Macri apura el convenio por el juego con Cristóbal López

Argentina - Buenos Aires - En su entorno hay resistencias al acuerdo por el “costo político”, pese a que duplicaría la recaudación. El empresario K mantendría el monopolio.
La reunión fue el miércoles pasado, en el séptimo piso de una de las oficinas del empresario de la construcción Nicolás Caputo, el “hermano de la vida” de Mauricio Macri y uno de sus dos principales consejeros de confianza en temas de negocios. Allí, un grupo de altos funcionarios porteños y empresarios vinculados al juego, y cercanos a Cristóbal López, ultimaron los detalles sobre la posible firma de un nuevo convenio entre la Lotería Nacional y el Instituto del Juego porteño, para aumentar el reparto de los fondos que genera esa actividad.
Son momentos decisivos para el Gobierno, porque una de las últimas posibilidad que tiene Macri de que la Legislatura porteña avale el nuevo Convenio, de prosperar, es el próximo jueves tres, cuando se celebre la última sesión ordinaria.
El problema es que con cada minuto que pasa, las aguas se dividen más y más en la cúpula del macrismo. Un sector está a favor del acuerdo porque el incremento en la recaudación es significativo: se pasaría a percibir entre 120 millones y 350 millones más, de un parpadeo.Pero un sector, que entiende un poco más sobre política y no tanto de números, se opone por el tremendo costo político que significaría firmar un nuevo acuerdo entre la Nación y la Ciudad (algo que no se da desde 2003). Macri, indirectamente, ratificaría el monopolio lúdico del empresario vinculado al kirchnerismo Cristóbal López, dueño de la mitad del Casino de Puerto Madero y de las máquinas tragamonmedas del Hipódromo de Palermo, en tierra porteña.
Desde hace semanas, funcionarios de la Ciudad y empresarios vinculados al juego mantienen reuniones y hasta redactaron una addenda –un documento con rigor de decreto– que actualizaría el actual convenio. Un poco más restrictivo que el viejo proyecto, que a fines de 2007 encendió cortocircuitos entre la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti y Macri (ver Cuando...), “No estoy de acuerdo con el convenio, me parece una locura, pero sí me parece válido que la Ciudad reclame su autonomía porque es lo está sucediendo en la mayoría de las provincias, que manejan el juego”, reconoce una de las personas de mayor confiaza de Mauricio Macri.
Disputas
Este jueves, varios funcionarios de la Ciudad con despachos contiguos mostraban estas diferencias en el corazón de la jefatura de Gobierno, en Bolivar 1. Para algunos era una “excelente idea” porque la Ciudad treparía del 24% que percibe hoy a un 50%, que es lo que propone la addenda. Pero para otro sector, la posibilidad de que transciendan las negociaciones entre Cristóbal y la gente de Macri sería un nuevo golpe mediático luego del escándalo del espionaje PRO.
Sobre todo, porque el Gobierno porteño ayudaría a mantener el status quo del monopolio del juego en la Ciudad durante cinco años más, que es lo que pide López. O sea, tres años después de las elecciones presidenciales de 2011. Se trata de un negocio que el propio Gobierno define como “uno de los monopolios más redituables del continente”, concebido en una Ciudad con casi tres millones de habitantes, pero con sólo dos dos players: Palermo y Puerto Madero.
En el entorno de Cristóbal confirmaron la existencia de una negociación, pero no saben cómo terminará el acuerdo. Recuerdan cuando en 2008 se enteraron por las cámaras de TV que “el arreglo” que habían pactado con el macrismo, estaba terminado.
Otro de los puntos delicados del convenio propone que la Ciudad le “condonde” a la industria del juego la deuda que mantiene en concepto de Ingresos Brutos desde principio de año. A fines de 2008, la Legislatura aprobó la modificación del Código Fiscal gravando con 8% esa actividad. Pero la oficina de Rentas porteña aún no pudo cobrar un sólo peso. Allí argumentan que varios amparos de la Justicia Federal avalan el cese del pago.
El presupuesto para este año se calculó con una estimación de seiscientos millones de pesos en ese concepto, que nunca ingresaron a las arcas porteñas. Anibal Ibarra, impulsor de esa ley confirma los contrastes: “Macri debería preocuparse más en cobrar el impuesto al juego que en asegurarle los negocios a Cristóbal”.
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