El oscuro trasfondo del juego

Argentina - La Iglesia Católica, especialmente a través de la figura del monseñor Jorge Casaretto, tiró la primera piedra. Alertó con énfasis sobre la necesidad de impedir el desarrollo y la proliferación del negocio del juego en nuestra provincia.
Las palabras de Casaretto, que es presidente de la Comisión de Pastoral Social, fueron más que elocuentes: “El poder económico de los grandes empresarios del juego y sus alianzas con los poderes políticos son enormes. La compra de voluntades y de apoyos no reconoce límites”, afirmó el año pasado a través de una carta pública. Y agregó: “Muchas veces, funcionarios honestos han tenido que soportar presiones desde diversos estratos del poder para votar leyes o autorizar concesiones que faciliten el enriquecimiento desmedido de unos pocos a costa de la degradación de muchos”.
Y en el gobierno provincial parecen haber tomado nota de las advertencias eclesiásticas. Por eso, ante los rumores de que se le podría otorgar la concesión de máquinas tragamonedas en la Provincia al empresario Cristóbal López (de fuertes vínculos con el ex presidente Néstor Kirchner), Daniel Scioli decidió someter a una ronda de consulta el proyecto para crear un nuevo marco normativo que regule las licencias de las salas de bingo, donde funcionan las tragamonedas. Además, no se le renovó la licencia a la empresa Codere, que tuvo el monopolio del juego en La Plata durante casi 20 años.
Pero, detrás este proceso, se esconde una historia oscura que da cuenta de la mancomunión de empresarios relacionados al juego y sectores del poder político, que aparecen sospechosamente vinculados. Y que no tienen reparos a la hora de realizar campañas de persecución contra aquellos que tienen la valentía de denunciar negociados, que incluyen pagos de coimas.
Concretamente, en el año 2006, en momentos en que el entonces gobernador Felipe Solá estaba empeñado en obtener recursos para presentarse a una nueva reelección en la Provincia (algo prohibido por la Constitución bonaerense), la Provincia prorrogó automáticamente por 15 años, sin discusión legislativa, las licencias de las salas de bingo. Así se le otorgó un beneficio extraordinario al puñado de empresas que controlan 13 mil máquinas tragamonedas, que facturan $ 1.400 millones de pesos por año, a cambio del pago de un insignificante canon. Este decreto sigue vigente, hasta tanto no se sancione un nuevo marco normativo en la Legislatura.
Uno de los empresarios periodísticos que se atrevió a denunciar esa irregular situación fue el ingeniero Marcelo Balcedo, director de la radio Red 92, que realizó una serie de investigaciones sobre millonarias coimas que se habían pagado para favorecer a las licenciatarias, entre ellas Codere.
A raíz de las denuncias de Marcelo Balcedo, varios legisladores provinciales del oficialismo involucrados en las irregularidades, como Raúl Pérez, Alberto Delgado y Juan Amondarain, emprendieron una persecución judicial contra el empresario, en lo que es una clara violación a uno de los principales principios jurídicos que consagra nuestra Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica (que tiene jerarquía constitucional en nuestro país): la libertad de expresión, y el derecho a informar y ser informados.
Actualmente, Pérez y Delgado siguen siendo legisladores provinciales, mientras que Amondarain (que quedó marginado de las listas que compitieron en las elecciones de 2007 a raíz de este escándalo) es funcionario del ministerio del Interior.
En momentos en que se reabre la discusión en la Provincia por el manejo del juego, esta persecución sigue vigente y es impulsada por los mismos actores que concretaron un negociado sin precedentes en la Provincia.
Fuente: diariohoy