Lissavetzky , cuyo deseo es «que se actúe con la máxima contundencia contra el fraude deportivo», también aboga por un órgano regulador, formado por Hacienda, Consejo Superior de Deportes (CSD), ligas y representantes de jugadores, entre otros organismos, que luche por garantizar el equilibrio financiero de los clubes, «con el fin de que el deporte sea solvente, saneado y sostenible».
En cualquier caso, el secretario de Estado reconoce que «si hay fraude deportivo en España, no se acabará por el hecho de modificar el Código Penal, igual que la ley antidopaje no ha conseguido terminar con el dopaje», aunque puntualiza que «son las leyes las que sostienen las políticas que se están llevando a cabo y es preciso determinar unas reglas». «Y si se puede obtener dinero para el deporte y el CSD, bienvenido sea», añadió quien considera necesario «que haya un retorno económico para el mundo del deporte». En este sentido, recordó que en diversos países europeos, casos de Suiza y Francia, está prohibido que los futbolistas luzcan en sus camisetas el nombre de casas de apuestas deportivas online -lo ha sufrido el Real Madrid en Zúrich y Marsella-, «porque se considera una publicidad negativa», y estimó que «es de cajón que se apruebe una ley general que impida que los deportistas apuesten».
Lissavetzky sí admitió que dado que la reforma del Código Penal que castigará con penas de cárcel el fraude deportivo no tendrá efecto retroactivo para el Las Palmas-Rayo, será complicado probar que hubo apuestas ilegales para ese partido de la pasada temporada que terminó con empate sin goles y garantizó la permanencia del equipo canario en Segunda División. «Lo importante y lo ideal es que haya información y transparencia, pero con el tema de protección de datos que existe en España también es un asunto muy complejo. Yo no tengo una 'policía Lissavetzky ', una policía deportiva, pero el que ha hecho la reforma del Código Penal he sido yo. Nadie la hizo antes».
La Verdad
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