Denuncian irregularidades en el Instituto Provincial de Loterías y Casinos

Argentina - La Plata - El diputado Walter Martello presentó en la Cámara Baja un proyecto de solicitud de informes para que el Ejecutivo provincial responda sobre una serie de irregularidades denunciadas en el Departamento Judicial de Mar del Plata.
Asimismo, en la denuncia, se solicita la inconstitucionalidad del régimen que regula la actividad del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de esta Provincia, y en forma especial del Decreto 2576/08, aún no publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
En su proyecto, el legislador de la Coalición Cívica solicita que el Gobierno Provincial responda por escrito si las empresas GAMMALINK S.A. y BINGO NORTE o NORTE BINGO, se hallan registradas como proveedoras del estado provincial y en su caso amplia información al respecto, en especial sobre su situación con ARBA.
Además, se solicita un amplio informe con relación a la implementación del sistema denominado RULETAS TTR, por las autoridades del Instituto Provincial de Loterías y Casinos con sede delegada en Mar del Plata y también que se produzca amplio informe en relación a presuntas irregularidades con “fondos extras” de una empresa privada, en los Fondos de Caja de Empleados y Bonificación Compensatoria, que resultan en perjuicio del personal.
En los fundamentos del proyecto, al cual 0223.com.ar tuvo acceso, se vuelcan datos de la denuncia presentada, la cual establece que “nuestra provincia ha perdido el control y ganancia de parte de lo producido por la explotación de las salas de juegos de los casinos poniendo a disposición de los empresarios la estructura edilicia, el personal y lo grave, el respaldo de las arcas del Estado ante cualquier evento”.
En el mismo orden, la denuncia agrega que “desde un análisis racional, no puede admitirse un Estado que se declara contrario a la promoción del juego y que, al mismo tiempo, entrega la actividad a la dinámica empresarial privada. Tampoco resulta lógico que, teniendo como objetivo la distribución social de las ganancias del juego, se desvíen dichas utilidades hacia organizaciones con fines de lucro”.
También se establece que “el segundo es otro hecho de inusitada gravedad y tiene que ver con el ordenamiento jurídico de la provincia que ha sido violentado, La Ley 10.305, es la que crea y reglamenta los distintos tipos de juegos de azar que la provincia admite que sean explotados en su territorio, muchos de los cuales son preexistentes y surgieron como necesidad local o a través de convenios con otras Loterías del país”.
Otro de los puntos denunciados volcados en los fundamentos señala que “el tercer aspecto, tal vez el mas relevante por su actualidad y dada la modalidad del sistema que se pretende establecer, configura una potente amenaza de destrucción de la fuente laboral eliminando puestos de trabajo, provocando un caos social muy difícil de sobrellevar ante la delicada situación de orden mundial planteada por la grave crisis, de publico conocimiento”.
Asimismo, se deja mención que en la presentación se denuncian los siguientes hechos: “el día 24 de Noviembre de 2006 el presidente de la Asociación de Empleados de Casinos, el señor Jorge Baino, en una arenga dirigida a los empleados presentes en la sala de descanso comunica la decisión del señor Atilio Di Paolo, de instalar dicho sistema en la sala del Casino central, lo que provoco un caos, corridas y agresiones, hasta que se retiró dicho sistema, los hechos acá narrados dieron lugar a una serie de acontecimientos que culmino con una asamblea en las instalaciones de la A.E.C. que rechazo la instalación de las mesas de ruletas TTR en todos los casinos, por considerarlos nocivos a los intereses de los empleados.”
“Las actuaciones que continuaron, fueron muy traumáticas para los empleados, que tuvimos que soportar cierto tipo de ‘apriete’ por parte de las autoridades que se negaban a pagar, un porcentaje que se estipulo como concepto de 3% por productividad de la producido por las maquinas tragamonedas, y a veces como premio por capacitación y estimulo, un dinero de cifras variables pagaderos trimestralmente del cual no se tiene a ciencia cierta, el origen y porque se efectúa sin los aportes legales correspondientes, esto derivo en medidas de fuerza, que incluso llevo al cierre del Casino y se produjeron incidentes como la quema de gomas en las puertas de las instalaciones, por parte del sector sindical”.
Por último, se establece que esta acción, fue entablada en el Juzgado de Garantías del Joven nº 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo de la Jueza Dra. Patricia Alejandra Gutierrez, la cual con fecha 16 de febrero del corriente año, la rechazó en límine, por manifiesta improcedencia, teniendo en cuenta la existencia de otros recursos procesales para la resolución del conflicto planteado, especialmente en lo contencioso administrativo. No obstante, el diputado Walter Martello consideró que, ante estas posibles irregularidades, se hace necesario el conocimiento por parte del Gobierno Provincial.
Fuente: 0223 - Federico Serra