Piden intervención nacional a crediticias de Posadas

Argentina - Misiones - El senador por Misiones Eduardo Torres elevó el reclamo de numerosas personas cautivas de las empresas crediticias ante Defensa del Consumidor, la Justicia y el Defensor del Pueblo de la Nación. Además se pedirá a la AFIP y la DGR que colaboren en el pedido del resumen de cuentas requerido por parte de los clientes a estas prestamistas.
El problema comenzó cuando el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) habilitó una línea de créditos, de desendeudamiento para empleados públicos. Entonces numerosos interesados concurrieron a distintas entidades no financieras a solicitar la certificación del estado de deuda para presentarla ante el organismo. Ante el reclamo, las empresas se negaron, en la mayoría de los casos a brindarles la información.
Ante esta situación Torres envió una carta al Defensor del Pueblo Anselmo Agustín Sella. A continuación la nota:
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de adjuntar a la presente, copia de Denuncia que he presentado el día 26 de Mayo de 2009, al Señor Agente Fiscal Nº 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones, al respecto de poner en conocimiento, y solicitando actuaciones urgentes por parte de este órgano Jurisdiccional, a raíz de hechos que han cobrado trascendencia en la Provincia en los últimos días.
Solicite esto, visto que actualmente la economía de los habitantes de la Provincia, se halla en peligro inminente de acciones de alto impacto sobre su frágil situación financiera; debido a que funcionan entidades financieras privadas, debidamente autorizadas, pero con un actuar poco decente teniendo en cuenta tal realidad.
Tiene esto su causa en el anuncio realizado por el Gobernador de la Provincia, el 01 de Mayo del corriente año, donde lanzó una línea de créditos blandos, específicamente para los empleados públicos de la Provincia; lo cual se llevaría a cabo, con la intervención del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLYC SE), quien sería el administrador del fondo destinado a ese fin.
Este crédito tendría como objetivo quitar de la acuciante situación por la atraviesan los empleados públicos de la provincia, que asfixiados por la actual realidad económica, se ven obligados a recurrir a estas empresas financieras que proponen dinero rápido y de fácil obtención, pero sin dejar notar la extraordinaria carga que representará luego para el cliente, con los astronómicos intereses que aplican. Una actitud rayana a la usura como se menciona en la denuncia presentada.
Desmedida fue la sorpresa, de los eventuales beneficiarios de éste, cuando motivados por dicho anuncio acudieron a las empresas (en el caso especifico se pudo constatar una hasta el momento, CREDINEA CONFINA S.A, con sucursal Posadas) a solicitar extracto con detalle de la deuda que mantienen con dicha empresa e informe detallado de la quita que obtendrían por la cancelación anticipada y en efectivo del mismo, ante lo cual obtuvieron nada más que excusas infundadas y negativas por parte de los funcionarios de esa empresa. Y esto, según tenemos entendido, está sucediendo con otras financieras locales. Hay aquí un grave daño a los derechos de los usuarios, específicamente al de la información, entre otros sin entrar en detalles, creí conveniente señor defensor del pueblo, que dada su autonomía y funciones, es un caso que debe tener su intervención pronta pues están en juego derechos de los ciudadanos y peligra también los proyectos del gobierno. Considero necesaria su participación en el caso pues estas empresas no sólo funcionan en la Provincia de Misiones, sino que aquí únicamente funcionan sucursales, y tengo entendido que hay otras en el resto del país, y la situación no debe ser muy distinta.
Por ello es que le reiteremos su pronta actuación para que no aparezcan nuevos casos similares.
Las acciones que realizan estas empresas, contrariando principios y derechos elementales, están a la vista. Lo que hemos solicitado anteriormente y en esta presentación, a todas luces pone de manifiesto el incumplimiento del Art. 42 de la Constitución Nacional.
Visto el compromiso manifiesto de la Defensoría, me pongo a su disposición para todo lo relativo a la cuestión que preocupa. Cuente con mi apoyo incondicional al respecto, ya que la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene jurisdicción en cuanto al territorio, que defendemos de los intereses economicistas irresponsables.
Atentamente.
Fuente: lineacapital