viernes, 13 de noviembre de 2009

Invermun demanda a Solórzano

Ecuador - Quito - El gerente de la empresa lo acusa de calumnias y niega el cometimiento de delitos.
El ex funcionario de la compañía Invermun, Jaime Solórzano, fue demandado ayer por calumnias e injurias, al haber afirmado que se cometieron coimas a funcionarios del Gobierno nacional para permitir el funcionamiento de los casinos en el país.
La acción legal fue interpuesta por el gerente de Invermun, Víctor Lescano, durante su comparecencia en la Fiscalía General del Estado, donde por alrededor de cinco horas rindió su versión sobre la indagación previa que se inició en este caso.
“He venido a rendir mi versión libre y voluntaria para negar todas las acusaciones que nos está haciendo caín y para decirles que realmente considero que en este país sí hay una persona honesta, justa y honrada que es el señor Presidente de la República”, manifestó Lescano, al tiempo de aclarar que la demanda es solo en contra de Solórzano y que no se tiene nada en contra de Fabricio Correa.
Consideró que las denuncias sobre las supuestas coimas es producto de un resentimiento de Solórzano, “porque lo sacamos de la empresa por mala conducta, por varios juicios que tenía y por visto bueno, de acuerdo con lo que dice la ley y ese resentimiento ha hecho que este señor cometa injurias y calumnias”, recalcó.
Aseguró que Invermun trabaja legalmente en el Ecuador y absolutamente respetando el marco legal, al punto que el Tribunal Constitucional absolvió consultas respecto a la labor que desarrollan los casinos. “Todo lo tenemos sustentado legalmente, todo está en orden”, señaló y destacó que en la importación de máquinas tragamonedas, si se hizo las declaraciones aduaneras.
Con respecto a las supuestas reuniones de funcionarios de Gobierno con representantes de Invermun, el gerente de esta empresa prefirió no comentar e insistió en que “el que tiene que descargar las mentiras es Solórzano, él es quien tiene que demostrar que nosotros hemos hecho lo que él dice, todo lo que ha afirmado. Nosotros desvirtuamos totalmente todo lo que él dice y no tiene ninguna prueba, solo lo que se le ha ocurrido, nosotros no hemos cometido ningún delito”.
Carlos Javier Veintimilla, ex empleado del Ministerio de Trabajo, no rindió ayer su versión en este caso, debido a que estaba citado a las 10:30, pero la cita con Lescano se extendió, por lo que se fijará nuevo día y hora. Mientras que Pierina Correa, hermana del Presidente de la República, fue convocada para las 15:00, pero tampoco acudió porque está fuera del país.
Dentro de las diligencias, el fiscal del Estado, Washington Pesántez, ha delegado al fiscal provincial del Guayas, Dr. Antonio Gagliardo, para que recepte las versiones del intendente del Guayas, Julio César Quiñónez, y del jefe político de Guayas, Luis Monge Espinel. El Fiscal del Guayas deberá enviar todo lo actuado en el plazo de 8 días.
El martes rindieron sus versiones el ministro de Seguridad Interna, Miguel Carvajal; y, el secretario general de la Administración Pública, Vinicio Alvarado.
Fernando Alvarado, secretario general de Comunicafue convocado para las 14:30 del martes, pero envió un escrito solicitando se le fije una nueva fecha y hora para rendir su versión libre y sin juramento.
En tanto, el ex funcionario de la compañía Invermun, Jaime Solórzano, no rindió su declaración ante la Fiscalía del Guayas.
Por falta de energía eléctrica no se presentó a declarar como estaba previamente citado.
Asociación aclara situación de empresa
La Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador (Ascabi), a través de un comunicado, informa que darle la calidad de administradora y operadora de casinos a la empresa Invermun S.A. es erróneo, Ascabi señala que dicha firma no tiene los registros otorgados por el Ministerio de Turismo y que permite esta actividad en el país.
En el documento enviado a los medios de comunicación, Ascabi manifiesta que Invermun “no cuenta con el registro ni la licencia que otorga privativamente el Ministerio de Turismo.
Tampoco existe otra autoridad administrativa que faculte a personas naturales o jurídicas el ejercicio de la actividad de casinos y salas de juego”.
Es por esta razón, continúa el documento de la agremiación de casinos, que “no cabe que les arroguen, ni les atribuyan tal calidad” a la mencionada empresa. (OJL)
El Telégrafo/Patricio González

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