Juez Penal procesó a dueños de slots

Uruguay - Acusados. Eran propietarios de 15 máquinas que operaban en dos kioscos capitalinos.
Una sentencia del juez penal Sergio Torres consideró que son ilegales la explotación de maquinitas tragamonedas en bares, clubes y kioscos. Cuatro dueños de slots fueron procesados por "tenencia y facilitar juegos de azar prohibidos".
"Resulta claro que los juegos de azar que nos ocupan, en los que se utilizan y explotan máquinas tragamonedas, en la medida que su explotación o realización no ha sido excepcionalmente `autorizada` por la autoridad competente, se encuentran dentro de la categoría de juegos de azar prohibidos por la ley y, por ende, claramente la contravienen", señaló Torres en su dictamen.
Hasta ese momento, la mayoría de las denuncias de Casinos contra propietarios de slots se dirimían en los Juzgados de Faltas. Una gran parte de ellos dejaban prescribir la denuncia y luego los dueños de las máquinas presentaban un petitorio para que se les devolvieran los equipos incautados.
El lunes 13, el presidente Tabaré Vázquez envió al Parlamento un proyecto de ley para prohibir los slots en kioscos, bares y comercios. El gobierno estima que hay 15.000 maquinitas sin control que recaudan al menos US$ 36 millones al año. Afirma que son "irregulares" porque el monopolio del juego es estatal y considera que no puede controlar el acceso de menores a las mismas.
Por su parte el director de Casinos del Estado, Fernando Nopitsch explicó que las máquinas son viejas, que andan en el entorno del 85% de ganancia para el propietario. "Capaz que no devuelven nada" al apostador, indicó. Los slots de los casinos regulares tienen una rentabilidad de entre 6% y 8%, dijo.
SENTENCIA
El juez Torres debió expedirse tras una denuncia presentada en 2007 por la Dirección de Casinos al Juzgado de Faltas de 2do. Turno porque, en un kiosco ubicado sobre la calle Blandengues y en otro ubicado en el centro comercial de Parque Posadas, "se estarían explotando máquinas tragamonedas por particulares, al margen de lo que establece el ordenamiento jurídico vigente".
Según los denunciantes, en el primer local se empleaban un mínimo de siete máquinas de azar y en el segundo, un mínimo de ocho. Para preservar la prueba, la Justicia ordenó el relevamiento fotográfico de la Dirección Nacional de Policía Técnica, lo que se efectivizó.
Asistidos por sus abogados, los propietarios de ambos locales denunciados declararon que las ganancias que generaban los slots se dividían en partes iguales con los propietarios de los mismos y luego advirtieron que nunca fueron intimados por la Intendencia de Montevideo o el INAU a retirar las máquinas. En tanto que los propietarios de las arrendadoras de las maquinitas testificaron que pagaban impuestos al BPS y a la DGI.
La opinión de la Fiscalía es que estas maquinitas violaban bienes como "las finanzas públicas" y advirtió que en esta actividad existe "un principio de ilicitud con relación al juego de azar. Por lo cual, la conducta desarrollada por los indagados es antijurídica, adecuada a una figura legal y culpable".
Además el fiscal señaló que "no ha habido prescripción" de la falta como sostuvo la defensa, pues esta permanece mientras el dueño o arrendatario tenga los slots en el comercio y sean utilizados por los clientes.
PERMISO
El abogado defensor de los propietarios de las maquinitas, Gerardo Dibbern, señaló que "no existen normas que prohíban esta actividad" de juego; la pretensión de enjuiciamiento de la fiscalía "se basa en normas absolutamente derogadas en nuestro ordenamiento jurídico" y esta "omitió pruebas" aportadas por la defensa, entre otros argumentos.
La jueza de Faltas de 2do. Turno, Laura Rosiello accedió a la petición de la fiscalía y envió el expediente a la Justicia Penal.
Días más tarde, Torres examinó el planteo de la defensa acerca de la licitud de estos juegos de azar. Dibbern señaló que el propio Estado permitió la importación de las maquinitas; la actividad no viola ninguna norma y que ninguna ley determina que la Dirección de Casinos posea el monopolio del juego.
En tanto, la fiscalía mantuvo su posición sobre la ilicitud de estos juegos.
El juez Torres, en su dictamen, se refirió a la vigencia o no del artículo 1 de la Ley 1.595, el cual consagra "la genérica y absoluta prohibición en todo el país de los juegos de suerte o azar", con excepción de los autorizados por el Estado. Señaló que no ha cambiado el espíritu prohibitivo impuesto por dicha norma.
Por ello, decretó el procesamiento sin prisión de dos propietarios de maquinitas arrendadas, por tenencia de juegos de azar prohibidos y otros dos dueños por facilitar juegos de azar prohibidos.
Pérdida de trabajos
El director Nacional de los Casinos del Estado, Fernando Nopitsch relativizó las afirmaciones de propietarios de maquinitas tragamonedas acerca de que miles de personas perderían su empleo en caso de que una ley prohíba esta actividad.
"La venta de pasta base también genera ingresos para muchas personas. Lo mismo el contrabando. Sin embargo, esa no es una razón para permitir la venta de drogas ni el contrabando", advirtió Nopitsch tras señalar que esos slots carecen de autorización de Casinos.
La Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operado-res de Juegos Electrónicos (Aufoje), que reúne a 40 empresarios de ese rubro, sostiene que su negocio es legal, pero afirman que son partidarios de pagar un canon al Estado a cambio que éste dé certeza jurídica, reglamentando y controlando el negocio. "Reclamamos un registro de máquinas que se pueda fiscalizar", dijo el abogado de Aufoje, Gerardo Dibbern. "Nopitsch falta a la verdad. La Justicia ha sido casi unánime en cuanto a considerar que no se contraviene ninguna norma ni administrativa ni penal. El único procesado es el ex director de casinos, Juan Carlos Bengoa", recordó, a pesar de la sentencia del juez Sergio Torres.
Proyecto de la discordia
El lunes 13, el presidente de la República, Tabaré Vázquez envió al Parlamento un proyecto de ley para prohibir los slots "irregulares" que pululan en los barrios de Montevideo y en el interior del país.
La iniciativa intima a los propietarios de las máquinas de juego a retirarlas del mercado. Sin embargo, no les brinda indemnización alguna por liquidar ese negocio.
Decenas de empresas importan maquinitas de juego y las alquilan compartiendo las ganancias con los pequeños comerciantes.
El proyecto de ley plantea que aquellos empresarios que se opongan al retiro de las maquinitas serán denunciados ante la Justicia Penal.
Fuente: elpaísdigital