Historia secreta del barco casino

Buenos Aires - Como en un cuento de Jorge Luís Borges, la historia se mueve en un círculo infinito y de repeticiones.
El viernes 8 de octubre de 1999 se estrenaba el primer barco casino en Buenos Aires, en el corazón del imponente barrio de Puerto Madero. Para la ocasión, una visible pelea se produjo entre Ernesto Dibd, el Director de Verificaciones y Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuyo titular era el ex presidente Fernando de la Rúa, y Jorge Lima, Vicepresidente de Lotería Nacional, que estaba bajo las ordenes del primer mandatario Carlos Menem, por el mismo tema que perduraría hasta estos días.
Siete años más tarde, la disputa - en este caso por el segundo casino flotante que se inauguró a principios de este año- vuelve a ser idéntica: ¿Cuál es la jurisdicción en la que se encuentran los barcos? ¿Son parte de la Ciudad por estar en Puerto Madero, o están bajo jurisdicción federal por estar dentro de las aguas del Río de la Plata?
Una serie de presiones y acusaciones cruzadas, aparecen en esta historia que alcanzó un punto álgido a comienzos de esta semana, cuando se decidió clausurar uno de los barcos y cuatro horas después se dio marcha atrás con la medida.
Los negocios de CIRSA
Desde 1978 hasta la actualidad, CIRSA S.A., era dueña de los dos casinos flotantes que están en Puerto Madero, y tiene más de 225 empresas a nivel mundial con casi 12 mil empleados. En total tienen 13 casinos (4 en España, 9 en el resto del mundo) y 83 bingos, que lo transformaron en uno de los holdings empresarios más importantes en el área de entretenimientos.
En octubre de 1999 hicieron su desembarco en Buenos Aires con la instalación del "Estrella Fortuna", un reducto de 3 niveles con una capacidad para más de 2500 pasajeros y unas 600 tragamonedas, que se han ido ampliando con los años.
Además de los dos barcos de Buenos Aires, CIRSA es propietaria de un casino en la provincia de Mendoza, del 70 por ciento del Casino Las Nubes, en la norteña Salta, y del 50 por ciento de la Lotería Solidaria.
Casi finalizando su último mandato, un decreto del ex presidente Carlos Saúl Menem le permitió a la empresa iniciar su negocio, zanjando con su habitual astucia el conflicto: señaló que las aguas del Río de la Plata pertenecen al territorio nacional, por lo cual la Ciudad de Buenos Aires no tendría jurisdicción para actuar sobre ese sitio. El acuerdo con CIRSA incluyó que la empresa se quedaría con el 80% de las ganancias, y el restante 20% pasaría a manos del Estado Nacional.
Sin embargo, Ernesto Dibt, funcionario del gobierno porteño, puso las fajas de clausura a los pocos minutos de que se inauguró el primer casino flotante. Desconociendo a las autoridades de la ciudad y delante de sus propios ojos, Jorge Lima, Vicepresidente de Lotería Nacional arrancó las cintas y disparó ante el amontonamiento de periodistas: "No violamos ninguna ley, la clausura no existe". Desconcertado, Dibt decía que "el Casino está en jurisdicción del Gobierno de la Ciudad por lo que necesita habilitación, como no la mostraron, esto no puede funcionar".
Entre los presentes aquella noche se destacaba al ex titular de la Secretaría de Turismo, Francisco "Paco" Mayorga, y al actual legislador porteño y Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Daniel Amoroso, a quien unos 200 trabajadores discapacitados de la lotería "La Solidaria" lo señalaban como uno de los "dueños del flamante emprendimiento".
Días después de aquellos incidentes y de la decisión del gobierno porteño de exigir una habilitación con su consentimiento, el juez federal Luís Maria Márquez aceptó un recurso de amparo de la empresa CIRSA y dispuso que el negocio podía seguir funcionando con normalidad. Desde entonces, continuaron casi indefinidamente una serie de pedidos de la justicia porteña para clausurar el casino, pero siempre fueron rechazados por el juez Márquez aduciendo los mismos argumentos: el negocio se desarrolla sobre el Río de la Plata, en un territorio que no le compete a las autoridades de la Ciudad.
El problema surge a raíz de que el artículo 50 de la Constitución porteña expresa que "quien regula, administra y explota los juegos de azar y destreza y apuestas mutuas es el gobierno local, no siendo admitida la privatización o concesión salvo en lo que se refiere a agencia de distribución y expendio". Asimismo, la ley porteña 538 prohíbe que haya "explotación de juegos de azar privados" en territorio de la Capital Federal.
En octubre de 2003 el Gobierno Nacional y el porteño firmaron un acuerdo para repartirse en mitades iguales las ganancias del juego. Sin embargo, ese convenio que fue ratificado por la Legislatura porteña, fue declarado inconstitucional por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de Roberto Gallardo, con el respaldo intelectual del abogado constitucionalista Ricardo Monner Sans.
La causa que llevaba adelante el juez Gallardo - quien además de declarar inconstitucional el acuerdo para la repartición de dinero, había pedido en reiteradas oportunidades el cierre del casino - prosiguió, hasta que la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal ordenó al gobierno porteño en noviembre pasado que analice con Lotería Nacional la manera de clausurar el casino flotante y de evitar que se instale una nueva sala de juego.
El fallo correspondía a los camaristas en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Edgardo Russo y Nelida Daniele. Los jueces dijeron que era parcialmente inconstitucional el acuerdo entre la Ciudad y la Nación en lo que se refiere a "otorgarle el poder de policía a Lotería Nacional para que autorice la instalación de nuevas salas de juego" y para que "prorrogue la concesión del casino flotante y la apertura de un segundo barco".
El segundo barco
No obstante estos fallos, el temor de que la empresa CIRSA S.A. siga con sus negocios desoyendo las advertencias de la justicia porteña mientras se dirimían los conflictos se concretaron. El pasado 19 de enero se inauguró el segundo casino flotante llamado "Princess", y en este caso fue el juez Sergio Fernández quien permitió su apertura, argumentando que la ciudad no tiene injerencia en ese territorio.
Los voceros de CIRSA recurren casi mecánicamente a la misma defensa: "Se trata de una situación jurisdiccional que se está dirimiendo en la justicia, de ese tema no vamos a hablar". Las autoridades de Lotería Nacional, cuyo titular es Roberto López, no hablan con la prensa, y desde el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo titular es José Gimeno, tampoco emitieron declaraciones.
El abogado Ricardo Monner Sans, en dialogo con La Política On Line dejó en claro su postura: "Aquí hay un conflicto. Yo creo que ninguno de los dos barcos casinos tiene su correspondiente autorización porque están dentro de la Ciudad de Buenos Aires, y en todo caso, se tendría que adoptar la medida que propuse un mes atrás donde sostuve que si el negocio tiene que funcionar, que zarpe, y lo haga aguas adentro del Río de la Plata".
Algunas fuentes consultadas dicen que los barcos no estarían aptos para navegar aguas adentro del río, y que la medida fue descartada ya que no es posible actualmente garantizar la seguridad de todos los clientes que estarían en la embarcación.
El pasado lunes 27 de marzo el juez porteño Roberto Gallardo determinó que el barco casino "Princess", amarrado en Puerto Madero, estuviera clausurado durante casi toda la jornada, pero el juez federal Sergio Fernández dejó sin efecto la resolución mediante la cual su colega había dispuesto la clausura del buque.
"La medida es extraña, y más extraño aún es que mientras yo estaba en el barco a eso de las 16:30 adonde no me dejaron ingresar casi por la fuerza, se decide la clausura, y 4 horas más tarde se efectuó la decisión de Fernández. Por un lado llama la atención la celeridad y, por otro lado, pensar que un juez federal esté a las 19:00 horas en su despacho es más que llamativo", dijo Monner Sans en relación a la última controversia que se desató.
Los episodios fueron de tal magnitud, que la última información que se conoció extraoficialmente sobre el tema es que Manuel Lao, dueño de CIRSA, llegó a Buenos Aires en un vuelo de urgencia que realizó con su avión privado para conocer de cerca la situación del casino flotante, e interiorizarse de los rumores que indican que con el nuevo Jefe de Gobierno, Jorge Telerman, las cosas pueden cambiar.
El portal de noticias Urgente 24 mencionó en un artículo referido al tema: "Lao arribó a la Ciudad porque hay problemas evidentes de lobby en las actividades de CIRSA en la Argentina; desde la Ciudad de Buenos Aires hasta la licitación de un casino en Rosario, Santa Fe. Hay severos problemas con el personal, agrupado en Aleara; con la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires; con la jurisdicción de Lotería Nacional; hasta con Prefectura Naval que permitió algo insólito en el pasado, que Policía Federal Argentina ingresara al predio portuario que ocupan los 2 buques casinos para cerrar por 5 horas uno de ellos. Lao pretende emprolijar la situación a cualquier precio porque la alternativa es cerrar sus negocios en la Argentina, que por cierto han sido muy rentables. Se espera un encuentro con Cristóbal López, dueño de Casino Club, y ex contacto de Lao con el gobierno de Néstor Kirchner, hasta que se pelearon y ocurrió todo lo ya conocido".
El día de la asunción del nuevo gabinete porteño, uno de los ministros de la Ciudad fue consultado sobre el conflicto del casino y sólo atinó a decir: "Recién hoy fue nuestra primera reunión de trabajo junto a todo el gabinete y del tema no se habló. Sabemos que es algo importante, pero lo iremos evaluando con el paso del tiempo".
Sobre los problemas laborales, en marzo de este año Casino de Buenos Aires. S.A. había decidido el despido de un grupo de empleados que había bloqueado el ingreso de los clientes. En un comunicado, la compañía decía: "La acción decididamente destructiva de un minoritario grupo de empleados que, bajo la forma de presuntas reivindicaciones laborales, encarna el emergente de una lucha de poder de sectores gremiales, atentando contra los intereses económicos y el prestigio de la empresa fue determinante en esta decisión".
El conflicto con los trabajadores no logró saldarse. Los más de 2600 empleados que trabajan para los barcos casinos consideran que la situación laboral no es "estable" y temen por el cierre del negocio o por más despidos, teniendo en cuenta que las clausuras y los tironeos judiciales pueden generar una merma de clientes.
Sospechas y futuro incierto
Monner Sans había denunciado tiempo atrás el rol del actual embajador en España, Carlos Bettini: "En diciembre de 2002 descubrí que el barco Casino del Puerto de Buenos Aires había entrado de contrabando, y que un hombre que era la mano derecha del cuerpo de los fiscales, el Dr. Carlos Bettini, recibía pasajes del grupo español CIRSA, propietaria del casino. Bettini explicó ante el juez Ballesteros que él era amigo del vicepresidente del grupo catalán y que por conveniencia de facturación le enviaban pasajes como pago por sus tareas.
El periodista de Clarín Daniel Santoro explicó sobre el tema: "Monner Sans denunció en 2003 al entonces jefe de asesores de la Procuración General de la Nación, Carlos Bettini, por cohecho. Sucede que CIRSA le pagó a Bettini en el 2001 pasajes aéreos a Madrid por 15 mil dólares. El juez federal Jorge Ballesteros aceptó que esa plata se la dio Bettini a su amigo y miembro de CIRSA, Manuel Delgado Solís, por cuestiones personales y sobreseyó al actual embajador".
Pero no son Bettini y el actual legislador Amoroso los únicos funcionarios que aparecen cercanos a la empresa cuyo balance durante 2005 indicó una facturación superior a los 400 millones de pesos de ganancia bruta.
El periodista Alejandro Dandan escribió en Página/12 en relación a los orígenes del negocio en el país: "El nombre de Miguel Ángel Egea apareció vinculado al casino flotante. A mí me lo presentaron como parte del directorio, dijo Jorge Lima, Vicepresidente de Lotería Nacional durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se otorgó la concesión. Egea es dueño de Martiel SA, fundada con el ex jefe de operaciones de la ESMA, Jorge Radice. Además está estrechamente vinculado a Alberto Kohan. Algunas de estas relaciones pueden echar luz sobre un gran negocio montado durante el gobierno menemista".
La historia de Egea no es particularmente saludable. El periodista Miguel Bonasso dialogó desde México con La Política On Line y puntualizó: "En el arranque del menemismo se vinculó a Alberto Kohan a través de su amigo y socio Miguel Ángel "El Colorado" Egea, un empresario con varias causas por estafa, que diversas fuentes vinculan a la Triple A y los grupos de tareas militares de Córdoba. Especialmente el capitán del Ejército Héctor Vergez, torturador de La Perla y creador del grupo terrorista Comando Libertadores de América. Verges, de fluida relación con el dirigente peronista Julio César "Chiche" Aráoz era (casualmente) un experto en "reducir" bienes de los detenidos desaparecidos".
El futuro es por demás incierto. La última novedad en el ámbito judicial fue la propuesta que hizo Monner Sans para destrabar definitivamente esta controversia: "El único tribunal común -a la justicia porteña y federal- es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es la única que puede saldar esto y terminar con un simulacro de juego llamado federal, que no es nada federal, que no navega, que ha rechazado salir con los jugadores a jugar aguas afuera y que vuelva. Los barcos están amarrados y no se mueven".
Autor: Pablo Dorfman
Fuente: http://www.lapoliticaonline.com.ar/