Slots: resistencias en el FA

Uruguay - El proyecto de ley de la Dirección Nacional de Casinos que prohíbe las máquinas tragamonedas que funcionan en clubes, bares y otros locales comerciales tiene resistencias en el oficialismo, donde algunos sectores ya se han pronunciado en contra de la prohibición y a favor de la regulación, en línea con lo exigido por la Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos (Aufoje).
El proyecto de ley será analizado el lunes en la bancada de senadores del Frente Amplio. En tanto, los integrantes de Aufoje concurrirán el martes al Parlamento para preguntar a los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado si serán recibidos para ser escuchados.
El director de Casinos del Estado, Fernando Nopitsch, promueve y defiende el proyecto de ley que prohíbe las máquinas tragamonedas en clubes y bares y que tipifica como delito al juego clandestino.
Pero el texto despierta matices en la bancada oficialista de legisladores. La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados había aprobado una minuta de comunicación en noviembre de 2008 dirigida al Poder Ejecutivo que al final no fue aprobada en el plenario, pidiendo que se regule la actividad, pero no que se prohíba.
Detrás de esa minuta estaban los diputados Enrique Pintado (Asamblea Uruguay), Gustavo Bernini (Partido Socialista), Edgardo Ortuño (Vertiente Artiguista), el entonces diputado Diego Cánepa (Nuevo Espacio) y Javier Salsamendi (Corriente de Acción Pensamiento - Libertad).
Justamente, Salsamendi dijo que apoya la gestión de Nopitsh al frente de Casinos, pero que ya comunicaron junto al senador Eleuterio Fernández Huidobro que disienten con el proyecto de ley.
“Lo hicimos saber con el senador Fernández Huidobro y al resto de los compañeros. Entendemos que el camino de la criminalización de la ilegalización de este tipo de máquinas no es el que nos lleva a lograr el objetivo que se persigue. También entendemos que no deberían continuarse o no debería seguir la situación tal y como hasta ahora, regularización sí con una serie de condiciones y de condicionamientos que van desde cantidad máxima de máquinas en el país, en los departamentos, en cada local, las formas sociales que deben asumir los propietarios eventualmente de las mismas, software y hardware nacional con controles técnicos que podrían ser o deberían ser del LATU que controlen la cantidad máxima que se puede apostar y la cantidad máxima por la que se pueda recibir un premio”, expresó Salsamendi.
El lunes, como es habitual, se reunirá la bancada de senadores del Frente Amplio en el Parlamento y tratará este proyecto de ley, según dijo el senador Alberto Couriel, del Espacio 609. Otros integrantes de la bancada del Frente Amplio dijeron que existe una alta probabilidad de que la iniciativa no prospere debido a que los tiempos parlamentarios no son suficientes como para buscar consensos en la materia. El 15 de setiembre culmina la legislatura y si eventualmente hay sesiones extraordinarias de las Cámaras no serían para aprobar este articulado porque habría otros textos que son prioridad.
El proyecto de ley que prohíbe las máquinas tragamonedas en clubes y bares, tipifica como delito al juego clandestino, que hasta el momento es una falta.
Quien explote juegos de azar sin autorización será castigado con tres a 24 meses de prisión, de acuerdo a lo que establece el texto presentado por el Poder Ejecutivo.
Nopitsch ha declarado estos días que el objetivo de este proyecto de ley es que las máquinas ilegales desaparezcan. Comentó que hay unas 15.000 en todo el país y que lo que hacen es “fomentar el juego”.
El proyecto de ley penaliza al propietario de las máquinas, no al dueño del local que las alberga. La norma estipula que se retiren las máquinas y sean destruidas. Si hay dinero, irá para el Poder Judicial y para el INAU.
Una de las gremiales de propietarios de las máquinas tragamonedas es la Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos.
De su parte hay un fuerte rechazo a la iniciativa. Un grupo de integrantes de la asociación protestó el martes frente al Parlamento mientras sesionaba la Comisión de Hacienda del Senado, que tiene a consideración el proyecto. Solicitaron ser recibidos, pero aún no tienen una respuesta.
El martes de la próxima semana regresarán al Parlamento, pero para ver si la comisión resolvió concederles una reunión.
Aufoje sostiene que sus miembros son propietarios de 4.000 slots de los 15.000 que circulan.
Reconocen que hay una suerte de “mercado paralelo”, pero que su actividad es totalmente legal.
El abogado de Aufoje, Gerardo Dibbern, sostuvo que buscarán convencer a los legisladores que la actividad de los miembros de la gremial es legal y que, incluso, tiene el apoyo de Cambadu.
“Cambadu apoya totalmente esta actividad reglamentada como hemos dicho en más de una mes, incluso en la Comisión de Diputados tenemos que tratar de lograr un proyecto positivo, constructivo como sucedió en España donde hay bares, pubs, determinados lugares donde está este tipo de entretenimiento, de esparcimiento, que obviamente son lugares donde no acceden los menores. Estamos totalmente de acuerdo con todas las soluciones que se dan por la positiva, por seguir manteniendo las fuentes de trabajo, porque los menores no jueguen y es lo que aspiramos”, indicó Dibbern.
En la comparecencia ante el Senado, la gremial presentará escritos de consultas jurídicas que sostienen que este rubro es legal y no penalizable por la Justicia. Aportarán, además, más de 30 fallos judiciales favorables iniciados por la Dirección de Casinos del Estado
Fuente: espectador