Cámara Nacional de la Industria del Juego

México - Ayer nació la Cámara Nacional de la Industria del Juego con la participación de los más importantes empresarios de los juegos y las apuestas, destacando entre los asistentes el Presidente de la “Internacional Masters of Gaming Law”, Robert Stocker II, quien es uno de los abogados del juego más respetados del mundo y quien encabeza la asociación más reconocida de abogados en el ámbito internacional. Stocker, representa a empresas como Aristocrat Technologies, Inc., Bally Technologies, Inc., Boyd Gaming Corporation, County Road Association Self Insurance Fund, Global Cash Access, Inc., GTECH Corporation, MBI International, Michigan State University Foundation, Ukrainian Gaming International, LLC, y Wolverine Energy.
El organismo concentrará al menos unas 25 empresas de entre los 24 permisionarios existentes, operadores (sólo Grupo Caliente está activo) y proveedores (la Canaju estima unas 40 empresas). Será la primera Cámara de este sector en México que mueve 800 millones de dólares al año -según la propia Canaju- y se integrará a la Confederación Nacional de Cámaras de Industria (Concamin).
Parte de la agenda que anunciaron será “promover, frente a las autoridades encargadas de la regulación del ramo, el combate a la ilegalidad (que según este nuevo organismo es de 70%), crear planes de acciones para ayudar a la sociedad tanto en la ludopatía como a segmento de menores recursos y tener participación directa en la agenda regulatoria y en la adecuación de la normatividad existente”, dijo José Luis Benavides, abogado, miembro de la IMGL y su versión Interamericana y coordinador del Grupo Promotor de la Canaju. El reglamento de juegos y sorteos está vigente apenas desde abril de 2007, luego de estar en la Corte Suprema durante dos años.
Me parece que la creación de un organismo como este es producto de la necesidad que tienen los empresarios de involucrarse en la limpia de la industria del juego y las apuestas, porque el temor de que el crimen organizado se apodere de gran parte del mercado es real, es más, hay quienes pueden dar testimonio de la forma en que han venido operando casas de juegos sin los permisos que por ley corresponde otorgar a la Secretaría de Gobernación. Esta suplantación de funciones con la complicidad de muchas autoridades municipales no tan sólo desvirtúa los beneficios de la industria, sino que permite que se cometan delitos como el lavado de dinero.
Estados como Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Chihuahua, han sido campo fértil para los facinerosos que han sentado sus reales en las ciudades más importantes sin que nadie de las autoridades locales les pueda hacer algún reclamo porque la respuesta pudiera ser violenta.
Así, mientras no exista un grupo que investigue, inspeccione y sancione formalmente, seguirán operando y con el negocio viento en popa.
El problema es que la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos no tiene elementos coactivos como para la realización de una medida de este tipo. Habrá que decir que hace algunos años el auxilio para la clausura de los centros de apuestas clandestinos lo brindaba la Dirección Federal de Seguridad, pero desde que se estructuró el Cisen con la unión de esta corporación policial y la Dirección General de Investigaciones Políticas, los interventores no cuentan con la protección suficiente para hacer valer el estado de derecho. Enviarlos a una investigación, inspección o cierre en contra de los centros que se reconocen como propiedad de los miembros del Crimen Organizado, sería tanto como entregarlos para que los victimen.
Ayer nació la Cámara Nacional de la Industria del Juego y es bueno, porque será un órgano empresarial que tendrá la oportunidad de acotar la permisibilidad de los funcionarios que regulan la industria, además de coadyuvar con la instancia gubernamental en la normalización de los juegos y las apuestas. Pero también deberá incidir en la estructuración de una nueva legislación con los integrantes de la Cámara de diputados, a quien seguiré exigiendo que se les permita participación a las distintas etnias del país para ayudarlas a salir de su postración después de 500 años. Al tiempo.
Fuente: eluniversal