A contramano

Argentina - Cuando en el mundo la idea central es trabajar sobre leyes que motoricen una regulación efectiva, invirtiendo buena parte de sus ganancias en áreas sensibles como salud, educación y seguridad, en la Argentina se hace todo lo contrario.
Asís Nicolás
Contador. Ex legislador. Ex gerente general del Banco Social entre 1995 y 1997
Hace algunas semanas, en estas páginas, denunciábamos la impunidad con que los estados nacional y provincial deciden quiénes y cómo deben manejar el negocio del juego en el país y en Córdoba.
“Insignificante papel del Estado frente al juego”, fue el título del comentario que desnudaba los contratos entre Néstor Kirchner y su fiel amigo patagónico, Cristóbal López, a quien prorrogó hasta el año 2032 la concesión del Hipódromo Argentino de Palermo, pese a que la concesión recién concluía en 2017. También lo benefició con un aumento de hasta 70 por ciento en la cantidad de tragamonedas (slots): de las tres mil actuales a 5.100.
Mientras en nuestra Nación el tema del negocio del juego es un “viva la pepa”, con un Estado ausente cuando no permisivo, con aberrantes monopolios y contubernios, con cientos de millones de pesos que se quitan a los que menos tienen, para engrosar las cuentas de los que más ostentan, en otros países los modelos privilegian la transparencia y la competencia leal entre los operadores del sistema.
Por ejemplo, en la Argentina no existe ningún organismo técnico que esté capacitado para homologar las máquinas tragamonedas. Es otro eslabón del esquema perverso, instrumentado desde un tiempo a esta parte. El modelo nacional es distribuir las tragamonedas de tal forma que estén al alcance de toda la población, donde se perjudican los sectores más vulnerables.
El otro modelo (Estados Unidos, por ejemplo) crea áreas específicas (Las Vegas, Atlantic City), destinadas al juego y la recreación, como grandes hoteles con shoppings y casinos. Incluye también la competencia entre los operadores, dentro de rígidas normas legales de concesión, homologación y control.
El Estado actúa como celoso custodio del juego, a partir de normativas que deben cumplirse fielmente y con un rigor impositivo que impide cualquier tipo de evasión.
O sea, cuando en el mundo la idea central es trabajar sobre leyes y acciones que motoricen una regulación efectiva, activa y eficiente sobre el negocio del juego, invirtiendo buena parte de sus ganancias en áreas sensibles de la población, como salud, educación y seguridad, en la República Argentina se hace todo lo contrario.
Ejemplos concretos. En la capital de Rusia, en enero de 2006 había la friolera de 2.770 casinos, al punto que a Moscú la llamaban la meca de los juegos de azar. Actualmente quedan sólo 537 locales que pronto deberán cerrar sus puertas, pues se aprobó una ley por la que se delimitan cuatro regiones escasamente pobladas para que sólo allí se puedan instalar salas de juego.
Ante esta situación, la denominada “mafia rusa”, que manejaba los juegos de azar en el país, ha comenzado a buscar otros horizontes: en Costa Rica está por instalar un casino y en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ya funcionan 280 tragamonedas.
En Chile existe la denominada Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) que recientemente ha iniciado un proceso de acreditación a través de los “Laboratorios de certificación” que –como el nombre lo indica– verifican todas las tragamonedas del país, para que cumplan con las normas técnicas que el organismo regulador y fiscalizador determine.
Esas normas fueron desarrolladas conforme a los estándares técnicos que rigen para el juego regulado a nivel mundial, en áreas de casinos de juego consolidadas como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.
Así, en Chile –como no ocurre en Argentina– las máquinas tragamonedas deben estar homologadas (comprobar el cumplimiento de determinadas especificaciones o características de un objeto o de una acción). En el caso de España, como la regulación del juego está fuera del ámbito de la Unión Europea (UE), cada Estado miembro la realiza de forma particular y, en el caso de España, cada comunidad autónoma lo define.
Por cifra de negocio, España es el tercer país, detrás del Reino Unido y Grecia en mesas, pero por debajo de la media en máquinas tragamonedas. Hay 40 casinos en todo el territorio peninsular, más otros dos que abren sólo en el verano. El sector mantiene varios miles de empleados y sus ingresos brutos anuales están en el orden de los 540 millones de euros.
La alta fiscalidad y los juegos on line ilegales son los dos retos que tiene por delante el sector español de los casinos de juego. En ambos casos, el Estado español está trabajando a fin de evitar atropellos e irregularidades. Podríamos enumerar más ejemplos donde el juego contribuye a la recreación de la sociedad (particularmente, de aquellos que están en condiciones económicas de gastar dinero) y cumple una función social indubitable, trasladando la mayor parte de las ganancias a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
En la Argentina, quedó dicho, la realidad nos muestra un descontrol absoluto, en el que cada uno hace lo que quiere y el Estado a veces mira para otro lado pero otras, muchas más, es el protagonista principal de la estafa.
Ni más ni menos.
Fuente: lavoz.com