Traslados ilegales de tragamonedas en la Provincia

Argentina - Buenos Aires - De forma muy sospechosa, se instalarían maquinitas en un hipermercado de Ezeiza, que fue inaugurado por la presidenta Cristina Kirchner. La movida desecandenaría maniobras similares en toda la Provincia.
Silenciosamente, en la provincia de Buenos Aires está teniendo lugar la instalación de máquinas tragamonedas en lugares que no están habilitados por ley. Así, por ejemplo, está previsto que funcionen numerosas maquinitas en el hipermercado de la firma Coto que, días atrás, la presidenta Cristina Kirchner inauguró en Ezeiza.
Eso no es todo. En una movida muy polémica, la Provincia autorizó al empresario de Mar del Plata Florencio Aldrey Iglesias, de estrecha relación con el gobernador Daniel Scioli, a abrir un anexo del Casino Central en el hotel Hermitage. Sin embargo, el empresario, con el apoyo del Concejo Deliberante local, decidió trasladar ese anexo a la Unidad Turística Fiscal “Emprendimiento Paseo de Las Toscas y Paseo Hermitage”, también de su propiedad. Este sospechoso movimiento motivó la intervención de la fiscalía de Delitos Económicos marplatense. Todo indica que se trata una práctica sistemática. Por ello, el diputado provincial de la Coalición Cívica Walter Martello impulsó un proyecto de ley para frenar los traslados. Concretamente, la iniciativa plantea que “en ningún caso las salas de juego habilitadas podrán ser trasladadas a otros municipios, ni dentro del ámbito territorial de los distritos ya autorizados”.
“La habilitación de nuevas salas y el traslado de las existentes son decisiones que no pueden dejarse libradas a criterio de un órgano de control que resultó absolutamente funcional al poder. La Cámara de Diputados no puede mirar para otro lado mientras abiertamente los empresarios que carterizan el juego se disputan la Provincia como si estuvieran intercambiando figuritas”, dijo el legislador.
“No vamos a aceptar los argumentos en virtud de los cuales cuanto más se juega más recauda la Provincia. Un análisis serio de la cuestión evidencia que los costos directos e indirectos de tal conducta son más onerosos y más perjudiciales para el tejido social que los supuestos beneficios por los recursos colectados a través de tal actividad”, dijo Martello.
Diario Hoy