Uruguay - Casinos del Estado tiene un plan para renovar 1.000 slots licitando 29 casinos.
Las propuestas licitaciones para 29 Casinos del Estado en Uruguay por la actual administración no dejan de ser interesantes porque en efecto de lo que se trata es de inversiones en salas de juego donde los inversionistas no pueden operar los casinos. Esta es en si, la naturaleza de la propuesta del país sudamericano. La inversión es buena para quienes están en el negocio de arrendar maquinas o trabajarlas en sociedad compartida con el operador.
De lo que se trata es que en Uruguay, se necesita renovar el parque de máquinas de juego de los casinos municipales, y según el director nacional de Casinos, Fernando Nopitsch, de las 2.500 máquinas existentes en los Casinos del Estado, 1.000 están obsoletas, y el gobierno tiene otras prioridades, por lo que propone que “los particulares pongan el dinero para la apertura de salas con nuevos slots, pero los que gerenciarán eso serán funcionarios del Estado”.
Aparte de esto, parece que el Gobierno quiere quitarse un problema político de encima por el mal manejo de los casinos municipales de Montevideo entre 2000-2005, cuando perdieron más de US $14 millones. Hasta ahora la Justicia del país se encuentra entrevistando a políticos y funcionarios para determinar quiénes aparte del director de casinos municipales, Juan Carlos Bengoa y dos de sus funcionarios, tuvieron las manos en la masa.
Con excepción de Montevideo, donde la Intendencia Municipal ya licitó el antiguo Casino Hotel Carrasco, la licitación abarcará a casi todas las salas de los Casinos del Estado en el interior del país, y también permitirá la instalación de emprendimientos mixtos entre el Estado y sociedades particulares en provincias donde no existen salas de juego o casinos.
Según el sistema mixto, empresarios privados del sector del juego invierten en centros turísticos, deportivos, culturales o comerciales para instalar un casino, que será explotado por la Dirección Nacional de Casinos. El inversor percibe una contraprestación por concepto de arrendamiento del inmueble, que consiste en un porcentaje de los beneficios generados por los casinos.
Según Nopitsch, los funcionarios estatales gestionarán el juego dentro de la sala arrendada, mientras que los empresarios privados se obligan a prestar los servicios de control, seguridad, vigilancia, mantenimiento, conservación y limpieza de las salas de juego. Estos también deberán prestar los servicios de promoción de la sala de juego y realizar tareas de intermediación turística para incentivar la concurrencia del público, especialmente turistas.
Fuente: casinocompendium
jueves, 21 de mayo de 2009
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