Alcaldes acuerdan frente común para defender recursos de casinos

Chile - Flanqueda por los cuatro alcaldes con los cuales busca crear un frente común en defensa de los ingresos provenientes del Casino (el jefe comunal de Puerto Varas representó también a su colega de Puerto Natales), además de un representante de la Municipalidad de Arica, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, leyó pasadas las 17.40 horas de ayer, en uno de los salones del tercer piso del Casino de Viña del Mar, la llamada “Declaración de Viña del Mar”, que contiene la postura común sobre los perjuicios que le ocasionará la Ley 19.995 y las acciones a seguir.
El documento surgió como conclusión de la cita que sostuvieron durante la jornada y significó la primera postura conjunta en defensa de los dineros que entregan las salas de juegos a Arica, Iquique, Coquimbo, Pucón, Puerto Varas, Puerto Natales y Viña del Mar.
Los alcaldes ayer acordaron llevar el tema al interior de los respectivos concejos municipales y analizarlo con sus departamentos jurídicos, para reunirse nuevamente en Viña el 8 de mayo.
LA DECLARACIÓN
En su primer punto, la declaración señala que los alcaldes “han llegado a la convicción que los artículos 2º y 3º transitorios de la Ley 19.995, que caducan las licencias otorgadas por ley a las municipalidades..., para operar y explotar casinos en esas ciudades, son inconstitucionales ya que atentan contra las normas y garantìas establecidas en la Constitución Política de la República en diversos aspectos, entre los que destacan el hecho de constituir una expropiación de sus derechos legítimamente constituidos, sin indemnización o compensación alguna y aprobada sin cumplir las formalidades correspondientes”.
Luego, continúa el documento, “esas disposiciones inconstitucionales provocan perjuicios irreparables a las ciudades antes referidas, al privárseles a contar de 2016 de importantes recursos destinados al desarrollo de sus ciudades y a la atención de sus comunidades, sin establecer ningún tipo de compensación”.
Atentado inconstitucional
El tercer punto expresa que “los comparecientes no pueden permanecer indiferentes ante este atentado inconstitucional, ni menos permitir que se afecte para siempre el futuro de sus ciudades”.
Junto con lo anterior, la Declaración indica que “los alcaldes no solicitan el otorgamiento de privilegios especiales, sino sólo que se les permita continuar desarrollando sus comunas como fue el espíritu de las leyes que crearon sus casinos, ya sea manteniendo las licencias de juego, sea recibiendo compensaciones por los perjuicios que esta nueva ley provoca”.
El quinto punto expresa que “en base a lo anterior, acuerdan agotar todas las instancias tanto de carácter administrativas, como legislativas e incluso jurisdiccionales, que la gravedad de la situación amerita”.
Finaliza el documento estableciendo que “para lograr este objetivo, comenzaremos en el seno de nuestros concejos municipales, de acuerdo a la agenda de trabajo conjunto”.
Autorización desde 1928
Fernando Ramírez, abogado de la Municipalidad de Viña del Mar, señaló a la salida de la reunión que su función será “revisar la legalidad de un texto legal que pretende privar a la Municipalidad de un derecho de propiedad”.
Hay que tener presente, dijo, que “la Municipalidad de Viña, desde el año 1928, fue autorizada para explotar un casino y percibir sus utilidades. Una vez que la ley otorga eso, entonces, eso se convierte en un bien que se incorporó a su patrimonio. Es un bien municipal. Y, en consecuencia, sobre ese bien muncipal, la Municipalidad, que es la dueña, tiene el derecho de propiedad y esa propiedad está garantizada por la Constitución. Luego, ninguna ley simple puede, sin someterse a las formalidades constitucionales y sin una compensación, privar al municipio de este bien”.
Ramírez acusó que la ley está formalmente dictada sin cumplir con la formalidades de forma y fondo”.
A la consulta de si no se estaría actuando tardíamente, respondió que “acá hubo cierta visión, seguramente, de las autoridades de la época. Esas visiones se reflejan y se explican porque si leemos la actas del Senado, la Subsecretaría de Desarrollo Regional se comprometió de manera expresa a respetar el derecho adquirido de las municipalidades. Los senadores que intervinieron en la aprobación de la idea de legislar, expresamente lo hicieron bajo este compromiso. Sin embargo, en la tramitación de ley, ese compromiso no se transformó en un texto expreso”.
Sobre los pasos a seguir, sostuvo que los alcaldes se comprometieron “a actuar de consuno, a revisar la estrategia que van a realizar. No se descarta desde luego la reforma de la ley. Y, por ende, no hay la decisión adoptada de tomar las acciones judiciales y presentaciones de demandas, hasta que no esté allanado o realizadas las gestiones que, eventualmente, la autoridad podría acoger”.
OFENSIVA POR DOS VÍAS
Consultada sobre la materia, la alcaldesa de Viña del Mar dijo que, en caso de no poder revertir el actual panorama, “son ingresos que no vamos a tener y vamos a tener que dejar de hacer muchas cosas”.
En tanto, el administrador municipal viñamarino, PabloStaig, manifestó que la ofensiva municipal desde ahora se analizará y enfocará por los conductos judiciales y legislativos.
“No se descarta ninguna vía. Una es la de la conversación y el convencer a las autoridades legislativas y ejecutivas de que por ser inconstitucional los artìculos 2º y 3º transitorios, deben ser modificados, y la otra posibilidad, que va paralela, que por esa misma inconstitucionalidad se tramite por tribunales si las autoridades no escuchan el clamor de las municipalidades”.
El alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, destacó que “soy el único alcalde que se ha mantenido durante todos los años de discusión de esta famosa ley, donde nosotros siempre la consideramos que era un despojo para las ciudades históricas con casinos de juego y felizmente hoy se ha llegado a una muy sana conclusión de nuevamente unificar criterios y las siete comunas históricas de las casinos de Chile de hacer un flanco común”.
Coquimbo apoya
El jefe comunal de Coquimbo, Oscar Pereira, destacó que “doña Virginia nos llamó a las alcaldes a hacer un frente común, apoyarla, y este es un beneficio para los siete municipios del país, porque vamos a ver en desmedro nuestros ingresos, con los cuales hacemos obras”.
Y agregó Pereira que, en su caso, las pérdidas serían del orden de los mil 500 millones de pesos anuales. Lo anterior, considerando que el año 2008 el Casino de Coquimbo percibió dos mil 700 millones de pesos en total.
Fuente: mercurio