Tres fallos avalaron las salas de juegos

Ecuador - La Fiscalía citó a declarar para el viernes a Jaime Solórzano, ex empleado de la empresa Invermun. Él dice que funcionarios estatales recibieron coimas.
Tres coincidencias existen entre las denuncias sobre presuntos pagos a funcionarios públicos por parte de la empresa peruana Invermun, que opera salas de juegos de azar y casinos en el país, y resoluciones de organismos estatales.
Las investigaciones
El fiscal general Washington Pesántez pedirá al canal Teleamazonas que le entregue una copia del video de la entrevista realizada a Jaime Solórzano el lunes pasado.
Jaime Solórzano también dijo que se pagó dinero al periodista Douglas Argüello, pero él aclaró ayer que mantuvo relaciones laborales con Invermun SA en junio de este año por relaciones públicas, desarrollo empresarial y publicidad.
El Ministerio de Gobierno anunció que se trabaja en la creación de una ley de registro único para casinos y salas de juego de tragamonedas.Esta propuesta será presentada a la Asamblea Nacional, para su debate y difusión social.Esas casualidades surgen luego de la denuncia que hizo pública Fabricio Correa, hermano del Presidente, sobre los supuestos sobornos de la firma de salas de juegos a miembros del Régimen. Y que luego Jaime Solórzano, ex empleado de Invermun, amplió.
La primera coincidencia se relaciona con un pronunciamiento del presidente del ex Tribunal Constitucional (TC), Patricio Pazmiño, del 19 de septiembre de 2007. En esa fecha, el funcionario notificó al titular de la Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador (Ascabi), Aston Lowndes, que “el Tribunal ratifica que las resoluciones dictadas en las acciones de amparo no admiten modificación, alteración o cambio porque son de última y definitiva instancia”. Se refería al amparo constitucional que el TC confirmó a favor de Invermun.
Solórzano, empleado de Invermun hasta julio pasado, cree que esa coincidencia se debe a los USD 18 000 que supuestamente la firma de salas de juegos entregó a los vocales del TC y a funcionarios del Ministerio de Gobierno.
Ese desembolso se hizo el 7 de septiembre de 2007 en dos partes de USD 9 000, a nombre de Pedro Carrasco, “un abogado que trabaja para Invermun en Quito”. El pago está en una hoja de reportes de una supuesta cuenta de Produbanco de Félix Rosenberg, propietario de Invermun.
Otra de las coincidencias es el reclamo que hizo, el 28 de agosto de 2007, el director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Machala, Elmer Gallardo, a la Procuraduría.
Le negaron al IESS la adjudicación de un edificio de Filanbanco y se lo dieron a la compañía Nonde SA., de Invermun, para construir un casino.
Solórzano señaló que Invermun pagó USD 12 000 a Juan Borja, supuesto funcionario de la Procuraduría, siete días antes del pronunciamiento. Este organismo negó que sea empleado.
Una última coincidencia se reportó el 29 de octubre de 2007, cuando debían clausurarse 30 salas de juegos, pero no se lo hizo. Un día después, Félix Rosenberg envió una misiva a sus ejecutivos indicándoles “preparar una carta a la Gobernación del Guayas, pidiendo garantías, ante una posible intervención ilegal por parte de las autoridades”. Además, sugería que “a nuestro abogado JCC no hay que quemarlo”.
Solórzano explicó que las iniciales JCC corresponderían al entonces jefe político de Guayaquil y actual asambleísta de País, Juan Carlos Cassinelli, socio del estudio jurídico Cassinelli&Valero.
Pero las denuncias de Solórzano implican también al secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, y a sus hermanos Carlos y Fernando. Al primero supuestamente le entregó un sobre con USD 10 000 por orden de Víctor Lescano, gerente de Invermun.
También indicó que se elaboraron camisetas, gorras y material para la campaña electoral del actual Intendente del Guayas, Julio César Quiñónez; el alcalde de Yaguachi, Daniel Avecillas; de Pierina Correa y de Gastón Gagliardo.
Lescano rechazó las acusaciones de Solórzano. “Son mentiras. Con Pierina Correa, fuera de campaña, nosotros hemos tenido un grado de amistad y apoyo por la fundación de ella”.
La ex candidata reconoció que esa empresa donó dinero a su Fundación Abriendo Caminos y que participó en festejos de Invermun.
Según Solórzano, Invermun hizo pagos a los Alvarado por los servicios de sus empresas Axis y M2, que organizan eventos para la Gobernación del Guayas. Allí figura Luis Monge (actual jefe político), primo de Alvarado.
Invermun tiene más de 100 empresas, que están representadas por conserjes, técnicos, choferes y otros empleados de bajo rango. Una de ellas, Globexa S.A. funciona en la zona franca de Manta y consta como textilera, según la Superintendencia de Compañías, pero allí se ensamblan máquinas tragamonedas.
El fiscal general Washington Pesántez dijo que investigará el caso y que no le temblará la mano para sancionar a quien corresponda. Y citó para el próximo viernes a Solórzano para que declare. También deberán comparecer Alvarado y Alexis Mera.
Fuente: El Comercio