El perverso engaño del juego

Argentina - Enmascarado en eslóganes que apelan a la solidaridad y a la ética, es cada vez más profuso el bombardeo de mensajes que invitan a la población a gastar su dinero en juegos de azar. Algunas loterías, como la del Chaco, proponen "Una apuesta a la solidaridad"; otras, como la bonaerense, "La emoción de jugar y ayudar". Estas campañas son la manifestación más engañosa y superficial de la inquietante expansión del negocio de apuestas que se verifica hoy en la Argentina.
El Estado, que es el concesionario de las licencias de loterías, bingos, hipódromos y otro tipo de actividades lúdicas, pone escaso empeño en advertir sobre las nefastas consecuencias individuales y colectivas de la adicción que produce el juego. Pero, si se indaga con paciencia se pueden encontrar algunas prevenciones. Por ejemplo, el sitio oficial de la Lotería de la provincia de Buenos Aires en Internet esconde un texto que sugiere el carácter adictivo de las apuestas a través de algunos interrogantes pavorosos: "¿Fracasás cuando querés controlar el impulso de jugar? ¿Sentís que perdés el control cuando jugás? Si perdés, ¿buscás revancha? ¿Tenés deudas por el juego? ¿Engañás a tu familia para volver a jugar?". Son preguntas retóricas: es sabido que casi siempre la respuesta es sí.
Desde hace muchos años, es evidente que el Estado hace muy poco para evitar la corrosión que introduce el juego en la vida personal, en las familias y en el entramado más general de la sociedad. La novedad ahora es que los gobiernos no sólo no controlan y combaten ese flagelo, sino que lo fomentan más y más.
Cinco días antes de dejar la Presidencia de la Nación, el doctor Néstor Kirchner firmó un escandaloso decreto por el cual se disponía sobre la empresa concesionaria del Hipódromo de Palermo la dulce obligación de instalar 1500 máquinas tragamonedas que se sumarían a las 3000, que ya operan en su predio. La iniciativa fue muy controvertida no sólo porque el decreto en que se formulaba se publicó el feriado del 31 de diciembre; tampoco porque el beneficiario fuera el empresario Cristóbal López, uno de los hombres de negocios más allegados al actual gobierno. El número era innovador: ni en los casinos de Las Vegas se admite la explotación de más de 3000 máquinas tragamonedas en un mismo local.
Estas curiosidades ocultaron un problema más obvio e importante: cuál es la razón por la cual el Estado debe socorrer, al habilitar la explotación de tragamonedas, a un hipódromo deficitario, y no a una escuela, una biblioteca o un sanatorio, cuyas finanzas atraviesen una situación ajustada.
Desentrañar las razones por las cuales nuestros gobernantes están tan dispuestos a alentar la expansión de las apuestas no parece una tarea compleja. Hay una peculiaridad bastante extendida en la explotación del juego que podría iluminar la tarea: en general, las normas en las que se sostienen las concesiones son controvertidas, inestables, inciertas.
El decreto del ex presidente Kirchner a favor del Hipódromo de Palermo y la empresa Casino Club, del señor López, se basa en una resolución de la Lotería Nacional que podría pasar a la historia de las excentricidades jurídicas por la naturaleza de sus considerandos. Allí se compara, al apelar a la legislación sobre sociedades anónimas de la dictadura española de Francisco Franco, el rol social del hombre de negocios -en este caso de los juegos de azar-, con el del buen padre de familia. O se arguye que, como algún día el gusto de los apostadores mudará hacia otras experiencias lúdicas, hay que expandir ahora la oferta todo lo que sea posible para aprovechar el negocio antes de su decadencia.
Más allá de la calidad de estos argumentos, la explotación de tragamonedas del Hipódromo de Palermo se basa en un decreto que todavía se discute en la Justicia. Los más interesados en cuestionarlo son los empresarios de bingos de la Capital Federal, que no consiguieron la habilitación de esas "máquinas de resolución inmediata" en sus locales, a pesar de una norma que habían conseguido durante el gobierno de Fernando De la Rúa y que, en aquel entonces, fue motivo de razonables críticas y sospechas.
En las últimas semanas, se multiplicaron en la Legislatura porteña pedidos de informes que demuestran cómo el negocio del juego se mueve casi sin régimen de control en el distrito. Los diputados quieren que Mauricio Macri les informe si existe información fehaciente sobre las apuestas que se realizan en bingos y casinos, si se renovaron licencias de explotación sin licitación alguna, si existe un sistema online instalado -como exigen las normas- para que Lotería Nacional informe al Instituto del Juego porteño cuál es el volumen de las apuestas, de modo tal que puedan calcularse los fondos que debe recibir la ciudad. De estos interrogantes se infiere que, en la Capital Federal, frente al juego, toda regla y toda institucionalidad se vuelve borrosa.
En la provincia de Buenos Aires, el panorama no es más saludable. Las concesiones de los numerosos bingos fueron extendidas hacia entidades sin fines de lucro que, a la vez, ponen el permiso en manos de poderosas empresas de juego. En muchos casos, las explotaciones se habilitaron sin licitación alguna durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Su sucesor, Felipe Solá, prorrogó varias concesiones de manera sumaria, sin llamar a concurso, para atender las urgencias fiscales de la provincia.
Podría pensarse que la debilidad del régimen jurídico en el que opera el negocio del juego es nada más que una inocente desprolijidad. Pero acaso esa inestabilidad sea estratégica. La falta de norma hace que la concesión se vuelva arbitraria y, por lo tanto, atacable jurídicamente. Por esa hendija, a veces, imperceptible se cuela la corrupción. Son muy fáciles de advertir, desde mucho antes del acceso del actual gobierno al poder, las alianzas entre determinados elencos políticos y tal o cual compañía de explotación de apuestas.
Estos indicios, siempre vidriosos, son los que alimentan las fundadas suspicacias respecto del papel que está cumpliendo la creciente difusión de este pernicioso negocio en la Argentina. Es decir: resulta cada vez más difícil saber si se trata de una forma de solventar la acción social del Estado o si, además, constituye un canal oscuro, y por eso principal, para el financiamiento espurio de la política.
Fuente: lanacion