Casinos amenazan con ir a la Corte por límites en la superficie de juego

Argentina - Mendoza - Le reclaman al Gobierno que considere como área de apuestas a bares, oficinas y pasillos. El Ejecutivo negó tres presentaciones.
En poco más de un mes, el Gobierno rechazó presentaciones administrativas idénticas de 3 hoteles cinco estrellas reticentes a que se les imponga límites que en la práctica acotan mucho más del 4% la superficie total destinada a salas de juego.
Los recursos presentados por KLP Emprendimientos primero (desarrolladora del proyecto frente al Shopping), seguido luego por los de Cela S.A (Sheraton) y finalmente Diplomatic, fueron desestimados por el Ejecutivo con los mismos argumentos y deberá expedirse la Justicia, aunque a las empresas les queda la opción de recurrir ante la Suprema Corte. Posibilidad que ninguna descarta.
Al ser denegadas las acciones, básicamente recursos de revocatoria contra un decreto provincial, y agotada la instancia administrativa, se abre ahora la vía judicial para que los privados no sólo busquen extraer la disputa de la órbita federal (el caso se encuentra actualmente en manos del juez Walter Bento, quien deberá expedirse en los próximos días) sino en definitiva resolver la cuestión de fondo: poder contar con la totalidad del espacio disponible para la instalación de mesas y máquinas tragamonedas, algo que por ahora está en duda.
En noviembre de 2008, el decreto provincial 3339 reglamentó provisoriamente que el 4% dispuesto por la ley de Casinos 5775 de 1992, sobre un mínimo de 20.000 metros cuadrados construidos en total, debía incluir otros anexos, como bar, área de descanso e incluso oficinas y guardarropas, según el caso.
El tema disparó la reacción de las empresas interesadas (las tres mencionadas tienen el decreto de acogimiento requerido para operar) en contar con sus propias sala de juegos, por entender que así se reducía la superficie neta para el negocio.
A su vez, todo se había generado en una medida cautelar presentada meses atrás por un accionista extranjero del Plaza Hotel Mendoza, para evitar que se habilitara en ciertas condiciones las salas. La cautelar ingresó a la Justicia Federal, un ámbito cuya competencia discuten las firmas afectadas.
El 26 de mayo el Ejecutivo rechazó la revocatoria interpuesta por KLP, y la semana pasada hizo lo propio con la de Cela y Diplomatic. Entre otras cosas, los representantes legales coinciden en que un planteo individual de un accionista no puede frenar lo dispuesto por la ley de Casinos.
En los tres recursos (idénticamente fundamentados) donde el Gobierno dijo no, las empresas argumentan haber sido notificadas de "una medida judicial que no sería procedente; que la materia de la que trata es invasiva en materia administrativa, pues el órgano judicial actuante, juez federal, no puede entender en causas que versan sobre derecho público local, en consecuencia el acto administrativo cargaría con vicios en el objeto y en la voluntad".
Por su parte, el Ejecutivo alega, en base a un dictamen de la Asesoría de Gobierno, "que el acto atacado no puede ser considerado ilegítimo, pues sólo se limita a comunicar una orden judicial, según artículo 32 de la Ley 3909". Finalmente da por agotada la vía administrativa, "quedando expedita la vía judicial".
Lo cierto es que ahora los demandantes sólo aguardan la resolución del juez Bento (sobre la competencia federal y también del reclamo por la medición del espacio a utilizar) para materializar la apelación ante la Suprema Corte. Si es negativa para sus intereses, será un hecho: parte de la estrategia será citar el antecedente del Tower de San Rafael. En una situación similar, dirán, la Justicia falló a favor.
Cabe recordar que Bento actúa como subrogante de la titular del 2° Juzgado Federal Civil, Olga Pura de Arrabal, recusada en diciembre por Cela luego de su decisión de cerrar el Enjoy, el casino del Sheraton.
"Un cambio de criterio sobre lo que dice la ley cuando ya un emprendimiento está terminado y en marcha genera una inseguridad jurídica absoluta, sobre todo si la modificación nace de una medida promovida por un particular. A la larga debe solucionarse y, si no, resta la acción procesal ante la Suprema Corte", dijo Gabriel Kemelmajer, abogado de Cela S.A.
Los Andes no pudo obtener la voz del grupo Presidente, dueño del Diplomatic. Pero sí del apoderado de KLP, Raúl López, quien luego de precisar que para el proyecto frente al Shopping representa "mucho más" que los 800 metros cuadrados mínimos previstos por la ley para un casino, y por lo tanto un cambio afectaría el futuro del negocio, confirmó que evalúa ir a la Suprema Corte antes del 11 de julio, cuando vence el plazo legal para una apelación, si la justicia no se expide en ese lapso. "Aunque es una resolución provisoria, lo estamos estudiando", indicó.
El expediente está en la Secretaría 3 del 2° Juzgado Federal Civil.
Fuente: losandes/Miguel Ángel Flores