La oscura trama del negocio del juego

Argentina - Bs. Aires - La denuncia que realizó el Instituto de Loterías contra Codere por diversas irregularidades tuvo repercusión internacional. A eso se le suman numerosos hechos aún no esclarecidos sobre supuestos negociados entre ex funcionarios bonaerenses y empresarios del juego.
La denuncia que realizó el Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia contra la empresa Codere, por presuntos delitos de lavado de dinero, falsas contrataciones, defraudaciones, estafas y otras irregularidades detectadas en la liquidación de las máquinas tragamonedas, causó un verdadero cimbronazo político. Y hasta tuvo repercusión internacional, ya que se hicieron eco medios españoles (el país de origen de Codere), como el diario El Economista de Madrid, que se comunicaron con Hoy para interiorizarse acerca de la demanda.
Pero la denuncia, que se tramita en la fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, y que fue anticipada en exclusiva por este diario en su edición del lunes, es sólo una parte del entramado de negocios oscuros relacionados con la actividad de los bingos y tragamonedas en la Provincia.
Un punto de inflexión fue el año 2006 cuando, de forma unilateral, el entonces gobernador Felipe Solá decidió prorrogar por decreto las licencias de las salas de bingo de la Provincia. La medida favoreció especialmente al grupo Codere que, pese a que el actual gobierno no le renovó las licencias en La Plata y Mar del Plata, aún sigue controlando 14 salas de juego (con tragamonedas) en la Provincia.
Solá, que ahora intenta bañarse con agua bendita por haber roto con el kirchnerismo, aún debe dar explicaciones de lo que fue ese verdadero escándalo.
Algunos transcendidos dieron cuenta que en en aquel entonces Felipe tenía el sueño de volver a ser reelecto, pese a que la Constitución de la Provincia lo prohíbe expresamente. Toda campaña política, como es sabido, requiere de dinero. Y no son pocos los que vienen denunciando, especialmente las máximas autoridades de la Iglesia católica, sobre las estrechas relaciones que existen entre parte de la dirigencia política y los empresarios del juego.
Fue en ese contexto que a Solá se le ocurrió avanzar con la renovación de las licencias de forma directa, sin hacer un llamado a licitación. Felipe tampoco contempló ni siquiera la posibilidad de que sea el Estado, tal como lo viene proponiendo este diario desde hace mas de 10 años, el que asumiera el control total de esta actividad, para que el dinero que en ella se genera, que constituye un verdadero flagelo social, llegue a los más necesitados y no siga llenando los bolsillos de un grupúsculo de empresarios cercanos al poder.
Con diferencia de una semana, el entonces gobernador mostró un inesperado cambio de opinión: pasó de sentirse ofendido (dijo: “Cómo voy a pretender renovar las licencias de los bingos faltando meses para terminar mi mandato, sería una locura”) a reconocer que iba a mandar un proyecto de ley a la Legislatura para reglamentar las licencias.
¿Por qué decidió pagar este costo político? Muchos trascendidos dieron cuenta de que había mucho dinero de por medio y una investigación periodística de la Red 92, la radio más escuchada de La Plata, puso de manifiesto que se habrían pagado unos $ 700 millones en coimas.
Varios hechos concretos avalaron esta línea de investigación. Por ejemplo, un miércoles de junio, a las 23, dos funcionarios provinciales habrían firmando un acta en Capital Federal, en la sede de la Cámara de Bingueros. ¿El objetivo? Asegurarles a los representantes de Codere y a otros explotadores del juego que iba a haber contraprestación cierta a cambio del dinero recibido.
El requisito que exigían los empresarios del juego era que el Parlamento provincial aprobara ese acta, que significaba que las arcas bonaerenses iban a perder la posibilidad de controlar la suma varias veces millonaria que mueve el negocio de las tragamonedas. Se comenta que ese dinero equivale a dos veces la deuda de la provincia de Buenos Aires o dos veces lo que la Argentina le debe actualmente al Club de París.
En ese contexto, el entonces intendente Julio Alak se comunicó con la radio más escuchada de La Plata y en la charla que mantuvo habría confesado que el diputado provincial Alberto Delgado lo había ido a ver y le había confesado que cobraría varios millones de pesos si se aprobaba ese oscuro convenio. También trascendió que ese gran negocio lo habían pergueñado otro legislador oficialista (Raúl Pérez) y un senador provincial (Juan Amondarain), que habrían recibido una cifra aún más sideral. Esta investigación hizo que se inicie una causa penal contra la radio, en un claro intento por cercenar la libertad de expresión y al derecho de la información que consagra la Constitución y los pactos internacionales con jerarquía constitucional en nuestro país.
El escándalo fue mayúsculo. La iniciativa ni siquiera se debatió en el Senado: toda la oposición, y muchos oficialistas, manifestaron su rechazo, pese a lo cual Solá renovó la licencia por decreto de necesidad y urgencia, y obligó a que todos sus ministros lo firmaran (entre ellos se encontraba León Carlos Arslanián). Llamativamente, la Justicia nunca intervino de oficio. Nunca se citó a ningún funcionario ni legislador a declarar.
La escandalosa renovación de las licencias hizo que Solá también confrontara con el entonces presidente Néstor Kirchner, que desde hace algunos años viene impulsando con énfasis el ingreso de su principal amigo-empresario Cristóbal López (dueño de la empresa Casino Club, que explota el Casino Flotante de Puerto Madero y las máquinas tragamonedas del hipódromo de Palermo) al negocio del juego en la Provincia.
Ocurre que la renovación de las licencias a Codere dejaba a Cristóbal fuera del negocio y por eso el propio Solá reconoció, en una entrevista que el año pasado dio a un periódico porteño, que la imposibilidad de ser reelecto estuvo relacionada con haber impedido el ingreso de Casino Club en territorio bonaerense.
Pero, cuando Elisa Carrió se presentó a denunciar a Los Kirchner por enriquecimiento ilícito, aportando información sobre los negocios de Cristóbal López, se lo invitó públicamente a Felipe para que se presentara a la Justicia y ratificara sus dichos. Solá nunca apareció. ¿Tendrá miedo de que si se presenta en tribunales, los K hagan salir a la luz el entramado de negocios oscuros que tuvo su gestión con los bingueros? ¿Existe un pacto de no agresión entre el líder del PJ bonaerense y la Casa Rosada en relación al espinoso tema del juego?
Solá recoció que en las elecciones que ganó, en el año 2007, hubo fraude. ¿Se animará a reconocer que también hubo fraude en el negocio del juego?
Fuente: diariohoy