El Poder Ejecutivo pretendería adjudicar en la brevedad posible la explotación de los diversos juegos de azar en el país, según revelaron ayer fuentes confiables del sector.
La versión extraoficial habla de que se apunta a conceder, a toda costa, las licencias en forma directa antes de que finalice el mandato de Nicanor Duarte Frutos, el 15 de agosto próximo.
Están en juego la explotación de casinos en los diversos departamentos, botín detrás del cual estarían los políticos oficialistas.
De acuerdo a la fuente, las convocatorias están hechas por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), y la estrategia sería que solo un oferente se presente a cada llamado, para posteriormente ser beneficiado con el contrato de explotación entre 3 y 5 años, a cambio del pago de un canon mínimo.
Esta situación dejaría al nuevo gobierno, encabezado por Fernando Lugo, sin la posibilidad poder revisar las ofertas para una mejor concesión que le permita al Estado obtener un mayor ingreso.
Este mismo esquema se estaría dando también en otros rubros, como el de obras de infraestructura y de provisión de bienes y servicios.
NO CORRESPONDE
Carlos Riveros, dirigente del PLRA y la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), señaló que entramos en la etapa de transición y ya no corresponde que el gobierno de Nicanor Duarte Frutos tome ninguna decisión al respecto.
Sostuvo que el mandatario no debe otorgar ninguna licencia, adjudicación, o realizar nombramientos en este momento, más aún cuando se compromete la gestión del nuevo gobierno que asumirá el 15 de agosto venidero.
Riveros señaló que en cualquier país del mundo este tipo de decisiones ya queda a cargo del nuevo gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que se está conformando el equipo que tendrá a su cargo realizar la transición del mando.
A criterio del dirigente de la APC, de confirmarse esta versión, la actitud es altamente sospechosa porque no existe ninguna urgencia para llevar adelante este tipo de procesos.
Sostuvo que esperan que esto no sea así, porque el presidente saliente se comprometió a llevar adelante una transición pacífica e incluso nombró al vicepresidente de la República, Francisco Oviedo, para coordinar la tarea.
El gobierno de Lugo, de confirmarse una concesión de los juegos, hará una revisión de cada uno de los contratos firmados, y de detectarse alguna irregularidad, ellos serían anulados.
Fuente: ABC
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