Vuelve el fantasma de las maquinitas al Hipódromo

Argentina - Tucumán - El legislador Raed desató la polémica cuando reconoció que instalar tragamonedas ayudaría a compensar las magras ganancias de las carreras.
Los opositores y hasta los oficialistas repudiaron la propuesta, pero Raed luego habló de reubicar máquinas de la propia Caja Popular.
Las 42 hectáreas del Hipódromo pasaron al patrimonio de la Caja Popular de Ahorros, con la aprobación de la transferencia de la titularidad dominial que estaba en cabeza de la Provincia. La ley fue sancionada ayer por la Legislatura, con el voto negativo en soledad de Osvaldo Cirnigliaro.
La nueva situación no modificará la concesión, que está a cargo del Jockey Club (seguirá siendo responsable del personal y de la deuda existente), aunque obligará a renegociar sus términos.
La ley prohíbe expresamente la enajenación, permuta, donación o disposición del inmueble. Nada dice sobre su uso comercial aparte de las carreras de caballos, o sobre la posibilidad de que se instalen en el lugar juegos de azar (manuales o electrónicos), cuya administración y gestión tiene reservada la Caja. La posibilidad de que haya máquinas tragamonedas en el edificio del parque 9 de Julio fue polémica hace cuatro años, con la pretendida llegada de Casino Club a ese predio, que finalmente se frustró por la actuación judicial de ONG.
Los contrapuntos
Que el predio pueda transformarse en una sala de juegos fue expresamente reconocido por el justicialista Antonio Raed. El parlamentario justificó su postura como una manera de salvar los magros ingresos por las carreras y compensar las cuentas en rojo. “Se podrían instalar maquinitas pero, para que ningún ambientalista se agravie, no habría que poner ni un sólo ladrillo”, afirmó, en referencia a los actores de la causa judicial que impidió el desembarco de la empresa privada en ese espacio.
Su intervención sonó a confesión de objetivos, y motivó la reacción de muchos de sus pares del PJ. Oscar Godoy salió inmediatamente al cruce y minimizó sus dichos. “No creo que sea esa la intención -afirmó, respecto a las tragamonedas-. El fin de la Caja es estar al servicio de la comunidad, y lo está haciendo con altura”.
El radical José Cano, que apoyó el proyecto, se alarmó por los dichos de Raed. “Hay que sacar a Tucumán de la timba. Deberíamos saber cuánto es el déficit para no sentirnos engañados. Se habla de $ 2,5 millones por año”, sostuvo.
Raed relativizó sus palabras. “Lo que dije lo dije a título ejemplificativo. La gestión de los hipódromos prevé hoy otras actividades lúdicas para equilibrar sus cuentas deficitarias. Hablo de la reubicación de máquinas en funcionamiento y de gestión propia de la Caja, no de terceros, y dentro del cupo actual, no con ampliación de la cantidad que hay actualmente. Las tragamonedas son una gangrena social”, intentó aclarar, infructuosamente.
Críticas peronistas
La oficialista Carolina Vargas Aignasse cruzó al entusiasta Raed, y reclamó que se limite el debate a la transferencia del inmueble. “En ninguna de las reuniones mantenidas y en ningún artículo se contempla algo ajeno a esta cuestión”, puntualizó, visiblemente molesta por el desvío del tema. Antes había explicado en detalle las idas y vueltas legales sobre el terreno (originalmente eran 78 hectáreas) y sus inmuebles, con concesiones que se remontan a un decreto de 1927. “Este proyecto pretende que se capitalice la Caja. Empezará una nueva relación con el Jockey Club, de cooperación mutua”, remarcó.
Raed también recibió el reto irónico del presidente del bloque Tucumán Crece, Roque Tobías Alvarez. “Parece que en este debate se mancó una yegua. Consultamos a las autoridades de la Caja si iban a poner maquinitas, y nos dijeron que no estaban en sus planes. Nos contaron su sueño de habilitar canchas de deportes que no dañen la pista”, señaló. Agregó que la Provincia no se deshace de nada, porque la Caja es un ente descentralizado del Estado.
El opositor Esteban Jerez también avaló el proyecto original que llegó recinto al reivindicar la necesidad de que crezca el capital de la entidad crediticia estatal. A la vez, pidió, y logró, que se suprima la exigencia de que se fije un canon. Recordó el convenio caído con Casino Club (para instalar 1.000 tragamonedas), de $ 40.000 por mes.
“Siempre soñé ser propietario de un caballo de carreras -admitió Cirnigliaro-. No soy ajeno a esa actividad, porque pasé hermosos momentos de niñez y juventud. El que va al Hipódromo no es un ludópata, muy distinto de lo que pasa con las maquinitas”. El laborista se quejó de que el proyecto no explique los motivos del traspaso y los vinculó con intenciones ocultas, posiblemente políticas, al justificar su rechazo a la norma.
El cobista Jorge Mendía se centró en la prohibición de que el patrimonio salga de manos del Estado y en la protección de los trabajadores hípicos.
Fuente: lagaceta/J. P. Sanchez Noli