Procesan por fraude al titular del Instituto de Juego de la Ciudad

Buenos Aires - Argentina - La Cámara Federal confirmó esta semana los procesamientos de cuatro ex directivos de Lotería Nacional, uno de ellos actual titular del Instituto de Juego porteño, por presunto fraude en el alquiler de dos salones del Hipódromo de Palermo, según informaron ayer fuentes judiciales.

Uno de los procesados es el ex titular de Lotería Nacional y actual responsable del Instituto de Juego de la Ciudad, Carlos Gallo. Los otros tres procesados son Estela Pérez de Flamarique, Daniel Fontanella y María Isabel Mateos. Todos ellos sufrieron el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de 400 mil pesos en cada uno de los casos.

Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun sostuvieron que "es posible afirmar" que los acusados, "violando los deberes que tenían a su cargo" y "con el fin de favorecer indebidamente a las sublocatarias" de los salones, "obligaron abusivamente" a Lotería a firmar un nuevo contrato de alquiler del lugar, objeto de varias controversias anteriores.

Ocurre que, según un convenio firmado el 15 de mayo de 2003, diez días antes de la asunción de las nuevas autoridades nacionales, Lotería, a través de los procesados, aprobó el alquiler de los dos salones en 12 mil pesos y éstos fueron subalquilados luego por el inquilino en 16.500 dólares más una llave de 1.250.000 dólares.

Los salones son el famoso Tattersal del Hipódromo -que da sobre la Avenida Del Libertador y donde se han festejado casamientos de famosos personajes de la farándula, hoy clausurado- y un vecino espacio que debiera haber sido destinado al "Museo de la Hipología" pero que terminó explotado como restorán bajo el nombre de "Kansas".

La causa fue iniciada por una denuncia del abogado Marcelo Gey, que también había recurrido a la Oficina Anticorrupción, por lo que este organismo terminó como querellante en el expediente.

El convenio objetado por el de nunciante y ahora analizado por la Justicia por la existencia de un posible delito prorrogó el alquiler de las instalaciones por diez años, con opción a otros cinco. Es que los alquileres habían sido autorizados inicialmente en 1994 pero después fueron objeto de diversas denuncias cruzadas.

Justamente el largo plazo de alquiler fue lo que llevó a la Justicia a determinar el monto de los embargos trabados a los acusados, ya que se corresponderían con la plata que el Estado dejó de ganar como consecuencia del acuerdo firmado en 2003.

Con los procesamientos ya confirmados por la Cámara Federal, los acusados serán llevados a juicio oral cuando el juez Sergio Torres disponga la elevación del caso a un tribunal oral.

Nota de: Lucio Fernández Moores lfmoores@clarin.com