Capitalismo de amigos

Argentina - Las oportunidades de negocios que en la Argentina se relacionan con decisiones del Estado, por alguna razón, han sido captadas y aprovechadas preponderantemente por un grupo de empresas pertenecientes a personas afines o amigas a la cúpula del Poder Ejecutivo nacional de turno.
Esto sucedió a lo largo de gobiernos de diferente signo y en el presente se trata en algunos casos de relaciones que se remontan a los tiempos en que el ex presidente Néstor Kirchner gobernaba la provincia de Santa Cruz; en otros casos, de grupos empresarios que más recientemente han mostrado su adhesión a la gestión gubernamental.
Se observa a estos grupos participar en obras públicas o en la adquisición de empresas estatales o en concesiones, cuyos anteriores titulares no deseaban continuar operando a pérdida. Muchas de estas adquisiciones se han resuelto con inusitada rapidez, sin haber sido precedidas por procedimientos transparentes, abiertos o competitivos, ni tampoco haber sido sometidas a aprobaciones cuidadosas de los entes oficiales cuando a éstos les corresponde intervenir.
Las licitaciones de obras públicas, particularmente las de alguna importancia, terminan en un círculo limitado de empresas en las que se reiteran varios nombres, que se destacan más por su cercanía con el poder que por la importancia de sus antecedentes en la construcción o en los servicios que hoy ofrecen.
Se dan casos peculiares y más evidentes. Por ejemplo, el fuerte crecimiento de un empresario proveniente de Santa Cruz, Cristóbal López, en la actividad de juegos y casinos en los últimos años. El último día de la gestión presidencial de Néstor Kirchner, este empresario fue "obligado" por un decreto del Poder Ejecutivo nacional a instalar 1500 máquinas tragamonedas adicionales en su ya impresionante casino en el Hipódromo Argentino de Palermo. En la fundamentación del decreto se alegó la necesidad de satisfacer una demanda creciente de la comunidad.
Se han hecho notar otros casos igualmente llamativos. El grupo Petersen, Thiele & Cruz, de la familia Eskenazi, que tuvo un notable crecimiento en el área de obras públicas y en la adquisición de bancos que fueron originalmente entidades oficiales de provincias, accedió al 14,9 por ciento del capital accionario de YPF, con una opción para llegar al 25 por ciento, sin poner prácticamente capital propio. En el anuncio público de la operación, el presidente de Repsol YPF justificó la elección del nuevo socio por su experiencia en la actuación empresaria en mercados regulados, un eufemismo para aludir a las buenas relaciones del grupo adquirente con el Gobierno.
La contratación de obras públicas ha beneficiado a un conjunto de empresas en las que se reiteran nombres con llamativa frecuencia. Algunos de éstos surgieron al conocimiento público en los últimos cinco años debido a la importancia de los trabajos contratados, sin que anteriormente se los conociera, ya sea por su inexistencia o por su desempeño meramente local o limitado.
Es frecuente ahora encontrar entre sus accionistas a personas que tuvieron vinculación por antiguas militancias o que pertenecían al anterior círculo gubernamental de Santa Cruz, o que más recientemente han encontrado caminos de aproximación al poder.
Estas circunstancias crean desaliento y contribuyen a deteriorar la imagen de nuestro país y a mellar la confianza, tan necesaria para incentivar la inversión y la correcta actividad empresaria. El surgimiento de nuevas empresas y su desarrollo no debiera ser en sí mismo motivo de un supuesto de corrupción. Sin embargo, la percepción cambia cuando eso sucede con las características que hemos señalado y cuando se enmarca en un método de creación de poder apoyado en el uso abusivo y discrecional de los fondos públicos.
Sólo con absoluta transparencia y genuina competencia en el manejo de los negocios públicos se podrá superar la presunción de la opinión pública de que se está practicando un capitalismo de amigos.
Fuente: lanacion.com.ar