Piccinini a favor de erradicar los cajeros automáticos de los casinos

Argentina - Recordó asimismo que con ese fin, un proyecto presentado en la Legislatura por la Diputada Magdalena Odarda, propone prohibir la instalación de cajeros automáticos en el interior de los Casinos de la Provincia.
“Sorprende, no obstante, que la Legisladora del ARI no haya advertido que desde el 14 de marzo del 2007 entre los expedientes ingresados con iniciativa parlamentaria, se encuentra un proyecto de autoría de la Defensoría del Pueblo de características similares”, se indicó a través de un comunicado, y se agregó que “extraña por tal motivo que ni la Legisladora del ARI ni parlamentarios de las otras bancadas, en casi dos años, solicitara o insistiera en su análisis, por lo que nunca tuvo tratamiento en ninguna comisión”.
Como consecuencia de ello, y al no tener tratamiento legislativo en los plazos acordados por la normativa legal vigente en la materia (Ley 140/60), el 31 de diciembre de 2008 se procedió a su archivo, “perdiéndose así dos años para avanzar en un tema tan importante y preocupante como es la ludopatía”.
La Defensoría del Pueblo elaboró esta iniciativa con un grupo de ciudadanos que golpearon las puertas de este organismo, y plantearon esta grave problemática. Por tal motivo “se coincidió en aquel momento en la necesidad de fijar un límite, ya que las personas enfermas de ludopatía que cuentan con el cajero automático dentro de la misma sala destinada al juego, se ven expuestas a exacerbar su adicción, sin encontrar frenos en la realidad”.
“Es menester por tal motivo buscar mecanismos de protección para los individuos que padecen la ludopatía, y evitar que las consecuencias nocivas de esta conducta repercuta negativamente en sí mismos y en sus familiares”, señaló Piccinini.
“Inclusive, en su momento, desde la Defensoría del Pueblo sugerimos la necesidad que sea el mismo Estado el que debía avanzar en regulaciones que contemplen, entre otras cosas mecanismos de protección, límites en los horarios de las casas de juego, como así la obligación de suministro de información objetiva sobre los riesgos de la conducta del juego, y el reconocimiento del juego patológico como enfermedad, como la provisión de programas especiales a los individuos de alto riesgo y a sus familiares”.
Finalmente la Defensoría del Pueblo quiso “dejar a salvo la honestidad moral e intelectual de la Legisladora Odarda, a quien considera una persona de bien y que nunca especularía en el hecho de esperar que caduquen los plazos acordados para el tratamiento de la iniciativa elevada por la Defensoría, para obtener así algún provecho de carácter político con un tema tan sensible para la sociedad y de consecuencias tan graves para el víctima de la enfermedad y su entorno familiar, solamente lamenta el tiempo perdido, ya que desde esta Institución se propuso tratar el tema dos años atrás”.
Fuente: anbariloche