domingo, 20 de abril de 2008

Comunidad pone freno a casino en Ramey

Puerto Rico - La comunidad de la antigua Base Ramey, en Aguadilla, logró que el Tribunal Apelativo (TA) revocara la decisión de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de otorgar una licencia para operar un casino en medio de la comunidad.
La decisión, que se emitió este pasado 29 de febrero de 2008, le ordenó a la OCIF a que “adjudique en sus méritos la controversia de si el casino propuesto por Punta Borinquen cumple con el requisito de guardar una distancia de 200 metros de las escuelas ubicadas en la Base Ramey, previo a emitir una nueva resolución”.
Entrevistados por Claridad, los profesores Ricardo Villalón Cedeño de la UPR en Aguadilla y Robinson Rodríguez Pérez, de Mayagüez, denunciaron que la OCIF nunca tomó en consideración los argumentos de la comunidad de que el propuesto casino no cumplía con la Ley 45 que dispone que ninguna instalación de máquinas de juegos debe estar dentro una distancia mínima de 200 metros de una escuela o institución educativa. Dentro de los terrenos de la antigua base que ahora conforma una comunidad de residentes están el Recinto de Aguadilla de la UPR, el Centro Job Corps, que es una escuela para jóvenes desertores escolares y otras tres escuelas de nivel elemental, intermedio y superior.
Villalón Cedeño, quien ha ocupado por varios años la dirección del Departamento de Ciencias Sociales del Recinto de Aguadilla, destacó que la presencia de un casino de juegos centrado en una comunidad universitaria representa un daño moral y espiritual para todos. Contrario a lo que se promueve que los casinos son para los turistas, estudios confirman que la mayoría de las personas que acuden a ellos son residentes locales. El casino, que fue avalado por la Compañía de Turismo (CT), formaría parte del hotel que se abriría en el edificio que albergaba el hospital de la Base Ramey. Se lamentó de que con el establecimiento de un hotel tradicional se perdió la oportunidad de establecer un proyecto de hotel ecoturístico.
La oposición de la comunidad universitaria al establecimiento del casino quedó recogida en una resolución adoptada en una reunión del claustro en mayo de 2005, que expresó que “los casinos son antagónicos al ambiente deseable para promover el estudio, la formación del carácter de nuestros estudiantes y facilitar el ambiente inspirador para la investigación científica que se requiere en una universidad”. Copia de la resolución fue enviada a la OCIF, a la CT, a la Corporación Punta Borinquen Resort & Casino, dueños del proyecto, a la Presidencia y Junta de Síndicos de la UPR, que, de paso, nunca se pronunciaron sobre el particular ni actuaron para evitarlo. La Asociación de Profesores Universitarios (APU) de Aguadilla, también adoptó una resolución de rechazo al casino y la envió a todos los antes mencionados.
Villalón Cedeño y Rodríguez Pérez, detallaron que la OCIF aceptó la evidencia presentada por el dueño del proyecto, un documento escrito que describía la distancia entre los cuatro centros educativos y el casino, pero no el método y el instrumento que se utilizó para medirla. Rodríguez Pérez explicó que se supone que el método fuese como dispone la Orden Administrativa de ARPE (84-01) de que se mide de manera radial desde los límites del solar y desde los límites más cercanos al uso de cada solar, escuela, o negocio.
“Un reclamo de que un casino no cumple con las disposiciones de la Ley Núm. 45, supra, es un asunto esencial para dilucidar si debe emitirse una franquicia. La OCIF tiene que investigar una alegación de esa naturaleza y no puede delegarla a otras agencias. En el caso de autos, la Compañía de Turismo y ARPE no se expresaron sobre la relación entre el casino de Punta Borinquen y la Ley Núm. 45 porque tal asunto no se llevó a su consideración”, lee parte de la decisión.
Los entrevistados cuestionaron además las ventajas económicas que los defensores del casino alegan que representa para la economía de Aguadilla y pueblos limítrofes. Precisaron que la actividad universitaria genera un ingreso directo de 33 millones en la economía de Aguadilla, –su presupuesto ajustado de $23,178,846 anuales y sobre $10 millones 533,786 en becas que recibió este año. Además, genera 300 empleos directos, 167 profesores a tarea completa, y más de 200 empleados no docentes. Dudan que un casino vaya a generar la misma actividad económica.
Fuente: claridadpuertorico

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