Extorsiones de funcionarios de Etesa a empresarios

Colombia - Ofrecían tarifas para no sellar locales ilegales y prorrogar licencias sin requisitos. También tramitaban permisos de funcionamiento con información falsa y no denunciar a nadie.
El contenido de esas conversaciones entre un puñado de funcionarios de la Empresa Territorial para la Salud y decenas de operadores de juegos de suerte y azar fue calificado como repulsivo por los investigadores de policía judicial que las interceptaron.
"La orden es hacer operativos (de sellamiento). Como son varias máquinas las que tu tienes (400), vamos a llegar a un buen acuerdo: 25 mil pesos por máquina y te la estoy dejando barata. Cien por ciento de garantía (...) Las únicas personas que sellamos en Santander, Norte de Santander y Cesar somos Walter Caicedo y Alexánder Gómez Stevenson", se escucha en una de las cintas que EL TIEMPO obtuvo y que reza en el expediente a cargo de un equipo especial del DAS y de la Fiscalía.
El patrón de cobro se repite una y otra vez e involucra a varios departamentos en los que estos delegados vigilan la legalidad de casinos y locales de juego.
"En la mayoría de los casos, los implicados están apadrinados por congresistas -dice un investigador- y, ahora, con ocho ya tras las rejas, dicen que están dispuestos a declarar quién daba las órdenes y a qué campañas iría ese dinero".
Padrinos, 'paras' y Baloto
Un funcionario de alto nivel de Etesa ya entregó los nombres de congresistas -tres de ellos presos por parapolítica y dos más indagados dentro de ese mismo caso- que recomendaron a varios de los implicados.
En la lista hay parlamentarios de Sucre, Córdoba, Antioquia, Valle, Boyacá, Atlántico, Bolívar, Bogotá y Santander. El senador Javier Cáceres también ha sido mencionado en este contexto, pero ayer reiteró no tener cuotas en esa entidad y recordó que él ha denunciado la mayoría de casos de corrupción en Etesa y que apoyará al Gobierno en las decisiones que tome para sanear al sector.
Lo concreto es que cálculos oficiales estiman en 200 mil millones de pesos al año el monto que la salud está dejando de recibir por cuenta de estas actividades corruptas.
"Ya se sabía que el dinero recaudado por Etesa (207 mil millones al año) no era coherente con los estudios de mercado que señalan que los juegos pueden llegar a producir más de 400 mil millones anuales", dice un informe presentado al presidente Uribe hace una semana cuando, finalmente, se dio la orden de liquidar la empresa.
Siguiendo instrucciones del Presidente, esta misma semana se incluirá en el articulado de la Ley de Juegos de Azar -que hace trámite en las comisiones terceras-, el procedimiento para borrar a Etesa y trasladar algunas de sus funciones.
Los grandes interrogantes son si los 'padrinos' congresistas de Etesa se van a declarar impedidos para votar esa Ley, y si el articulado pasa o si se hunde, como ha ocurrido en tres ocasiones anteriores.
Además de las grabaciones, otro de los elementos que llevaron al Gobierno a tomar la decisión de liquidar Etesa, fue la versión de que un grupo de empresarios del chance de la costa, con antecedentes judiciales y nexos con 'paras', está interesado en quedarse con el negocio del Baloto, si se decide no prorrogárselo a los actuales concesionarios que reclaman ese derecho.
La alerta coincidió con un informe de policía judicial que señala que los dos funcionarios de Etesa muertos en Medellín (en enero del 2008), fueron asesinados por la'oficina de Envigado'. Los muertos eran de Cartagena y uno de ellos hijo de un político de Bolívar.
Les quedó grande
A este oscuro panorama se unió un diagnóstico que la propia Etesa le entregó al presidente Uribe hace 10 días.
Allí se asegura que las funciones asignadas a la entidad desbordaron sus capacidades, en particular, los procesos de control y vigilancia de los juegos localizados, como los bingos, las tragamonedas, los hipódromos y las galleras.
También señala la intervención de políticos y el hecho de que no se justifica tener 53 contratistas, 10 cargos directivos y 43 empleados públicos -la mayoría con perfiles inadecuados-, que le cuestan al erario 4 mil millones de pesos anuales.
Intralot Vs. Etesa: millonario pleito que preocupa al Gobierno
Seis meses después de haber agotado la etapa de conciliación, la Empresa Territorial para la Salud (Etesa) espera la decisión de un Tribunal de Arbitramento en el litigio por el contrato del juego Ganagol, cuya explotación le fue otorgada en el 2004 a la firma griega Intralot.
El asunto tiene preocupado al alto Gobierno, toda vez que podría convertirse en otro pleito millonario perdido por el Estado.
Intralot pretende que Etesa le pague 65.000 millones de pesos, argumentando un desequilibrio económico del contrato, y alegando que entre el 2006 y el 2007 la operación del juego le habría dejado pérdidas por US$ 25 millones. Si no prospera esa pretensión, Intralot espera que las condiciones del contrato sean cambiadas.
Etesa, por su parte, se niega a reconocer ese pago, dice que es la firma privada la que no ha cumplido con unos pagos mensuales a los que se comprometió, y agrega que aceptar cambios en el contrato implica perder ingresos para la salud por unos 50.000 millones de pesos.
Andrés Fernández de Soto, apoderado de Intralot en el Tribunal de Arbitramento, explicó que la suma que reclama la firma privada es resultado de un estudio que hicieron los asesores financieros de la compañía sobre el restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
Pero -sostuvo el abogado-, existen pretensiones adicionales que Intralot ha presentado a consideración del Tribunal para restablecer ese equilibrio.
"Pedimos que Etesa extienda el contrato de concesión por lo menos dos años y medio más y que anule la cláusula de mínimos garantizados, que obliga a Intralot a pagar una cuota mensual de entre 1.200 y 1.400 millones de pesos, cuando las ventas del Ganagol son de 300 o 400 millones al mes", aseguró Fernández de Soto.
Por su parte, Luis Fernando Villegas, abogado de Etesa en este pleito, afirma que para la empresa oficial el problema lo ha generado Intralot.
"Etesa asume que Intralot debe completar pagos que, a marzo de este año ascendían a 17.000 millones de pesos, un dinero que no ha podido ir al sector de la salud", aseguró.
Y agregó: "El argumento principal de Etesa es que no se dan las condiciones par reclamar un desequilibrio económico, que existe un contrato legal y que en ese contrato Intralot se comprometió a atender unos pagos a Etesa,que no ha realizado", dijo.
¿Quiénes asumirían las funciones de la entidad?
Ya hay un mensaje de urgencia para que el Congreso le dé prioridad al trámite de la llamada Ley de Juegos de Suerte y Azar a través de la cual el Gobierno planea liquidar a Etesa.
Ayer ya se discutió incluir en el articulado las normas pertinentes para trasladar parte de sus funciones a los entes territoriales e incrementar los recursos locales para la salud.
Y se espera que el próximo miércoles las comisiones terceras de Cámara y Senado acojan la propuesta estatal.
"La idea es descentralizar los juegos localizados -bingos, maquinitas, hipódromos y galleras- y que pasen al control de las gobernaciones y de las alcaldías", explicó el ministro de la Protección, Diego Palacio.
Y los llamados juegos novedosos, como el Baloto y el Superastro, permanecerán vigilados y en manos del Gobierno central que también quedará a cargo de los millonarios pleitos y procesos que heredará de Etesa, en caso de que el Congreso apoye la decisión presidencial de liquidarla.
Por ahora, la decisión de prorrogar o no el millonario contrato del Baloto -que le ha dejado a la salud más de 350 mil millones de pesos- quedó sujeto a un concepto del Consejo de Estado.
Fuente: El Tiempo