Municipios pierden la batalla contra máquinas tragamonedas

Costa Rica - Los gobiernos locales pierden el pulso que disputan con las máquinas tragamonedas.
Estos aparatos son el centro de la polémica pues, según sus detractores, promueven la ludopatía (adicción al juego), están al alcance de menores de edad y funcionan al margen de la ley.
Los intentos de los municipios para regular o eliminar las tragamonedas no han dado los frutos esperados.
Estas máquinas funcionan sin permisos en bares, verdulerías, abastecedores, garajes y casas particulares, según reconocieron los propios alcaldes.
Por su parte, la empresa distribuidora e importadora de las máquinas asegura que laboran de acuerdo con la ley y que tienen patentes para funcionar en 70 de los 81 cantones del país.
Enfrentamiento. La campaña contra estos aparatos la comenzó la Municipalidad de San José hace más de tres años.
Ese municipio ha destruido más de 250 de estos dispositivos y decomisado docenas más.
Otros ayuntamientos le pidieron asesoría y ayuda para erradicar las tragamonedas, pero sus alcances han sido limitados.
La Municipalidad josefina se apoyó en La Ley de Juegos, que rige desde 1922. Esta prohíbe todos los juegos en que la pérdida o la ganancia dependa de la suerte y no de la habilidad o destreza del jugador.
Además, esta legislación prohíbe que la recompensa o premio sea dinero en efectivo, como ocurre con las tragamonedas.
En estos aparatos el jugador lanza unas bolitas a través de una palanca tipo pin ball en un tablero con varios orificios.
Si estas caen en determinados receptáculos, se pueden ganar o perder miles de colones.
No obstante, los distribuidores e importadores de las máquinas manifiestan que dos peritajes de la Corte Suprema de Justicia determinaron que los aparatos dependen la habilidad del jugador y no del azar.
Es por ello que, según indicó el abogado de la empresa G. S. Magia Internacional, Walter Garita Quirós, tienen varias disputas legales en trámite con la Municipalidad de San José.
Este es un enfrentamiento que otros gobiernos locales han declinado entablar.
Plaga. El alcalde de Cartago, Rolando Rodríguez, calificó como “una verdadera plaga” las máquinas tragamonedas, tanto en el cantón central como en los distritos más alejados y recónditos.
Denunció que, estratégicamente, los comerciantes colocan los aparatos en los alrededores de colegios y escuelas para generar el vicio en los menores.
Aunque asegura que han decomisado decenas de aparatos con la ayuda de la Fuerza Pública, aún enfrentan muchas limitaciones.
Por su parte, el alcalde de Heredia, José Manuel Ulate, manifestó que han realizado operativos para determinar cuáles son los negocios que tienen tragamonedas.
Como resultado, se decomisaron 65 de estas máquinas.
“Al negocio en que se encuentren estas máquinas se le suspenderá la patente pues usa un permiso comercial para instalar juegos de azar”, sostuvo el Alcalde.
La alcaldesa de Alajuela, Joyce Zürcher, enfatizó que desde el inicio de su gestión ha tratado infructuosamente de eliminar todas las máquinas de azar.
No obstante, alega que no ha contado con la ayuda de los funcionarios municipales encargados.
Pese a ello, informó de que desde hace ocho días envió una notificación a los negocios que lucran con estas máquinas para que en 15 días eliminen la actividad.
Nueva arma. Los alcaldes consultados están a la espera de un decreto que restringirá el funcionamiento de las tragamonedas a los casinos.
Este fue anunciado el 10 de abril por la ministra de Salud, María Luisa Ávila, y la vicepresidenta, Laura Chinchilla.
Los jerarcas municipales destacan que con esta nueva ‘arma’ pondrían fin a los aparatos.
El decreto incluso cataloga la ludopatía como un problema de salud pública. No obstante, el abogado de G.S. Magia Internacional, Walter Garita, señaló que el decreto no atañe a estos aparatos.
Insistió en que las tragamonedas, a diferencia de las que funcionan en los casinos, dependen de la habilidad del jugador. Colaboraron Andrés Zárate, Fernando Gutiérrez y Francisco Barrantes.
Fuente: elpais