La CDAG debe ser investigada

Guatemala - Después de numerosas denuncias que no habían prosperado en el pasado, el Ministerio Público, con el auxilio de la Policía Nacional Civil, cerró varias salas de juego que funcionaban ilegalmente al amparo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, entidad que obviamente no puede ni debe tener relación alguna con los juegos de azar, como lo dictaminó en su momento la Corte de Constitucionalidad, sin que la decisión fuera acatada.
La Ley para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, vigente desde 1997, en su artículo 212 autoriza el establecimiento de loterías, quinielas o sistemas de vaticinios deportivos, y en el 213 establece que las concesiones que sobre el particular otorgue la Confederación deberán ser en licitación pública.
El reglamento de cómo la CDAG podía autorizar loterías, concursos o sistemas de vaticinios deportivos fue publicado en el 2003, pero tiene dos artículos claramente inconstitucionales. El primero indica que los juegos que autorice podrán estar o no relacionados con vaticinios deportivos, lo cual excede a todas luces el espíritu de la ley. En el segundo se abroga la facultad de delegar, basada en el artículo 3 de la Ley del Organismo Ejecutivo, a pesar de que la CDAG es entidad autónoma.
Con base en estos dos artículos ilegales, las autoridades que integraban la Confederación en el 2003 y en el 2007 otorgaron tres contratos por delegación para casas de juegos no relacionadas con los vaticinios deportivos, que incluyen juegos de azar tipificados como ilícitos en el Código Penal, con el agravante de que los últimos dos fueron suscritos después de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que anuló el artículo 3 respecto de que pueden autorizarse juegos no relacionados con vaticinios deportivos.
A pesar de que desde el momento mismo de la sentencia publicada el 12 de octubre del 2006 los contratos suscritos antes de esa fecha debieron declararse nulos de pleno derecho y no podían suscribirse más contratos al amparo de un reglamento ilegal, las casas de juego continuaron funcionando, ante la mirada cómplice de las autoridades de turno, provocando con ello defraudación tributaria, posible lavado de dinero y la comisión de un delito flagrante.
Cuando se analiza este caso es difícil comprender el grado de impunidad que llegó a rodear el funcionamiento de estos centros, que lejos de promover una cultura del deporte y de valores y principios éticos, que debe ser uno de los objetivos fundamentales de la Confederación, promovieron la violación a varias leyes y la comisión de delitos graves.
Ahora es importante que las autoridades realicen una profunda investigación de los hechos, para que deslinden las responsabilidades civiles y penales de todos los que participaron en estos hechos que manchan el deporte nacional, y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, porque resulta inconcebible su accionar, que de quedar sin castigo agregaría una razón más para que la ciudadanía desconfíe de todas las entidades gubernativas y de quienes las manejan.
Fuente: prensalibre