Lanzan ofensiva para frenar la expansión de las tragamonedas

Argentina - Luego de una reunión con autoridades de la Iglesia, la oposición quiere conformar una comisión investigadora en la Legislatura bonaerense. Buscan ponerle un freno a la instalación de las máquinas tragamonedas. Afirman que las resoluciones y decretos que permiten la renovación de licencias “son inconstitucionales” y “poco transparentes”. ¿Qué rol debe jugar el Estado?.
El negocio del juego, especialmente las máquinas tragamonedas, mueven cifras varias veces millonarias, que benefician a un pequeño grupo de empresarios que manejan el negocio en la Provincia.
Desde hace tiempo circulan denuncias sobre la implementación de mecanismos considerados “poco transparentes” en cuanto a la explotación de las maquinitas, algo que volvió a tomar fuerza a partir de la prórroga automática de las licencias de los bingos (donde funcionan estos artefactos) y por los trascendidos que dan cuenta de que se instalarán nuevas salas de tragamonedas en el Conurbano, con el aval del gobierno bonaerense. Por eso, según pudo saber Hoy, sectores de la oposición están a punto de presentar un proyecto de ley para crear una comisión investigadora.
La iniciativa tendría el respaldo de importantes sectores de la Iglesia: el diputado Walter Martello (impulsor de la iniciativa) y otros legisladores de la Coalición Cívica mantuvieron una reunión con monseñor Jorge Casaretto, obispo de San Isidro y ex titular de Cáritas, que ha sido la voz cantante de la Iglesia respecto a las denuncias por el flagelo del juego y sus consecuencias: ludopatía, familias quebradas, suicidios, etc.
Precisamente, uno de los lugares donde se instalarían maquinitas sería el hipódromo de San Isidro. Algunas versiones indican que allí podría desembarcar el empresario Cristóbal López, dueño del Casino Club (Casino flotante de Puerto Madero), que a fines del año pasado fue beneficiado con un decreto mediante el que se prorrogó por 15 años la concesión del Hipódromo de Palermo (donde hay tragamonedas), a pesar de que la misma recién vencía en 2017. También se benefició con un aumento de hasta el 70 por ciento en la cantidad de tragamonedas: de las 3 mil actuales a 5.100.
La intención es que la mencionada comisión investigadora estudie “la constitucionalidad” de varias normativas que actualmente regulan la concesiones y las renovaciones de licencias. Apuntan contra un decreto firmado por Felipe Solá -pero que sigue utilizando Daniel Scioli- que posibilita que, con sólo una resolución del Instituto de Lotería bonaerense, las actuales concesionarias de las salas de juego puedan renovar por 15 años el permiso de explotación a cambio del pago de un canon fijo igual al promedio mensual de lo abonado durante 2005. Este decreto nunca fue ratificado por la Legislatura.
La comisión también investigará si el crecimiento de las tragamonedas tiene su correlato con el desarrollo de los problemas sociales.
Cifra millonaria
El dinero que está en juego es significativo: se calcula que las maquinitas dejan una ganancia neta a los operadores de $ 900 millones anuales. Si esa cifra se multiplica por 15 años, plazo contemplado en la renovación de licencias, la suma asciende a $ 13.500, es decir 38,5% del presupuesto provincial. “También sospechamos que se pueda producir el ingreso de López a la Provincia a través de la venta de alguna empresa vinculada al juego. Por ejemplo, el bingo de Avellaneda se acaba de vender en 100 mi-llones de pesos y no se sabe bien quiénes fueron los compradores”, dijo Martello. Y agregó: “Este año y en 2009 estarían venciendo otras concesiones, como el caso de casino Trilenium de Tigre”, propiedad de Boldt.
Está compañía y Cristóbal López mantienen una sorda disputa. Ocurre que Boldt quiere hacer valer una resolución que data de la época de Eduardo Duhalde que establece que debe haber 150 kilóme-tros de distancia entre cada una de las salas con tragamonedas. “La excusa fue ponerle un freno al crecimiento de la actividad de esta máquinas: pero en los hechos terminó favoreciendo a Boldt”, dijo el legislador.
La bloque de senadores de la UCR también puso en la mira el decreto que en su momento firmó Felipe. Por eso el legislador Diego Rodrigo presentó un proyecto a través del cual propicia la creación de un “marco normativo legal y constitucional para las autorizaciones” que se otorgan en la Provincia. Los radicales afirman que al no haber sido ratificado por la Legislatura, el decreto de Solá dejó de tener vigencia.
“Lo menos que puede decirse de este mecanismo es que es poco transparente. Las adjudicaciones son directas y ni siquiera se llama a licitación”, le dijo a Hoy el jefe de bloque de senadores radicales, el marplatense Jesús Porrúa. Y confirmó que la iniciativa se está discutiendo en la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara alta. El debate recién comienza.
Fuente: diariohoy