jueves, 29 de enero de 2009

La ruleta... de la vida

Argentina - La recaudación anual de las mesas del casino y las máquinas tragamonedas es y será un secreto, pero de acuerdo a lo que la empresa concesionaria paga por ingresos brutos, puede estimarse que rondaría los 200 millones de pesos. El canon por la explotación no llegó el año pasado ni a cuatro millones.
Si aumentan los casos de meningitis o sarampión, la Subsecretaría de Salud reacciona promoviendo campañas públicas de información y vacunación. Si crecen los índices de deserción escolar o analfabetismo, es probable que el Ministerio de Educación se inquiete para revertirlos. Si se multiplican los robos y asaltos, la policía quizá trate de reforzar la seguridad en las zonas más críticas. Y si suben los precios de los comestibles, el Ministerio de Economía puede tomar medidas y eventualmente negociar con los supermercadistas. ¿Pero qué hace el gobierno cuando las apuestas en los juegos de azar aumentan un 30 por ciento en apenas un año, como ocurrió en la provincia en 2008? Nada. Simplemente nada, a pesar de que la ludopatía -o juego patológico- fue reconocida como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud en 1980.
El informe publicado ayer por LA ARENA, sobre la base de datos oficiales de la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social, mostró que el año pasado los pampeanos apostaron por casi 112 millones de pesos en cinco juegos (quiniela, Telekino, Telebingo, Quini 6 y Loto) y que apenas 3,9 millones fueron destinados a ayuda social (Ministerio de Bienestar Social, Fondo Provincial Educativo, Ministerio de la Producción, etc.).
Está claro que el costado social es el más importante en esta actividad lúdica que, en muchos casos, termina convirtiéndose en adictiva y que siempre desfavorece más a los sectores humildes. Pero el negocio del juego ofrece otro costado, estrictamente económico, sobre el que el gobierno tampoco parece interesado, a partir de la falta de controles estrictos sobre los dineros que se apuestan.
Desinterés.
En muchas provincias el control de las máquinas tragamonedas se ejerce on line, o sea que las empresas no pueden hacer "trampa" sobre los montos recaudados. No es, justamente, el caso de La Pampa, donde Casino Club, la dueña del negocio, simplemente le paga al Estado provincial un canon anual por la explotación de 20 mesas de ruleta, 6 de black jack, 2 de punto y banca, 1 de casino poker, 1 de craps y 505 tragamonedas (327 en el casino y 178 en la sala de slots de la calle Hilario Lagos).
El canon, según un informe oficial de la Dafas, fue de 3.964.000 pesos en 2008. Esa cifra equivale a menos de la mitad de lo que Casino Club -cuyo dueño Cristóbal López ha sido permanentemente ligado al ex presidente Nestor Kirchner- aporta a la Dirección Provincial de Rentas en concepto de ingresos brutos. El propio ministro de Hacienda, Ariel Rauschenberger, reveló recientemente en la Legislatura, cuando fue a explicar el proyecto de presupuesto para este año, que la recaudación por ese gravamen oscila en los ocho millones de pesos. Si Rentas le aplica a la empresa un porcentaje del 4,1 para ingresos brutos, una simple cuenta indicaría que el casino estaría embolsando anualmente alrededor de ¡¡195 millones de pesos!!
Valga entonces plantearse una pregunta a partir de comparar esos montos: ¿es justo que el mismo Estado, que proclama que el fin de los juegos de azar es obtener recursos para financiar la acción social, permita que una empresa de semejante envergadura pague de canon la mitad de lo que abona por ingresos brutos? Es una muestra más del desinterés de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Una de dos: a nadie le interesó, le interesa ni le interesará nada de lo que ocurre con el juego en la provincia, o a alguien o algunos les interesa que no se hagan olas con el tema.
De hecho, el año pasado los diputados Juan Carlos Scovenna (ARI) y Martín Berhongaray (Frepam) presentaron proyectos pidiendo informes sobre controles, recaudaciones, personal, entradas vendidas, premios pagados, montos apostados, utilidades del concesionario, cánones percibidos por el Estado, etc. y el oficialismo no movió un pelo para aprobarlos. Scovenna hasta se animó a un cálculo tentativo: las tragamonedas recaudan anualmente alrededor de 57 millones de dólares.
Otra visión.
Hugo Rodríguez, director provincial de Administración y Relaciones Institucionales de la Caja de Asistencia Social de la Lotería Santa Fe, ofreció otra mirada sobre cómo afrontar "una realidad en la que el Estado no puede estar ausente porque está obligado a marcar pautas; sino los particulares manejarían todo".
En esa provincia hay dos casinos, uno en la capital y otro en Melincué, y Casino Club abrirá el tercero en Rosario, posiblemente en septiembre. Toda una herencia que el gobierno socialista recibió de la gestión anterior.
En verdad, Cristóbal López no está sólo en el proyecto rosarino, sino que se asoció al grupo español Cirsa a cambio de obtener acciones en el casino flotante de Puerto Madero. El proyecto contempla, además, la construcción de un hotel cinco estrellas.
C.C. ganó la licitación con una oferta muy diferente a la de La Pampa, más allá de que se trate de dos mercados absolutamente distintos: López pagará mensualmente un millón de pesos de canon fijo por la explotación de 80 mesas de paño, el 20,5 por ciento de lo recaudado por 2.000 máquinas tragamonedas y el 78 por ciento de la recaudación de 50 mesas de bingo. Además tributará el 5,5 por ciento de derecho de registro e inspección (DReI) y el 4,1 por ciento de ingresos brutos.
"Nosotros monitoreamos cada tragamonedas on line durante las 24 horas del día. Sabemos al instante a qué hora se juega y cuánto se juega en cada máquina. Y además enviamos personal para que controle in situ por las dudas que alguien quiera abrirlas. O sea que aplicamos un doble control", detalló Rodríguez.
Casino Club informa en su página web sobre su programa de juego responsable (hasta contrató a la estrella futbolística Juan Román Riquelme para promocionarlo) y el gobierno provincial organizó unas jornadas de ludopatía. Pero fueron meras acciones publicitarias, olvidadas en un par de días. Lo real, lo concreto, es que no existen campañas públicas contra la adicción al juego. Simplemente porque a nadie le interesa.
Fuente: La Arena

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