al ordenar la inspección ocular, Gallardo violó normas legales vigentes pues, para llevarla a cabo, "dio por supuesto la existencia de hechos que conocía que eran inexactos y falsos".
Farah agregó que "en los hechos no se evidenciaron las razones de urgencia" que llevaron a Gallardo a actuar como lo hizo, ya que desde la fecha en la que el abogado Ricardo Monner Sans reclamó medidas de seguridad por presuntos problemas de flotabilidad, hasta la inspección, "transcurrieron holgados 40 días".
En otra causa, Gallardo está con procesamiento confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, como presunto autor de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por intentar la clausura del casino flotante.
El marzo y mayo de 2006, el magistrado local había intentado clausurar el casino flotante, en el marco de una polémica sobre la titularidad de la jurisdicción (Ciudad o Nación) sobre las aguas en las que permanece la embarcación en la que funcionan máquinas tragamonedas, ruletas y otros juegos de apuestas y azar.
La decisión de Gallardo fue definida por el juez federal Norberto Oyarbide como un "desempeño irregular y abusivo" y "un exceso en su accionar".
Para Oyarbide, Gallardo decidió "llevar adelante medidas excesivas, desproporcionadas, provistas de gran contenido mediático que lejos de lograr el fin jurídico propio, han causado conmoción y escándalo jurídico, generando situaciones de gravedad institucional que podrían evitarse de forma mesurada".
Fuente: elpatagonico
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