Grupo Barceló denuncia acoso del Gobierno de Managua y pide levantar embargo

Nicaragua - El grupo empresarial hotelero español Barceló se declaró hoy 'acosado' por el Gobierno de Nicaragua y le pidió que levante un embargo preventivo en contra de uno de sus hoteles.
Ejecutivos de Barceló ofrecieron hoy una rueda de prensa en Managua en la que negaron que ese grupo tenga deudas con el Estado nicaragüense y criticaron al Gobierno de Daniel Ortega por tratar a la empresa hotelera como 'delincuentes'.
Un juez de Managua aplicó un 'secuestro preventivo' hace tres semanas contra un hotel del grupo empresarial español a petición de la Procuraduría General de la República, que depende directamente de Ortega.
El representante legal y asesor jurídico de Barceló en Nicaragua, Tomás Delaney, afirmó que ese embargo preventivo no está basado en alguna demanda concreta y ni siquiera conocen el expediente que se ha levantado.
En Nicaragua se puede solicitar una orden de embargo preventivo sin mediar una demanda o acusación concreta, que sí debe ser presentada posteriormente en el plazo indicado para que el proceso siga abierto o rechazado, lo cual no se ha hecho hasta hoy.
'El grupo Barceló se encuentra en una situación, por un lado, ampliando sus operaciones (en Nicaragua), y por otro lado, siendo acosado por el Gobierno de una manera que considera injusta', señaló el abogado.
Delaney dijo que desde que Barceló informó que planea construir un nuevo hotel en Managua, con 147 habitaciones, han sido acosados por diferentes instituciones del Gobierno, hasta llegar al 'secuestro preventivo' del hotel Barceló Playa Montelimar Resort & Casino.
Ese centro turístico está ubicado en la costa del Pacífico de Nicaragua, 55 kilómetros al sur de Managua, y es uno de los más visitados por turistas nacionales y extranjeros.
'Digo acoso porque aparece la Cornap (Corporaciones Nacionales del Sector Público), por un lado, aparece la Procuraduría, por otro lado, después aparece el INAP (Instituto Nicaragüense de Administración Pública), pidiendo el uso de la pista aterrizaje' en ese centro turístico, alegó.
Según Delaney, tanto la Cornap como la Procuraduría enviaron sendas cartas, en diciembre de 2007, a la gerencia de Barceló Montelimar para exigir el pago de una supuesta deuda con el Estado nicaragüense, previamente al 'secuestro preventivo'.
'Nos preguntamos cuál deuda, si estamos al día' con Nicaragua, continuó el asesor jurídico.
El gerente general de Barceló Montelimar, Walter Martino, precisó que han pagado a Nicaragua 28,9 millones de dólares en impuestos desde 1994 al 2007, y han generado hasta 20.502 plazas de trabajos, directos e indirectos, durante ese período.
El Grupo Barceló, según el Estado nicaragüense, debe cerca de 1,5 millones de dólares por la compra de ese centro turístico, desde el 30 de julio de 1993, durante la administración de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).
No obstante, el representante legal del grupo Barceló lo negó y mostró un legajo de documentos, desde la carta de compra-venta y el contrato con el Estado, para confirmarlo.
Explicó que ese grupo obtuvo ese centro turístico a través de una licitación pública, en la que presentaron la oferta más alta.
Agregó que el precio, de tres millones de dólares, lo valoró una firma de auditoría estadounidense.
'Barceló pagó lo que le dijeron que valía en ese entonces', añadió Delaney, que observó que en 1993, tras la primera derrota electoral del sandinista Ortega que gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, 'no había turismo' en este país.
La fuente anotó que uno de los compromisos asumidos por el grupo hotelero era 'reconocer un sobre precio' si excedía el 60 por ciento de la ocupación del hotel en cuestión, lo que no ha sucedido y así fue certificado por el anterior Gobierno.
Otro compromiso era invertir al menos cinco millones de dólares y la corporación, sostuvo, ha invertido 5,6 millones de dólares, lo que está certificado por el estatal Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) y auditado por firmas internacionales.
Los ejecutivos de Barceló, que estuvieron encabezados por el director para Centroamérica y Suramérica, Juan José Ribas, pidieron por tanto al Gobierno de Ortega levantar el 'secuestro preventivo' y dialogar lo que se tenga a bien 'si el Estado cree que se le debe'.
En el acto estuvieron presentes el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri; la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Lucy Valenti, y el presidente de la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional, Carlos Noguera.
También, el presidente de la Cámara de Comercio Española en Nicaragua, José Escalante.
Fuente: Terra Actualidad - EFE