Invermun sorteó 10 años de litigios

Ecuador - Guayaquil - Invermun comenzó sus operaciones en el país en 1999. Desde entonces, el Ministerio de Turismo y Ascabi han intentado cerrar sus establecimientos, pero no han podido.
El negocio de los juegos de azar en el país tiene dos actores muy bien definidos: los legales y los considerados ilegales.
Los primeros están registrados y regulados por los ministerios de Turismo, de Gobierno y hasta por la Presidencia de la República. Los otros no, pero cuentan con permisos de uso de suelo de organismos seccionales del lugar donde están establecidos.
Los facultados para operar son 32 a escala nacional. Funcionan en hoteles de lujo y de primera. Están considerados como “un servicio complementario” de la actividad hotelera y turística del país. La mitad se agrupa en la Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador (Ascabi).
La diversión de sus asistentes se concentra en sus apuestas a las ruletas, pócker, black jack, dados y diversas máquinas.
Mientras que los otros son empresas como Invermun, Diverthesa, Tesupe, entre otras, que funcionan con salones de juegos. Sus establecimientos están situados en las avenidas y vías céntricas de las principales ciudades del país.
Su principal entretenimiento son las máquinas tragamonedas.
Solo Invermun, cuestionada por mantener una red de supuestos sobornos a funcionarios públicos, posee 84 salones de juegos en seis provincias, según el portal web del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Opera desde 1999, mismo año en que Ascabi y los otros negocios formales de juegos de azar plantearon reclamos a los organismos de control por el funcionamiento de estos locales. El gremio fue acusado de monopolizar el negocio de los juegos de azar.
Desde entonces, los ministerios de Turismo y de Gobierno y hasta la Fiscalía han intentado cerrar los establecimientos de Invermun y de las otras compañías sin regularizar, pero no han podido.
“Se iniciaban los operativos, juicios y estos negocios en vez de cerrar sus operaciones lo que hacían era multiplicarse y extenderse en todo el país...”, manifestó Jaime Roura, miembro de Ascabi.
Roura explicó ayer que tampoco han surtido efecto las intervenciones del desaparecido Congreso Nacional, ONG y el Ministerio de Educación.
Pues dijo que esos negocios se respaldan en tres amparos constitucionales a su favor. Uno de ellos del juez de Tosagua, José Luis Zevallos, quien fue acusado de haber recibido dinero de Invermun.
La ministra de Turismo, Verónica Sión, cuestionó esta práctica y la actitud de los operadores de justicia que han dado paso a esos reclamos jurídicos. Argumentó que esos negocios son ilícitos. No se ajustan a lo que establece la Ley de Turismo ni al reglamento expedido por el presidente de la República, Rafael Correa, en diciembre de 2008.
Allí se establece que estos negocios sean categorizados y que cuenten con normas y sistemas para transparentar sus operaciones y proteger a sus clientes.
“Invermun jamás ha solicitado ser registrada ni categorizada. Nuestra norma de turismo realmente no lo viabiliza porque no está ubicado en un hotel de lujo ni de primera...”, agregó Sión.
Este Diario buscó el pronunciamiento de los representantes de Invermun y de las otras compañías que no están reguladas, pero no fue posible. Sin embargo, en julio pasado, María Augusta Díaz, de Diverthesa, pidió ser tomados en cuenta por Turismo. “Nuestros negocios tienen el 70 % de las máquinas de juegos en el país ¿por qué no nos toman en cuenta?”, se preguntó en esa ocasión.
La empresa Tesupe tenía previsto construir un casino en el Malecón 2000. Pero fue impedida por la Armada y el Municipio de Guayaquil, por violar las ordenanzas.
El Cabildo aclaró el miércoles pasado que no tiene ninguna responsabilidad en la entrega de permisos para los salones de juego ilegales. “El Ministerio tiene la competencia privativa y exclusiva del Registro y funcionamiento”.
Fuente: El Comercio