Tributo de casinos será insuficiente para costear seguridad

Costa Rica - San José - Tan solo 5 de las promesas de Chinchilla superan en 22% los $360 millones recaudables en 4 años.
Los $360 millones que Laura Chinchilla espera recaudar en su gobierno con un tributo de 2% a las utilidades de los casinos y apuestas no le permitirán concretar ni cinco de las 39 promesas de campaña para mejorar la seguridad ciudadana.
“Para hacer lo que queremos en seguridad, hablamos con franqueza de que la vía era un impuesto adicional a los casinos”, dijo Chinchilla el 9 de febrero pasado.
Sin embargo, EF estimó el costo de las ofertas más ambiciosas de su plan de gobierno en seguridad. Sumarían unos $441,5 millones, con base en cálculos y proyecciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOPT), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Poder Judicial a petición de este medio.
Esa cifra evidencia un déficit de al menos $81,5 millones frente a las demandas reales, lo que representa un 22,63% por encima del monto recaudable con el tributo en cuatro años.
Tal faltante significa alrededor del 43% de todo el presupuesto anual del Ministerio de Seguridad Pública del 2009 ($189,5 millones).
El costo final obtenido por EF suma el precio de aumentar en un 50% la cantidad de policías de tránsito y de seguridad pública entre el 2010 y el 2014, incrementar en un 20% el salario base de la actual población de policías y los 6.000 efectivos que Chinchilla prometió adicionar.
También considera la construcción y equipamiento de una sede permanente para la Escuela Nacional de Policía, crear y equipar 20 delegaciones distritales y poner en funcionamiento tres juzgados de flagrancia adicionales.
Pese a que las cifras ya superan lo presuntamente recaudable con el tributo que propone Chinchilla, la estimación de EF no cuantifica otras promesas del plan de gobierno que incrementarían el déficit.
Por ejemplo, el costo de “construir y remodelar progresivamente las delegaciones regionales, cantonales y distritales”, o “fortalecer y ampliar la formación policial básica”, tal y como lo ofreció el Partido Liberación Nacional (PLN) en campaña.
Además, en algunos casos, los datos solicitados por EF a las respectivas instituciones excluyen montos que acrecentarían su costo, pero que no se agregan por ser muy inciertos.
Así sucede con el precio del alquiler por cuatro años de tres juzgados de flagrancia, el cual no cuantificó el Poder Judicial.
De la misma forma, el Ministerio de Seguridad no cuantifica el precio de los terrenos para construir las 20 delegaciones distritales prometidas, pues se espera que las comunidades respectivas lo provean, como sucede en la práctica del actual gobierno de Óscar Arias, afirmó Erick Lacayo, director de la Fuerza Pública.
En busca de dinero
El financiamiento de las promesas de seguridad no pareciera estar claro.
Cuando EF solicitó a la Presidenta electa una lista detallada de las obras y políticas que se financiarían con el impuesto, Chinchilla respondió a través de su departamento de prensa que el tributo “se destinará a atender las necesidades en materia de seguridad”.
Sin embargo, luego de que este medio compartió con ella los resultados que evidencian la insuficiencia de fondos para cubrir al menos cinco de sus principales promesas, Chinchilla cuestionó la conclusión de este periódico y aclaró que no todas las propuestas en seguridad se cubrirían con el dinero de los tributos. No obstante, ese fue su discurso ante la opinión pública.
“La discusión mía con ustedes no está en el cálculo, pues está bastante detallado, sino en si todo depende de esos $360 millones o también de otras fuentes de financiamiento”, dijo.
Por el momento Chinchilla admitió que desconoce cuáles promesas en seguridad puede cumplir con el dinero del impuesto, pues hasta ahora el PLN está cuantificando el costo del plan de gobierno presentado en diciembre del 2009.
“Tengo un grupo de personas que está cuantificando el costo del plan de gobierno y hubiera querido trabajar con datos mucho más precisos que los que nos dieron (EF). Todavía falta el cierre de fin de semana y Luis Liberman (vicepresidente electo) tuvo que irse del país”, justificó Chinchilla.
La politóloga asegura ahora que su principal base de financiamiento es presupuesto de seguridad ($240 millones, aprobado para el 2010), y que el impuesto es el “principal complemento”.
De forma paralela, Chinchilla dijo que ha comenzado la búsqueda de ayuda económica en la cooperación internacional para, por ejemplo, sufragar una sede permanente para la escuela de policías y aumentar la infraestructura penitenciaria con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Además, por medio de un préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se financiaría una segunda etapa del proyecto de vigilancia con cámaras iniciado por el gobierno de Óscar Arias.
Estos préstamos tendrán que ser aprobados por la Asamblea Legislativa, según confirmó su vocero de prensa, Carlos Roverssi.
Este requisito adicional podría atrasar la disponibilidad de ingresos para concretar la promesa.
Inseguro
Otras fuentes de financiamiento carecen de claridad.
Por ejemplo, Chinchilla aseguró que su gobierno contará con que el cobro de las multas establecidas por la nueva ley de tránsito permitiría pagar la promesa de 400 tráficos más, que en cuatro años costarían alrededor de $20 millones.
Sin embargo, ella misma aceptó que ahora, con las reformas que se discuten en el Congreso para bajar el monto de las esas sanciones, esos recursos son inciertos, aunque espera que de todos modos los ingresos por multas a las arcas estatales se incrementen.
“Si usted me pregunta si le puedo dar garantía de que los diputados van a mantener esas multas, no se la puedo dar”, aseguró Chinchilla.
Para enturbiar más las cosas, algunos escépticos aseguran que los $90 millones anuales que el gobierno entrante pretende obtener con el impuesto a los casinos –$360 millones en cuatro años– son una ilusión, tal y como lo sostiene el diputado Luis Barrantes, jefe de fracción del Movimiento Libertario.
El congresista afirma que el tributo podría aplicarse al dinero de casinos y apuestas que entran al país, pero que en el caso de los sportbooks , al tramitarse en Costa Rica únicamente la apuesta electrónica sin que ingrese el dinero a la jurisdicción costarricense, no se podría registrar el tributo.
“Para cobrar impuestos sobre esas apuestas sería necesario que cobraran una licencia de funcionamiento, como se hace en otros países, pero eso no está en el proyecto”, aseguró Barrantes.
Otro problema a enfrentar por Chinchilla es el tiempo para cobrar el tributo, lo que incidiría en la recaudación real en su gestión.
Eso dependería de la pronta aprobación en la Asamblea Legislativa, y si bien pareciera que Chinchilla tiene el apoyo político de Partido Acción Ciudadana y el Movimiento Libertario, la negociación política es impredecible en un congreso fraccionado como el que viene.
Junto a ello, la recaudación estimada del tributo se da dentro de escenarios muy optimistas, superados por la realidad.
Si bien no son tributos comparables, el resultado del impuesto a las casas de lujo del Gobierno saliente es un ejemplo de la limitación en la recaudación en el país: en el primer trimestre de cobro el Ministerio de Hacienda solo ha recolectado la tercera parte de los ¢10.000 millones que estimaba recibir.
Para Erick Lacayo, director de la Fuerza Pública, es evidente que el Gobierno requerirá más fondos que solo el tributo, junto con una conciencia nacional de que la seguridad es costosa.
“Los ciudadanos dicen que quieren seguridad cinco estrellas, ¿pero estamos pagando e invirtiendo en eso?”, cuestionó enfáticamente.
Autor: Alejandro Fernández Sanabria